Existe el peligro de que se dejen de llevar a cabo importantes proyectos de desarrollo económico en los sectores de agricultura y minería a causa del radicalismo ambientalista, y porque se percibe que posiciones de la guerrilla y de la izquierda contrarias a estos proyectos pueden afectar las negociaciones de paz.
Algunos de los inversionistas mineros van a posponer sus proyectos para cuando se recuperen los precios de las materias primas o a abandonarlos. Los nuevos proyectos de explotación de oro, por ejemplo, probablemente ya no se van a llevar a cabo (Financial Times, enero 15 del 2014). El país va quedando con los peores operadores legales y con una minería ilegal desordenada que el Gobierno no controla (ver el excelente análisis de Juan Benavides, ‘Urgencia de una política minera’, Portafolio, enero 15, 2014, en el que señala que el esquema actual de evaluación del impacto ambiental es inapropiado y se aportan recomendaciones).
Esto mismo puede suceder en el sector agropecuario. Hay tierra disponible para expandir significativamente la frontera agrícola y un gran potencial para aumentar la productividad, como lo ha hecho Brasil desde hace 30 años. Están dadas las condiciones para un gran desarrollo de la economía campesina en varias regiones del país y para crear un gran polo de desarrollo y producción de alimentos en la Altillanura al este de Puerto Gaitán.
Para hacer esto último realidad se necesita una carretera o un ferrocarril que al cabo de pocos años conecte a Puerto Gaitán con Puerto Carreño en el Orinoco (complementados por una red de vías locales e infraestructura de navegación del Meta); expedir una ley que facilite el acceso a la tierra de los campesinos y otros productores pequeños, y defina de forma práctica y con plena seguridad jurídica la manera como pueden adquirir o explotar tierra de origen baldío los empresarios que van a proporcionar el capital para el desarrollo de la región, que exige para comenzar inversiones por hectárea del orden de $3 millones para hacer cultivable la tierra; definir cómo y en qué condiciones de apoyo y supervisión del Estado los pequeños propietarios de la región pueden producir de forma independiente o en asociación con las grandes empresas; y un paquete tecnológico que permita el cultivo eficiente de maíz, soya y otros productos alimenticios.
La carretera o el ferrocarril no figuran en el plan de inversión del Gobierno sino hasta Primavera. Al parecer no hay recursos para proyectos que generan demanda. La ley y las instituciones que se crearían para hacer viable y justo el modelo están frenadas porque requieren un tratamiento equilibrado para empresarios y campesinos, y a las Farc solo les interesan las zonas de reserva campesina. Lo que sí funciona es la adaptación de tecnología desarrollada en Brasil para producir granos y otros cereales en la Altillanura colombiana, donde ya hay grandes extensiones produciendo alimentos de forma eficiente (como la Fazenda y Cargill). Pero si no se define la voluntad del Gobierno claramente, la región puede quedar en el limbo o en poder de operadores ilegales como está ocurriendo con el sector minero.
Rudolf Hommes R.
Exministro de Hacienda rhommesr@hotmail.com