En este país de instituciones simbólicas, politizadas y corruptas, es de resaltar y aplaudir el rol que viene realizando la Superintendencia de Industria y Comercio contra las manipulaciones de los mercados. En Colombia, donde el consumidor es maltratado, sus derechos son desconocidos y debe soportar todo tipo de cláusulas leoninas, resulta refrescante ver investigaciones que culminan con sanciones ejemplares.
El caso del cartel de los pañales es, en ese sentido, histórico. Tecnoquímicas - Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers Andian, dueños de las marcas Winny Ultratrim, Pequeñín, Huggies y Baby Sec fueron vinculados a la investigación que determinó que violaron el “régimen de libre competencia con su participación en acuerdos empresariales con el fin de aumentar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en Colombia desde el año 2000 y hasta el año 2013, fijar la calidad de los mismos y forma de comercialización”. Se estima que durante el periodo, las ventas de esas empresas alcanzaron los 7,7 billones de pesos.
Las sanciones monetarias son importantes, pero insuficientes. Los correos que reposan en la investigación confirman que los más elevados niveles de la organización participaban en las irregularidades. ¿Las cabezas de las multinacionales y los accionistas de las nacionales no estaban al corriente de lo que sucedía? Lástima que el ámbito de investigación de la SIC sea limitado, pues estamos seguros de que las demás entidades del Estado que deberían tomar severas medidas, no lo harán.
Se estima que dos millones de bebés requieren cada año el uso de pañales. Quienes hemos sido padres sabemos lo que significa este gasto. Las familias de bajos ingresos los compran por unidades e incluso adquieren los que son defectuosos, cuyo precio es más económico. Las familias colombianas destinan medio billón de pesos a este rubro de consumo. Hay que tener mucha sangre fría y codicia para cobrar más caro y engordar las utilidades con un producto de esta naturaleza. Es como los que se lucran dándole comida de baja calidad a los niños en las escuelas, o los que le roban a las familias su dinero vendiéndoles cuadernos caros, como si no supieran lo duro que resulta para muchos asumir el costo de las listas de útiles escolares.
El capitalismo sin ética es el peor de los sistemas económicos. Quienes creemos en la libertad de empresa, tenemos que ser coherentes y condenar a quienes abusan de ella para generar utilidades sucias. Queda claro que es más importante defender la libertad de los mercados que la libertad de las empresas. Lástima que las sanciones no sean sino multas, pues no tendrán el poder disuasivo que deberían tener frente a este enriquecimiento ilícito a costa de los bolsillos de tantos colombianos.
Desde esta columna criticamos a tantos funcionarios sin carácter, venales, duros con los débiles y complacientes con los poderosos. Sea la oportunidad de aplaudir la labor de superintendente Pablo Felipe Robledo, del superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, y de todo su equipo, por haber recordado que solo en un entorno de competencia, la libertad económica tiene sentido, pues se obtiene el mayor beneficio para el consumidor.
Otros sectores de la economía necesitan intervenciones drásticas. Los consumidores esperamos que la SIC siga actuando.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com
Mauricio Reina
Investigador asociado de Fedesarrollo
