Rudolf Hommes Rodríguez

Ideas contrarias al progreso y la inversión

Si se insiste en el radicalismo ambiental o duplicar los impuestos a los mineros grandes, con seguridad se van con su inversión a otra parte.

Rudolf Hommes Rodríguez
POR:
Rudolf Hommes Rodríguez
octubre 07 de 2012
2012-10-07 11:51 p.m.
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La revista Semana (edición 1587) destaca el perjuicio, para todos los involucrados, que puede causar el reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó unos artículos del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales permitían que grupos de pequeños propietarios adjudicatarios de tierra se asocien para conformar una sola entidad productora, cuya extensión supere la máxima permitida (UAF). Esto se había introducido en la ley con el fin de hacer posible la explotación de las grandes extensiones en la Altillanura de alianzas de pequeños y grandes productores, y quedó derogado, con probables implicaciones negativas sobre la actividad económica y el empleo en la región.

Este límite se estableció para impedir la excesiva concentración de la tierra, pero son debatibles tanto su propósito como su efectividad o utilidad. Dos congresistas demandaron estos artículos ante la Corte, aduciendo que estos propician “la concentración de la propiedad rural en un país con escasez de tierra, en desmedro de los trabajadores rurales (…), e implica un retroceso en el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad”.

Nada de lo que alegan es cierto: la tierra la reciben en todo caso los trabajadores rurales, y los artículos derogados permitían que se asociaran con industriales y otros grandes para hacer más eficiente el uso de la que reciben, hacer viable su explotación eficiente y reducir el riesgo inherente a la operación. Si con ellos se contribuye a acelerar el desarrollo de la Altillanura, va a aumentar en un 50% la tierra cultivable disponible en Colombia y el acceso a ella. Ideas basadas en argumentos sin sustancia y la ausencia de análisis, le han causado un grave daño al progreso de una región promisoria, y a quienes supuestamente se buscaba beneficiar.

La oposición irracional a la explotación minera puede culminar en algo peor. Si se insiste en el radicalismo ambiental o les duplican los impuestos a los mineros grandes, como algunos pretenden que se haga, con seguridad se van con su inversión a otra parte. Es mejor para el país tratar de retenerlos y obligarlos a que hagan más por las comunidades, la capacitación, el empleo local y el medio ambiente, que quedar sin minería o en manos de mineros piratas sin control.

Lo que le da valor a un puerto es la carga y la actividad económica que genera, y la gran parte de la carga potencial actual no es colombiana, sino de transbordo. Esto no lo manejan ni los ricos locales ni los políticos, sino operadores portuarios especializados de categoría mundial. La Sociedad Portuaria de Cartagena ha logrado ingresar a ese selecto grupo de operadores, gracias a buenas prácticas comerciales y administrativas, desarrolladas en los últimos 20 años.

En Buenaventura no se imitó este ejemplo, y no se cuenta con un operador de la calidad requerida para evitar que el puerto siga perdiendo importancia y se frustren, definitivamente, las posibilidades de desarrollo tanto del puerto como de la ciudad, porque el futuro de esta está íntimamente ligado con el del puerto. Si sigue como va, perderá la posibilidad de convertirse en un complemento de Panamá, y va derecho a culminar como soñoliento puerto de cabotaje de carga que proviene de allí y de Callao.

RUDOLF HOMMES R.

EXMINISTRO DE HACIENDA

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