Un par de temas de infraestructura, pero independientes entre sí, han creado malestar en los últimos días en Antioquia.

El primero tiene que ver con la determinación tomada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en contra de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), mientras que el segundo está relacionado con el proyecto de Autopistas de la Montaña que ha sido objeto de diversos cuestionamientos. Debido a ello, es seguro que Juan Manuel Santos se refiera a ambos asuntos cuando visite la capital del departamento el viernes, pues la sensación de que existe una persecución contra la región es patente.

Mientras llega ese momento, es indudable que el caso más complejo es el de EPM, a la cual la Creg le hizo efectiva una garantía por valor de 13,8 millones de dólares debido a su incumplimiento con el cronograma de construcción del proyecto Porce IV.

El tema no es nuevo y data de finales del 2010 cuando la junta directiva de la empresa paisa decidió suspender las labores en la zona en la que se haría la hidroeléctrica, debido al aumento inesperado en las compensaciones que se le pagarían a la población afectada por las obras.

Y es que aunque el rubro se encontraba presupuestado, lo que no se había calculado era la llegada masiva de personas al área, una vez se tuvo la primera luz verde, con lo cual las indemnizaciones se habrían multiplicado por diez, ascendiendo a unos 600 millones de dólares.

Semejante monto hizo inviable la iniciativa, a pesar de sus bondades técnicas, pues sería el eslabón adicional de una cadena energética que le aporta al país una proporción importante de la electricidad que consume.

De tal manera, y a pesar de haber realizado inversiones por 60.000 millones de pesos que incluyeron la adquisición de unas 1.800 hectáreas, la administración de la entidad consideró que no estaban dadas las condiciones para seguir adelante con Porce IV.

La opinión prevaleciente fue que había motivos de fuerza mayor –incluyendo un deterioro en la seguridad, debido a la presencia de diversos grupos armados– que hacían inviable el proyecto, un argumento que es válido en ejecutorias del mismo corte.

No obstante, un par de meses después de haber sido notificada de la determinación, la Creg informó que no era competente para dictaminar sobre la pertinencia de la misma.

A pesar de ello, en mayo del 2011 abrió un proceso administrativo que en agosto desembocaría en la resolución descrita, la cual fue confirmada en un pronunciamiento de segunda instancia.

Quienes han analizado los considerandos y argumentos esgrimidos por la Comisión han encontrado fallas protuberantes, dentro de las cuales se destaca el que EPM nunca fue llamada para exponer los motivos que la llevaron a archivar Porce IV.

No obstante, ese alegato será presentado ante el Consejo de Estado, un órgano que no se destaca por su celeridad, pero que es el máximo tribunal en lo que hace a lo contencioso administrativo.

Independientemente de cuál sea el veredicto, lo ocurrido ha dejado muy mal sabor. Para comenzar, resulta increíble que no haya existido voluntad de diálogo ante un tema complejo que habría podido tener un manejo diferente por parte del Estado, cuando empezaron a sonar las primeras alarmas en el área.

Por otra parte, la actitud de la Creg abre interrogantes hacia el futuro, cuando se defina la siguiente etapa de la ruta de expansión energética del país. Cualquier inversionista público o privado se preguntará, con razón, si existen mecanismos para el manejo de circunstancias fortuitas, que son posibles, así no sean deseables.

Hasta la fecha, el modelo de gestión que había puesto en práctica Colombia en estas materias, era considerado ejemplar. Ojalá, por cuenta de actitudes equivocadas, no tenga lugar un retroceso que podría salir muy caro. Y no sólo en Antioquia.