Quiere el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, proponer al Congreso de los Diputados una reforma constitucional que levante el fuero que protege a más de 250 mil españoles y que los exime de responder ante la justicia ordinaria. La mayoría de esa gran masa son los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero ahí están también miles de altos funcionarios del Estado, políticos, la familia real y los mismísimos diputados.
Ya algunas comunidades autónomas lo han hecho a nivel regional, pero se pretende ahora que sea a lo largo y ancho del país y a nivel de Gobierno Central, cortes y legislaturas. De prosperar la propuesta, la reforma se implementaría en dos meses y no en dos eternas legislaturas, como en nuestro país, mientras que a la misma le meten micos, orangutanes y buenas dosis de endulzante burocrático. Pasar a la justicia ordinaria a los que confunden inmunidad con impunidad debió ser, desde el principio, la primera iniciativa anticorrupción.
Decirle a un político criollo que le espera un juzgado en Paloquemao y una hacinada, maloliente y peligrosa celda en La Modelo, sea tal vez la disuasión que necesitan muchos en nuestro Congreso, para evitar sus fechorías. No es bajando el sueldo de un congresista que bajamos la corrupción. Entonces, dirán ellos, “tendremos que robar más en el mismo tiempo” para compensar esa reducción.
Tampoco es limitando el número de reelecciones en sus curules. Hoy, algunas oficinas del Capitolio y edificios aledaños son ocupadas por hermanos o muy cercanos parientes de algunos pícaros que solo esperan salir de la suite en la cárcel para pensionarse con el botín, que en algún lado habrán guardado y que siguen engordando en cuerpo ajeno.
Tampoco sirve poner topes a los gastos de campaña ni prohibir el ingreso de dineros de extranjeros. Igual gobernarán y tendrán tiempo para dar y convidar. No importa, para eso compran fallos, dilatan procesos y se acompañan de abogados que logran impunidad a cambio de otros contratos, muy jugosos, en alguna entidad oficial.
Y eso de hacer públicas las declaraciones de renta, menos. En ellas no están los inmuebles ni las cuentas en el exterior, que van comprando y poniendo en cabeza de sociedades en paraísos fiscales, donde se vuelven indetectables.
No se trata de llegar a extremos como la República Popular China, donde los corruptos pueden llegar a ser sentenciados a muerte. En marzo de este año se reactivó la práctica, al ser condenado el Vicealcalde de Luliang, una ciudad del tamaño de Medellín, por habérsele comprobado que recibió 160 millones de dólares en coimas.
Pero sí deben ser impuestos castigos ejemplares. Y ello no se logra mientras los políticos tengan un fuero que les permite ser juzgados por vías de excepción. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus jueces, son elegidos por la misma Corte, de candidatos que propone el Consejo de la Judicatura. Y de los 13 magistrados de este, siete son elegidos por el Congreso, de ternas que envía el Presidente, según el Artículo 254 de la Constitución. Estos vasos comunicantes que vulneran la independencia de los poderes públicos son otros focos de corrupción que los derrotados en la consulta nunca formularon en el cuestionario populista.
Sergio Calderón Acevedo
Perito financiero - Docente
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