Hasta hace poco parecía que la próxima campaña presidencial iba a estar marcada por el acuerdo de paz con las Farc. Como si fuera una réplica del plebsicito, en el 2018 los electores íbamos a estar frente a dos opciones radicalmente opuestas: en una esquina alguien que defendiera el legado de Juan Manuel Santos, y en la otra, un candidato que prometiera corregir lo que, a su juicio, quedó mal negociado. Y entre esos dos extremos, como actores de reparto, algún candidato independiente y otro de la izquierda.
Así pintaban las cosas, hasta que la corrupción pateó el tablero. Durante años, la constructora brasileña, Odebrecht, se especializó en utilizar sus millonarios recursos para promover candidatos en toda América Latina, con miras a derivar beneficios de la contratación de obras públicas. Ahora, la misma firma se está encargando de enterrar varias candidaturas. Y es que si bien los procesos judiciales y administrativos apenas empiezan, y tardarán mucho en revelar hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción, lo que se va sabiendo deja algunas campañas heridas de muerte.
En diciembre conocimos la confesión de funcionarios de Odebrecht, ante la justicia de Estados Unidos, de que habrían entregado sobornos por alrededor de 11 millones de dólares en Colombia entre el 2009 y el 2014. Las derivaciones judiciales de esos testimonios han terminado empantanando a los que parecían ser seguros contrincantes en las próximas elecciones.
El Centro Democrático está enredado tratando de explicar los más de 6 millones de dólares que, según esa confesión, habrían recibido funcionarios de la segunda admnistración Uribe, mientras se esperan las implicaciones que tendrán las revelaciones de Gabriel García, viceministro de Transporte y director del Inco por ese entonces.
Además, la potencial candidatura de Óscar Iván Zuluaga parece haber quedado sepultada por las revelaciones de que Odebrecht habría pagado sumas millonarias al publicista Duda Mendoça para que asesorara su campaña, violando las normas electorales. Como si eso fuera poco, ahora los focos están puestos sobre el millón de dólares que, según señaló del excongresista Otto Bula en su negociación con la justicia, habrían entrado a la campaña Santos Presidente, del 2014.
Falta mucho para que se sepa exactamente qué fue lo que pasó, si es que se llega a saber algún día. El Consejo Nacional Electoral, con sus escasos recursos técnicos y sus veleidades políticas, debería determinar si hubo ingreso irregular de recursos a las campañas de Santos y Zuluaga el en 2014. Mientras tanto, la Fiscalía debería superar su actitud dubitativa y seguir jalando las pitas que han dejado las declaraciones de García y Bula, en busca de los responsables de potenciales delitos que habrían rodeado esos hechos, como concierto para delinquir y falsedad en documento público.
Mientras los procesos avanzan en esos dos caminos, que probablemente sean largos y culebreros, la mayoría de los colombianos vemos que el panorama electoral cambia a pasos acelerados, aumentando sustancialmente las posibilidades de candidatos independientes que, hasta hace poco, parecían ser solo parte del paisaje.
Mauricio Reina
Investigador Asociado de Fedesarrollo
