Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas no dejaron la olla raspada. La dejaron rota y las cuentas desocupadas. Luego de dilapidar la mayor bonanza de la historia del país y de habernos dejado con una deuda pública triplicada, ahora se pasean en sus vacaciones, indiferentes por el deber incumplido, y felices de no tener que limpiar el reguero que dejaron. La peor gestión de las finanzas de la historia republicana –sí, peor que la de Samper, Ocampo, Urdinola y Perry– debe ser ahora reparada por el presidente Duque, el ministro Carrasquilla y la bancada de gobierno, con la muy hostil actitud de una oposición que no quiere que las cosas se enderecen.
Al moribundo paciente hay que darle un fuerte remedio de austeridad, dotarlo de mayores ingresos y evitar que le quiten el grado de inversión para que la abultadísima deuda heredada pueda ser servida y renovada sin mayores costos. Ello es muy improbable porque la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá subiendo las tasas de interés por tiempo indefinido.
El ministro Carrasquilla ya dio el primer diagnóstico: el presupuesto que radicó Cárdenas en víspera de su ida se encuentra desfinanciado en más de la décima parte, 26 billones deben ser recortados de la inversión y eso significa disminuir los únicos gastos que realmente producen algún efecto en el crecimiento económico futuro.
Ha anticipado, además, que buscará la ampliación del IVA a casi todo el universo de bienes y servicios. Los argumentos justifican ampliamente la propuesta: la tarifa cero para una buena parte de la canasta familiar no permite recaudar de los segmentos de mayores ingresos de la sociedad. Si esta propuesta iniciativa, ingresarían unos 20 billones de pesos anuales adicionales, netos de las devoluciones en efectivo anunciadas para los más pobres.
Ha informado que en esta próxima reforma se buscará disminuir las tarifas de renta a las empresas productivas y que lo compensará aumentando el recaudo de las personas más pudientes, con lo que, desafortunadamente, calificó como un ‘Sisbén’ para ricos. Ambas propuestas son certeras, pero deberían ir acompañadas de la efectiva penalización a la evasión, tema que trató de abordar la tal ‘reforma estructural’ del 2016, pero que no se cumplió porque el artículo que tipificaba el crimen permitía, mediante engañoso párrafo, que el proceso cesara para quien, viéndose descubierto, pagara la multa respectiva.
También debe incluir la reducción de muchísimos beneficios para los ingresos más altos: menores topes al factor prestacional deducible, techo más bajo para los aportes voluntarios a pensiones y eliminación de descuentos que hacen que personas como la exministra Clara López declararan ingresos por casi 964 millones de pesos en el 2014 y hubiera pagado la risible cifra de 16 millones de pesos en impuesto de renta.
Por el lado del gasto, es claro que debe haber recortes enormes en el sector presidencia, en el de Defensa –en el cual hay corrupción demostrada y robos multimillonarios– y en los exagerados gastos de la UNP para proteger a miles de ciudadanos que no lo necesitan, pero que quieren que nosotros sigamos sosteniendo sus extravagantes estilos de vida.
Qué bueno que las finanzas públicas hayan regresado a un técnico, luego de dos cuatrienios de desgreño.
Sergio Calderón Acevedo
Perito Financiero - Docente
sercalder@gmail.com