Sandra Forero Ramírez

La gran paradoja: políticas en contravía

Sandra Forero Ramírez
Opinión
POR:
Sandra Forero Ramírez
julio 16 de 2015
2015-07-16 03:23 a.m.
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Las buenas iniciativas de política pública, los esfuerzos fiscales y los avances logrados en los últimos años, en acceso a la vivienda social y la promoción de proyectos de construcción, no deberían ponerse en riesgo por la avalancha de reglamentos técnicos que adopta el Gobierno Nacional y que recaen sobre la actividad edificadora.

Es evidente que estas disposiciones tienen objetivos positivos indiscutibles, pero, la falta de coordinación interinstitucional de las entidades del Gobierno, hacen que se desdibujen y pongan en riesgo una actividad que es reconocida como pilar de desarrollo económico y social.

Una gran paradoja surge de este tipo de leyes. El Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel), impulsado por entidades del Gobierno, nació con el objetivo válido de promover la competencia entre los operadores de servicios de telecomunicaciones y favorecer la libre elección de los usuarios.

Sin embargo, resulta difícil entender que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que reiteradamente ha sido informada de los impactos económicos y sociales sobre la vivienda, de la incertidumbre frente a la disponibilidad de materiales exigidos, de la ausencia de profesionales que garanticen su implementación y del cruce ineficiente de responsabilidades entre operadores, constructores y copropiedades, haya decidido seguir avante con su expedición, sin tener en cuenta los aportes del Ministerio de Vivienda y sin incorporar los resultados de las mesas de trabajo con el sector privado.

Los efectos serán claros. A todas luces, es una norma técnica sobredimensionada e ineficiente, que no solo va en contravía de las tendencias tecnológicas de conectividad y servicios de telecomunicaciones, sino que no se acompasa con las necesidades de los hogares.

En términos de la política de vivienda del Gobierno, se requiere de un billón de pesos, que el país deberá asumir por sobrecosto en la construcción de la meta de 400.000 viviendas sociales. Desde el mercado, el reglamento inviabiliza los proyectos de vivienda y desestimula su promoción, teniendo en cuenta que el costo adicional por unidad habitacional oscilará entre 1,9 y 2,8 millones de pesos, sin incluir el costo de certificaciones en productos y redes, y el de los nuevos trámites con operadores de servicio, entre otros.

Más grave aún, la presión a la que se verán sometidas las copropiedades, que deberán responder por el mantenimiento de las redes y la prestación del servicio, aspecto que implicará un aumento en los gastos de administración, que impacta el presupuesto de los hogares. Lo anterior, sin garantizar el soporte, la calidad y la disponibilidad del servicio.

La expedición de reglamentación técnica debe ser un ejercicio consciente sobre los impactos y la efectividad, cauteloso con la inversión de los hogares y las empresas, y que sume esfuerzos en la acción público-privada y el desarrollo productivo. Por eso, el llamado a todos los actores públicos que intervienen en este tipo de reglamentos es a trabajar de forma articulada con las políticas que buscan promover el desarrollo social y económico del país.

Con el Ritel se pone en riesgo la ejecución de los proyectos constructivos que se requieren para atender la necesidad habitacional de la población, y una actividad que hoy soporta el empleo y la economía. Además, se convierte en un retroceso en la disponibilidad y calidad del servicio de telecomunicaciones. Esa es la gran paradoja.

Sandra Forero Ramírez

Presidenta ejecutiva de Camacol

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