Existen obras valoradas en $5 billones que están varadas

Cuatro 'murallas' tienen varados a los principales vagones de la 'locomotora' de la infraestructura, en donde viajaban proyectos viales.

A pocos metros de la estación están parados el primer tramo de la Ruta del Sol, los túneles de Oriente (Antioquia) y de Gualanday (Tolima), la Concesión Córdoba-Sucre en la Costa Caribe y las dobles calzadas Loboguerrero-Buenaventura y Bogotá-Girardot.

Las cercas que están dificultando la planeación y el desarrollo de estas obras están formadas -según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI)- por predios que no se han podido comprar o expropiar, redes de servicios públicos sin reubicar, la aparición incesante de comunidades en zonas por las que pasarán las carreteras y el lento proceso para el otorgamiento de permisos ambientales.

Esa última tarea la heredó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad creada a comienzos de año. La promesa que les hizo a los constructores es acelerar la expedición de licencias y otorgarlas -si tienen completos los estudios ambientales- en 20 semanas.

"El tema no es si una licencia se otorga o no. Necesitamos proyectos que les brinden beneficios tangibles a las comunidades, pero con sostenibilidad ambiental", le dijo a EL TIEMPO, el ministro del ramo, Frank Pearl. Agrega que si bien la tarea de la entidad es guiar y fijar límites 'verdes' a las obras, "los proyectos se pueden mejorar en el camino; no hay ningún proyecto cuya estructuración sea perfecta", dice Pearl, al referirse al Túnel de Oriente que licenció Cornare en el 2002, pero que hoy está en el congelador.

Para la Anla, con la construcción del túnel, "el riesgo de que se pierda agua es muy alto". El presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI), Álvaro Villegas, descarta que eso suceda. "En el caso de que se perforara el túnel sin ningún tipo de revestimiento, se infiltrarían menos de 200 litros por segundo", asegura. La suerte del túnel paisa, según Minambiente, dependerá de la velocidad con la que el concesionario complete los estudios.

Otro túnel que tampoco ha visto la luz es el de Gualanday. "Solamente están sin licenciar 1,8 km que corresponde a la variante. Esta solicitud se radicó en mayo del 2011", afirmó Ezequiel Romero, gerente de la Concesión San Rafael, a cargo de las obras en la vía Ibagué-Girardot, parte del corredor vial Bogotá-Buenaventura.

La obra más valiosa que está varada son los primeros 21 kilómetros de la Ruta del Sol, que reducirá a la mitad el viaje de Bogotá a la Costa. El tramo con medida preventiva va de El Cune hasta San Miguel en Guaduas (Cundinamarca). La alternativa que baraja la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Helios es modificar el trazado y, así, evitar la afectación de la reserva forestal protectora del río San Francisco y La Esmeralda. Ese cambio podría demorar la construcción un año y elevar el costo en 500 mil millones de pesos.

Pero el tema ambiental no es el único tropiezo. Las carreteras también deben sortear la aparición (misteriosa, a juicio de la CCI) de comunidades, como ocurre en la doble calzada Buga-Buenaventura.

Según documentos conocidos por EL TIEMPO, cuando arrancó el proyecto, el Ministerio del Interior tenía certificadas tres comunidades afrodescendientes e indígenas. Hoy hay más de siete. Otra concesión que debe solucionar el mismo inconveniente es Córdoba-Sucre, en la Variante Oriental de Sincelejo. La comunidad apareció tres años después de la consulta previa.

En cuanto a los líos para reubicar redes de servicios, el más famoso lo protagonizan la Aerocivil e ISA, que llevan una larga negociación para retirar unas torres de energía y ampliar el aeropuerto de Ipiales, en Nariño.

En materia predial, el caso más insólito está en la vía Bogotá-Girardot, una cerca de un hotel en Chinauta interrumpe la doble calzada. Esta carretera a mediano plazo debe tumbar un 'muro' más fuerte. Un título minero que el Ingeominas otorgó dentro de la carretera, en el alto de Canecas. Otro percance que está advertido es el desplome del primer tramo de la doble calzada Loboguerrero-Buenaventura. Hay un cráter, a 27 kilómetros de Zaragoza, que desataron 50 socavones, zanjados por pobladores debajo de la vía, para sacarle oro al río Dagua.

Solución estaría en fijar límites y reglamentar ley

La viceministra de Infraestructura, María Constanza García, le dijo a EL TIEMPO que para solucionar los líos prediales se está reglamentando el artículo del Plan Nacional de Desarrollo para buscar mecanismos alternativos a la expropiación administrativa. "En tema de redes, se ha venido trabajando con Andesco y con las empresas de servicios públicos para buscar una solución y definir quién paga por esa reubicación", dice. Y en materia de consultas previas, se hará una ley que defina bien cuándo procede realizarlas.