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De la reforma que no fue, a las necesidades que hay que cubrir

ANIF está comprometida con ofrecer una nueva propuesta en pro de la reactivación económica del país.

MAURICIO SANTAMARÍA, PRESIDENTE DE ANIF. FOTO: ANIF

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mayo 28 de 2021 - 06:42 p. m.
2021-05-28

No hay duda de que el tema que acaparó todas las discusiones en los últimos meses es el de la reforma fiscal. Ante el escenario en el que se encuentra el país, con un déficit que rodea el 9 por ciento del PIB (deuda de 65 por ciento), con unas cifras de pobreza alarmantes (42.5 por ciento de la población) y de una economía que lucha por reactivarse, después de la profunda crisis fruto de la pandemia, la reforma era y es absolutamente necesaria.

Por eso, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) recibimos con sor-presa y tristeza la noticia del retiro del Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible (PLSS) que se dio el pasado 3 de mayo. El PLSS daba pasos importantes en la solución de problemas estructurales con los que carga el sistema tributario. También, sentaba las bases para generar los recursos necesarios que pudieran mitigar los efectos negativos de la pandemia en el empleo, la pobreza y la desigualdad, así como en procurar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.

Solo por poner un par de ejemplos, contemplaba la ampliación de la base de contribuyentes de renta, proponía un esquema para gravar las mesadas pensionales superiores a los $7 millones de pesos, y así empezar a corregir la mala focalización de los subsidios pensionales del Régimen de Prima Media y, además, contenía un importante factor de redistribución basado en la permanencia de programas sociales creados durante la pandemia. Se merecía, al menos, una discusión seria y pausada en el Congreso.

La discusión no tuvo ni siquiera oportunidad de darse y así fue fácil para los políticos de todas las vertientes convencer a la ciudadanía de que esta reforma iba en contra de su bienestar. No podemos dejar de señalar que es extraño que los que se decían defensores de las personas más vulnerables fueron, justamente, los primeros y más vocales opositores de la reforma que pre-tendía, precisamente, instaurar programas de alivio contra la pobreza.

La situación económica, social y fiscal del país requería una reforma a la altura de las circunstancias, y las consecuencias de no haberla tramitado las tendremos que asumir más pronto que tarde.

Pero hay que pasar página y, por eso, en ANIF nos dimos a la tarea de construir nuevas pro-puestas para una reforma más modesta que, por ahora, logre el recaudo adicional suficiente para manejar el estado de las finanzas públicas en el corto plazo. En ese orden de ideas, tomamos varios elementos de la primera propuesta, estructural y de largo alcance, que consideramos válidos y planteamos nuevas recomendaciones, sobre todo con relación a los impuestos de renta e IVA. Con este nuevo esquema de reforma, planteamos un recaudo estimado de cerca de $13.8 billones de pesos, es decir cerca de 1.4% del PIB.

Impuesto de renta

La nueva propuesta que se plantea desde ANIF para el impuesto de renta mantiene tanto el umbral bajo, el cual las personas empiezan a declarar y pagar, así como la estructura marginal con la que cuenta en la actualidad. En otras palabras, no se amplía la base de personas sujetas al pago.

Se propone, en cambio, la aplicación de una sobretasa sobre el impuesto a cargo y un límite más estricto para la renta exenta. Sobre el primer punto, se recomienda establecer una sobretasa del 15 por ciento sobre el valor a cargo que debe pagar cada persona. Sobre el segundo as-pecto, proponemos limitar el valor de la renta exenta de las personas de más altos ingresos.

En particular, limitar las deducciones al 25 por ciento para los declarantes de ingresos anuales iguales o superiores a $100 millones (cerca de $8.3 millones al mes). Esa modificación significa-ría un recaudo adicional de más de $6.5 billones anuales (cifra que se aproxima a 0.6 por ciento del PIB).

Bajo esta propuesta, más del 94 por ciento del recaudo por concepto del impuesto de renta de personas naturales vendría de las personas que pertenecen a los hogares de más altos ingresos. Es importante aclarar que la sobretasa sólo puede ser temporal y en ninguna circunstancia pue-de tener una vigencia mayor a un año. (Gráfico 1)

Gráfico 1

Gráfico 1

Pensiones

Cómo hemos mencionado en varias ocasiones, los subsidios a las pensiones se concentran en los deciles más altos de la distribución del ingreso, eso lo hace altamente regresivo y uno de los mayores causantes de inequidad en el país. Por lo tanto, gravar a las pensiones altas constituye un primer paso hacia una reforma pensional que permita tener un sistema coherente de protección a la vejez. A la vez, permite hacer una redirección del subsidio pensional para financiar pro-gramas sociales.

