Desde 1994, año en que nació la telefonía celular en Colombia, hemos conocido cuatro generaciones de redes de telecomunicaciones móviles, cada una de ellas generando mayor cobertura, nuevos servicios para los usuarios y por supuesto una mayor inclusión de la tecnología en la vida cotidiana de la gran mayoría de los colombianos, independiente de su nivel de educación o ingresos. Es innegable que hoy en día estamos mejor informados y conectados por los grandes esfuerzos que han hecho nuestras telcos, siendo este el sector que más se invierte en el país, después de la caída de las inversiones del sector minero energético.
Pero el sector móvil tiene que recuperar su senda de crecimiento ya que los ingresos de los operadores móviles llevan siete trimestres consecutivos decreciendo a una tasa promedio del 2%. Es claro que el país no puede permitirse sacrificar la posición de vanguardia que ha logrado en la región en el campo de las telecomunicaciones, ni perder el buen ritmo que traía en un mundo cada vez más cambiante y dinámico como es el de la economía digital.
Según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, se requerirán aproximadamente 100 billones de pesos durante los próximos 10 años para mantener al país en un nivel competitivo en la región, poder crecer tanto en capacidad como cobertura para brindar un mejor nivel de servicio para los usuarios, y estar al día con la última tecnología en el mercado. Durante el 2016, el mismo DNP determinó que en cualquier momento dado hasta seis diferentes entidades del Estado Colombiano podrían tener facultades para exigir, regular y/o multar a los operadores de telecomunicaciones en Colombia; esta es una clara ineficiencia estructural institucional que genera incertidumbre y por qué no, una inseguridad jurídica ya que dicha confusión institucional limita las tan necesarias inversiones del sector.
Enhorabuena al Presidente Santos, que identificó la necesidad de reformar las instituciones del sector, tal y como lo anunció hace casi dos meses en el marco de Andicom en Cartagena, comprometiéndose con crear un nuevo regulador moderno, convergente e independiente (así como un solo fondo convergente) para corregir las inconsistencias regulatorias y eliminar las ventanillas que restringen el buen funcionamiento del mercado. Esto es totalmente consistente con una de las filosofías de la misma OECD que asegura que para que los mercados funcionen en competencia, se requiere de un marco regulatorio que la promueva.
Los operadores móviles han puesto de su parte manteniéndose comprometidos con el país a través de los años, a pesar de los diversos retos que han afrontado para llevar su señal a lo largo y ancho de nuestra difícil topografía. Como si fuera poco, también han tenido que enfrentar grandes retos regulatorios y de política pública en general, ya que todavía existen barreras para obtener licencias y permisos para desplegar nueva infraestructura necesaria para mejorar la calidad del servicio, así como unas falencias estructurales importantes en el sector energético que continuamente significan sobrecostos importantes en la operación de las redes. Ahora estamos en manos del Ministro Luna, quien ha presentado un proyecto de ley para que sea debatido y, ojalá aprobado en esta misma legislatura, acercándonos a un marco institucional eficiente y moderno, que cambie la actual tendencia y promueva la inversión de los operadores para poder seguir creciendo sus redes y generando valor para toda la sociedad.
Alberto Samuel Yohai
Presidente CCIT
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