Resulta fácil ‘deconstruir’ la caracterización frecuente, retomada por Human Rights Watch-HRW en su Informe del 2011 sobre Colombia, de que nos corresponde una participación mayoritaria en el homicidio global de sindicalistas. Este resultado se obtiene partiendo de las estadísticas de la sociedad civil para el caso de Colombia y validando las cifras oficiales de otros países (Brasil, Venezuela, Uzbekistán…), así sean éstas una mínima fracción de aquéllas, v.g. un 8 o 9% para el caso de Venezuela (2009). De tanta asimetría resulta una conclusión predeciblemente falsa.
El número de nuestros sindicalistas asesinados (2009: 47; 2010: 44; Agencia Laboral ENS) es inaceptablemente alto. Uno solo ya lo sería. La tasa correspondiente, al tiempo (5,5/100.000), es muy inferior a la del resto de la población. En el 2009 se acercaba a la sexta parte de la que padece el ‘colombiano promedio’: 32/100.000. Para muchos, “las estadísticas mienten” y ello seguramente es o era cierto para sindicalizados a riesgo como el trabajador bananero de Urabá, el maestro del Valle o el sindicalista de la USO en Santander. No lo es para los de la gran banca e industria.
Según ENS (2009), la tasa cae aceleradamente en 2001-2007 (de 194 a 39, o sea en 3/4), repunta en el 2008 a 49 y allí se estanca por encima de 40. ¿Inquieta el repunte? Sí. ¿Se revierte la tendencia, como lo sugiere HRW? Es muy temprano para decirlo, aún cuando se entiende que lo teman y crean quienes han vivido el infierno paramilitar y vean en las “bandas emergentes” una resurgencia anunciada del monstruoso ‘control social’ resultante. Este temor legítimo es compartido por el Gobierno, como lo atestiguan las medidas en curso contra las bandas. De allí a convertirlo en realidad hay un trecho, máxime tratándose de grupos hoy más mafiosos que contrainsurgentes.
Menos relación aún con el comercio preferencial guardan los “falsos positivos”, así éstos no hubieran bajado a 20 en el 2009 y 8 en enero-junio del 2010 (CINEP) ni carecieran, como hoy es el caso, de cualquier ‘plan’ atroz de los uniformados para lucirse o ganar prebendas. Las 282 ejecuciones extrajudiciales imputadas a las FF.MM. pakistaníes en la provincia de Swat en el 2009 (NYT, 3/11/2010) no impidieron a la UE solicitar hace poco un “waiver” a la OMC para otorgarle a Pakistán preferencias comerciales por una devastación invernal afín a la nuestra.
Obama hoy sabe que no hay plan de exterminio sistemático contra nuestros sindicalistas y tampoco se opone al TLC con Colombia. Prefiere, eso sí, no descontentar al estamento sindical ni a un sector demócrata contrario al mismo, y evitar que su campaña contra éste dificulte el tránsito del TLC con Corea, máxima prioridad comercial del momento. Si la dirigencia republicana de la Cámara incorpora por enmienda los TLC con Colombia y Panamá al correspondiente proyecto de ley, como lo sugería una columna anterior (“TLC: El ‘Antecedente ATPA’“, 7/02/2011), Obama queda a salvo de estos críticos y del desgaste político de su cabildeo.
No hay contradicción entre apoyar la observancia plena de los Derechos Humanos y Laborales y advertir que no hay bases éticas, fácticas o lógicas coherentes para bloquear el TLC con Colombia.