Rudolf Hommes Rodríguez

Reforma rural integral

Rudolf Hommes Rodríguez
Opinión
POR:
Rudolf Hommes Rodríguez
septiembre 28 de 2014
2014-09-28 08:32 p.m.
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El texto del documento de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc sobre el sector rural colombiano parece haber sido redactado por el comité central del PC en los años sesenta, pero responde aproximadamente a muchas necesidades sentidas y al compromiso implícito de resarcir al sector rural y al campesino colombiano por siglos de abandono, violencia y exclusión.

Si se hace caso omiso de la frecuencia en la que aparece la palabra subsidios en el documento, también corresponde a una visión actual del potencial del campesino, el pequeño productor rural de producir competitivamente, en muchos casos, con mayor productividad que el latifundista, siempre y cuando tenga acceso, no solamente a suficiente tierra para generar un ingreso familiar adecuado, sino a medios complementarios de producción (crédito, capacitación, tecnología, asistencia técnica, comercialización). Esto refuerza las razones de justicia social a favor de una reforma agraria que no tendría solamente efectos redistributivos, sino que contribuye a la productividad.

Casi todo lo que se ha convenido en este acuerdo y más, se debería llevar a cabo, en cualquier caso, con o sin injerencia de las Farc. Pero no obstante sus bondades, el acuerdo se basa en supuestos que probablemente no se van a cumplir a menos que cambie radicalmente la manera de hacer política y se haga la transición de un sistema clientelista a una forma más moderna de democracia.

Para entender el punto basta imaginarse a Roy Barreras poniendo a sus fichas al frente de la reforma rural, o a los conservadores oficialistas conspirando para volver a asaltar la dirección de Estupefacientes.

Para contener la voracidad del clientelismo, las instituciones a cargo de la reforma rural integral tendrían que ser comunitarias, no gubernamentales, reguladas por el Estado. El manejo del fondo de tierras, la función de extensión agropecuaria y el apoyo administrativo y financiero a los campesinos y sus comunidades, y la intermediación entre ellos y el Estado tendrían que organizarse, a similitud de las cajas de compensación, con participación de los afiliados (los productores campesinos), del sector privado rural y representación de la sociedad civil, manteniendo a los políticos a raya.

El otro gran ausente del documento es el sector privado. ¿Quién más va a proveer los servicios de maquinaria, la transferencia de tecnología, las gigantescas inversiones y el conocimiento para dinamizar la agricultura colombiana y crear empleo rural?

No se explora la posibilidad de alianzas productivas entre campesinos y grandes capitalistas rurales para explotar y ampliar la frontera agrícola con supervisión y reglamentación del Estado. La única referencia que hace al sector privado rural es como objetivo para la expropiación de baldíos.

En un proceso en el que se aspira a perdonar toda suerte de delitos e infracciones, también cabe pensar en perdonar a los que han sido culpables de faltas de criterio y permitir que quienes han adquirido tierras de forma irregular en una región en donde lo que sobra es tierra (y faltan empresarios), pudieran conservarla a cambio de financiar la carretera o el ferrocarril hasta Puerto Carreño.

Rudolf Hommes R.
Exministro de Hacienda
rhommesr@hotmail.com


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