Sergio Calderón Acevedo La reforma tributaria es la reforma penal | Opinión | Portafolio
Sergio Calderón Acevedo
columnista

La reforma tributaria es la reforma penal

El próximo Congreso y el nuevo gobierno deben emprender una lucha frontal contra estas prácticas y desenmascarar a los defraudadores.

Sergio Calderón Acevedo
POR:
Sergio Calderón Acevedo
octubre 08 de 2017
2017-10-08 05:11 p.m.
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Hasta finales de la semana entrante, cientos de miles de colombianos estarán terminando de cumplir sus deberes con la Dian, y con la sociedad. Ya casi cierra el calendario tributario para las personas naturales, y muchísimas de ellas, como resultado de las más recientes ‘reformas’ tributarias, declararán por primera vez sus rentas, ingresos y patrimonio. Entre ellos, muchos de los más pudientes, estarán reportándole al fisco sus propiedades y cuentas en el exterior, sabiendo que cada vez es menor el campo para ocultar lo que han sacado del país.

Es posible que al final, un poco más de dos millones de contribuyentes hayan surtido el proceso y , además, contribuido a aportar lo que les corresponde para cubrir los gastos de funcionamiento de un Estado cada vez más paquidérmico, ineficiente y corrupto. Estos recursos también servirán la abultada deuda, tanto interna como externa, que el actual régimen supo triplicar en los pocos, pero eternos años que ha ocupado el poder. También servirán para llenar los potes de mermelada, que deben ser repartidos antes de que la inútil Ley de Garantías entre a operar por la época electoral que se avecina. Y muy pocos pesos, cada vez menos, se destinarán a la inversión y a la casi inexistente política de competitividad, que no pudo liderar el Ministerio de Comercio, porque lleva algo más de siete años en interinidad, sin titular apto para hacerlo.

Todo lo anterior ya lo conocemos, y nos produce rabia, pero también resignación, porque siempre ha sido así y lo seguirá siendo, a menos que el próximo presidente asuma como propósito propio enderezar las finanzas del Estado.

Pero lo que más rabia da es que nos enteramos de varios supuestos ‘empresarios’ que han ocultado sus ingresos y fortunas en el exterior, a través de actos delictivos como fraude procesal, lavado de activos y falsedad en documentos. No solo son crímenes tipificados en la ley, sino que son comportamientos socialmente censurables, pues cada factura falsa, cada contrato ficticio, cada asiento contable mentiroso, nos priva a todos de los servicios básicos que no podemos tener, a menos que nos sigan subiendo los impuestos o sigan, irresponsablemente como ahora, empeñando a las futuras generaciones con deudas que algún día serán impagables.

El próximo Congreso, ojalá con menos de los mismos con las mismas, y el nuevo gobierno, deben emprender una lucha frontal contra estas prácticas y desenmascarar a los defraudadores, confiscando sus fortunas ocultas, multando ingresos no declarados y tipificando, por fin, el delito de evasión. Es inconcebible que a los presos y prófugos de los Panama Papers no se les impute el delito de evasión, porque no existe, porque no tiene pena de prisión. Es claro que cuando se empiece a discutir la verdadera reforma tributaria estructural, los legisladores reformen primero el Código Penal.

Y, claro, ese Congreso y ese gobierno, deberán hacer cumplir el ilegítimo acuerdo con las Farc, recordándoles que se debe imponer que si son descubiertos activos y fortunas no declarados en la lista de los exprimidores y los traperos, como lo viene denunciando el Fiscal General, los representantes legales del grupo deberán acompañar en prisión a los otros empresarios que nos han defraudado en montos equivalentes a docenas de reformas tributarias.

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