Las dos reformas que este gobierno ha prohijado no han sido afortunadas en sus resultados o en su estructura. Le sumaron complejidad a un régimen tributario que ya era una maraña impenetrable de normas e interpretaciones. Y el sector privado se quejó, con razón, de no haber tenido la oportunidad de contribuir, lo que dio lugar a la idea de la comisión de expertos como respuesta a ese reclamo.
Parece que la comisión de expertos que convocó el gobierno para que proponga una reforma estructural está trabajando juiciosamente en un cambio de régimen. Se han reunido todos los lunes y van avanzando en el tema. Esto es reconfortante, pero es a la vez inquietante, porque quién sabe qué están cocinando. Nunca ha sido claro tampoco para quién trabajan. Es posible que los comisionados se estén reuniendo con los gremios para recibir opiniones y consultar ideas. Pero no solo los gremios son los potenciales beneficiarios o damnificados de las nuevas propuestas. Lo que están gestando es un asunto que le compete a todo el mundo y sería bueno que se encuentren caminos para explicar cómo van avanzando. Uno de sus objetivos es simplificar y hacer más transparente el estatuto tributario. Un primer paso sería abrir la discusión.
Una forma de ayudarles es adivinar lo que están haciendo y que sobre esta base se debatan en público temas que seguramente están en su agenda, para que les sirva de orientación. Por ejemplo, sabemos que varios de los miembros de la comisión son amigos de gravar los dividendos de las sociedades anónimas porque creen que es la manera de aumentar los impuestos que pagan los más ricos. Esto puede ser cierto, pero no es una buena idea hacerlo por esa razón, sin tener en cuenta los efectos de esa medida, ni es la única manera de aumentar esa tributación.
Los gravámenes a las sociedades anónimas ya son muy altos y mayores que los de otros países de la región, exceptuando a México. Entonces, la aplicación de un impuesto a los dividendos haría necesario rebajar el tributo a las sociedades, y esto, en términos de recaudo, hace menos deseable la fórmula, que no solo afecta a los ricos, sino a los demás accionistas de las sociedades.
El impuesto a los dividendos eleva el costo de financiar a las empresas vía emisión de acciones y causaría una caída general de los precios de la bolsa, lo que sería un golpe al patrimonio de los accionistas, contrario al desarrollo del mercado. Probablemente, también cause un incremento del endeudamiento empresarial para compensar parcialmente el aumento del costo de patrimonio.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el gravamen a los dividendos no puede superar la tarifa del impuesto a la ganancia de capital, porque induciría a las compañías a reducir el pago de dividendos y a recomprar, en cambio, acciones de todos sus accionistas para compensarlos.
Con estas consideraciones en mente es posible concluir que la idea de gravar los dividendos puede estar motivada por razones de equidad, pero si se hace con cuidado, teniendo en cuenta las restricciones técnicas y del mercado de capitales, no va a ser muy efectiva. Y si se hace a la brava, puede crear una crisis en ese mercado y ahuyentar la inversión privada en sociedades. (Continúa).
Rudolf Hommes R.
Exministro de Hacienda
rhommesr@hotmail.com