Marzo 6 de 2012 - 9:09 pm
El Gobierno Nacional anunció la apertura de un intenso debate técnico sobre la tributación de la locomotora minera a realizarse en las próximas sesiones ordinarias del Congreso. Inesperadamente, la Contraloría General de la República arrancó en punta con la publicación de los resultados de la auditoría practicada a la renta del sector minero procedente de las regalías, los impuestos nacionales de renta, IVA, patrimonio y cuatro por mil. El concepto “desfavorable” emitido por la Contraloría incluye un “llamado de atención al Estado” por las “falencias (…) en los procesos de fiscalización, vigilancia y control” y una convocatoria a “la reflexión respecto de la normatividad tributaria, contable y societaria, que beneficia a las empresas en perjuicio de los ingresos de la Nación”.
De la lectura de la auditoría de marras, sobresale el hallazgo sobre ‘partición’ o fraccionamiento de proyectos de la gran minería de carbón “entre empresas conformadas por las mismas personas, permitiendo que se pactara individualmente la regalía legal pese a que operan conjuntamente”.
La Contraloría revela que “el problema radica en que el Artículo 16 de la Ley 141 de 1996 (…) para regalías carboníferas tiene dos porcentajes a pagar (5 y 10 %), dependiendo del tope de explotación anual expresado en millones de toneladas (menor a 3 millones de toneladas o mayor a tres millones de toneladas, respectivamente), las cuales en el caso de los tres contratos (examinados) no se superan individualmente. Sin embargo, mirado el proyecto como un todo son excedidas ampliamente”. De comprobarse lo anterior, las empresas auditadas estarían evadiendo el pago de la mitad de las regalías de carbón aplicables legalmente.
La Contraloría alertó sobre la posibilidad de que grupos empresariales no declarados ante el Estado operen explotaciones mineras, lo cual, de verificarse, podría “generar desequilibrios económicos para los intereses estatales”. La Contraloría atizó la polémica respecto de los beneficios tributarios que favorecen al sector minero, meollo del anuncio gubernamental de actualización del cálculo de los ingresos que le quedan al fisco nacional, que en el argot técnico se conoce como government take.
El informe más reciente sobre este asunto –acuciosamente preparado hace un año por Julio Villareal de la Universidad de los Andes para la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio del ramo–, sostiene que los ingresos tributarios del Gobierno provenientes de la minería como proporción del PIB son de 0,61 % en Colombia, 1,7 % en Perú y 10 % en Chile.
Según el economista Guillermo Rudas Lleras, el impuesto real aplicado en Colombia a las utilidades petroleras durante el periodo 2002-2010 fue de 28 %, comparado con 8 % en carbón y 2,5 % en oro. La polémica está servida.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
CEO DE INVERDIES
andresespinosa@inver10.co
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