El Consejo de Ministros programado para hoy en San Andrés tiene dos propósitos centrales.

El primero tiene que ver con la nueva estrategia del Gobierno, de hacer presencia en las regiones con la asistencia del gabinete en pleno, un esfuerzo que empieza a darle resultados a una administración en la cual abundan los funcionarios que son percibidos como demasiado distantes.

El segundo contempla un objetivo mucho más práctico.

Este consiste en definir los proyectos que formarán parte de la agenda legislativa que se le presentará al Congreso, que empieza labores el 20 de julio.

Tras los roces que rodearon el descalabro del acto legislativo que pretendió reformar la Justicia, los observadores esperan una señal del Ejecutivo en el sentido de si quiere o no enviarles a las Cámaras una buena dosis de iniciativas.

La duda es válida, ante las fracturas que hay en el esquema de la Unidad Nacional. No solo las colectividades que la componen –liberales, conservadores, ‘la U’, Cambio Radical y los verdes– han tenido problemas para entenderse en temas fundamentales, sino que al interior de las bancadas hay tensiones, las cuales han crecido después de que el expresidente Álvaro Uribe dejara en claro su intención de apoyar un nuevo movimiento con miras a las elecciones del 2014, que podría quedarse con un buen número de curules.

A pesar de esas circunstancias, todo indica que, después de unos días de reflexión, la Casa de Nariño decidió mantener el ritmo que traía. De lo contrario, Juan Manuel Santos habría quedado como un mandatario en interinidad, cuando apenas se aproxima a la mitad de su mandato. Eso quiere decir que se viene una agenda rica en lo que hace al número de iniciativas.

Dicho mensaje debe ser interiorizado por un gabinete que en las últimas semanas ha perdido el compás.

Tal vez el hecho de que varios ministros hayan usado los días del receso legislativo para tomarse vacaciones explica los vacíos en el accionar de ciertas carteras, como la de Salud, cuya falta de reacción es inquietante, justo cuando se desmorona el régimen subsidiado.

Pero dichas licencias están a punto de acabarse.

Para comenzar, es seguro que el Congreso empezará a hacer, con mayor dedicación, la labor de control político que le asigna la Constitución, pues así podrá recuperar, en parte, su prestigio.

En tal sentido habrá más debates, en un ambiente menos amigable que en el pasado reciente, y funcionario que no esté al tanto de ello pasará un mal rato en el Capitolio.

De manera paralela, será necesario trabajar mucho más para sacar adelante una serie de proyectos importantes, pues ya no bastará un desayuno en Palacio para que la aplanadora gobiernista se mueva. Hecha esa advertencia, la administración debe tener mucho cuidado y evitar caer en la tentación de comprar apoyos parlamentarios con puestos, ya que la opinión está hasta el cogote de la politiquería.

Un error de cálculo en esa materia puede desatar fuerzas incontenibles como la de una Constituyente, que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina.

Por tal razón, lo que corresponde es hacer la tarea de remitir textos bien hechos para que el Senado y la Cámara trabajen.

La lista de propuestas es larga y va desde el presupuesto, hasta la reforma tributaria, pasando por la reforma a las CAR o los TLC con la Unión Europea y Corea del Sur.

También se puede hablar del acuerdo de alcance parcial con Venezuela, del de la Alianza del Pacífico y del Código Minero, fundamental para el avance de esta locomotora.

No obstante, tales iniciativas son apenas unas cuantas de lo que debería constituir un esfuerzo de reformas más amplio.

Como queda claro, hay mucho por hacer.

Ahora lo que viene es aprender de los errores del pasado reciente y volver a la carga. Si se hace bien el oficio, no solo la crisis institucional de hace unos días empezará a superarse, sino que Gobierno y Congreso ganarían un segundo aire. Y eso no estaría nada mal.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co