Desde que Colombia reemplazó la agenda de la guerra por la paz, los titulares de prensa, que ya no tenían nuevos insumos para registrar (atentados, secuestros y masacres), comenzaron a enfocarse en la corrupción, un fenómeno silencioso que no tiene excepción en América Latina. Los casos de Reficar, Odebrecht, los Juegos Nacionales en el Tolima, el cartel de la hemofilia, la crisis en La Guajira, y muchos otros más, han afectado profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
No hay que hacer una encuesta para concluir que existe un ambiente de grave escepticismo entre los colombianos que, día a día, ven cómo sus gobernantes se encuentran envueltos en escándalos de corrupción, o en delicadas confesiones de terceros. Y aunque es muy positivo para el país que la lucha contra este flagelo intensifique esfuerzos colectivos desde la misma ciudadanía, también es cierto que, en la medida en que se conocen nuevas denuncias, se incrementa la desazón de los ciudadanos con sus instituciones.
Hay que revisar las cifras. Un estudio de la Universidad de los Andes, aplicado a 1.563 consultados y dado a conocer recientemente, concluye que el 60 por ciento de las personas considera que la corrupción se encuentra muy generalizada. En pocas palabras, se percibe –desde la opinión pública– una crisis en el país por cuenta de los escándalos, que abarca a toda la estructura del sector público en sus diferentes niveles, sin excepciones. Hoy, como nunca había sucedido en la historia, la imagen de popularidad del Congreso de la República es tan baja como la de las Farc.
Por eso es tan preocupante la relación entre corrupción y democracia. Para no ir tan lejos, según el estudio, entre quienes creen que todos los funcionarios son corruptos, apenas 46 por ciento apoya la democracia como modelo de participación, mientras aquellos que consideran que los funcionarios no roban, alrededor de 54 por ciento lo hace. Los que están en la mitad, o sea quienes creen que la mayoría de los funcionarios son corruptos (pero no todos), 70 por ciento de los encuestados opta por la democracia.
En pocas palabras, la corrupción está incidiendo directamente sobre la animadversión de los ciudadanos con los políticos y, por supuesto, creando una animadversión en relación con la participación de la población en las contiendas electorales. No nos extrañemos, en vísperas de las presidenciales, que el próximo año menos personas salgan a votar. Y es entendible que un ciudadano prefiera no hacerlo porque no encuentra esperanza entre los candidatos que adornan el tarjetón.
Ese es otro gran desafío en esta nueva etapa que comienza en Colombia. La recuperación de la confianza del ciudadano. Esa purga que como Estado nos estamos dando, al ser más intolerantes con la corrupción antes que llenarnos de escepticismo, debe invitarnos a salir a votar, participar, opinar, reflexionar sobre la actual coyuntura, y a no ser cómplice de cualquier incursión de la ilegalidad.
Un país que es capaz de mirarse al ombligo para reconocer que sus problemas están en el peor nivel de la historia, tiene esperanza.
Juan Manuel Ramírez Montero
CEO de de Innobrand
J@egonomista.com
Recuperar la confianza
Un país que es capaz de mirarse al ombligo para reconocer que sus problemas están en el peor nivel de la historia, tiene esperanza.
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