En ese sentido, la propuesta que realizamos desde ANIF es la implementación de una tarifa plana de 10 por ciento a las pensiones con una mesada mayor a $6 millones, es decir al 10 por ciento de los pensionados de más altos ingresos. De esta forma se generaría un nuevo recaudo de $428 mil millones de pesos (0.04 por ciento del PIB), provenientes del pago del impuesto de alrededor de 43 mil personas.

Dividendos

La estructura del impuesto a los dividendos hace ineficiente su pago. En ese sentido, la propuesta de ANIF se enfoca en la simplificación de la estructura del pago impuesto para personas naturales o jurídicas con residencia fiscal en Colombia.

Partiendo de eso, la propuesta aborda tres puntos fundamentales. Primero, la tarifa marginal vigente se incrementaría en 2.5pp para los dividendos, en el caso en que el accionista sea una persona natural.

Segundo, en el caso de que los ingresos por dividendos, de una persona natural, superen el 75 por ciento del total de los ingresos, proponemos aplicar la estructura de tasas marginales de impuesto de renta de personas naturales, que se presentó unas líneas antes en otro apartado.

Por último, el tercer punto, está orientado a las personas jurídicas y contempla mantener el impuesto que se paga por concepto de dividendos cuando el accionista es una persona jurídica (tarifa de 7.5 por ciento), a título de retención en la fuente sobre la renta. Este aplicaría única-mente para la sociedad que reciba los dividendos por primera vez. En este caso, la nueva estructura del impuesto tendría el potencial de generar cerca de $500 mil millones (0.05 por ciento del PIB) de recaudo adicional año a año.

Patrimonio

Hoy, la estructura del impuesto al patrimonio es poco efectiva, se cobra una tarifa plana de 1 por ciento para los patrimonios superiores a $5.000 millones de patrimonio líquido, lo que crea incentivos para evadir o eludir el pago.

Dado lo anterior, nuestra propuesta plantea una estructura de gradientes que imponga tarifas marginales para los distintos tramos, a partir de un umbral de patrimonios líquidos superiores a los $1.500 millones. En ese esquema los patrimonios entre $1.500 y $2.000 millones se graba-rían con una tarifa marginal de 0.75 por ciento. Seguido por unas tarifas de 1 por ciento para patrimonios de $2.000 a $2.500 millones y de 1.25 por ciento para el tramo de los $2.500 a los $4.000 millones. Finalmente, se propone una tarifa de 1.5 por ciento para los patrimonios líquidos que excedan los $4.000 millones.

Bajo el sistema que proponemos, se ampliaría la base de contribuyentes de unos 7 mil a cerca de 30 mil individuos. De esa forma, el recaudo adicional por este concepto sería cercano a los $343 mil millones (0.03 por ciento del PIB).

Es importante aclarar que la propuesta sobre el nuevo impuesto marginal al patrimonio sería de carácter temporal, con una vigencia inicial de cuatro años. Tiempo en el que se deberá sufragar gran parte de la deuda adquirida por los costos asociados a la pandemia por el SARS-CoV-2.

Personas jurídicas

Nuestra propuesta toca tres puntos fundamentales. En primer lugar, se propone retrasar la disminución en la tarifa del impuesto de renta corporativa, dejándola en 32 por ciento durante el 2021 y el 2022. Lo anterior significa un recaudo adicional de cerca de $1.5 billones (aproximadamente 0.14 por ciento del PIB) frente a lo hoy estipulado en el estatuto tributario.

Como segundo punto, proponemos la eliminación del descuento del pago del ICA sobre el impuesto de renta a cargo y la revisión del que se hace por el pago del IVA por la compra, construcción, importación de activos fijos. Ambos descuentos resultan ser sumamente distorsionan-tes.

De acuerdo con información recibida de la DIAN, el valor total del descuento por el pago del ICA sobre el impuesto de renta de personas jurídicas tuvo un valor de más de $1.6 billones de pesos en el 2019. Es decir, con su eliminación se podría obtener un recaudo adicional de cerca de 0.16 por ciento del PIB.

Por su parte, el valor del descuento por el pago del IVA asociado activos fijos reales productivos fue de más de $1.5 billones en ese mismo año. Proponemos que se mantenga el descuento, pero que no se haga sobre la renta sino sobre el pago del IVA.
El tercer punto, similar al segundo, gira en torno a la eliminación de exenciones y beneficios sectoriales. El sistema tributario debe funcionar con un terreno nivelado para todos los sectores y las exenciones sectoriales van en contra de ese principio. Lo anterior podría traer un recaudo adicional de $500.000 millones anuales (valor cercano a 0.05 por ciento del PIB).

IVA
Descartamos la posibilidad de ampliar la base de bienes y servicios que tendrían que pagar el impuesto, así como la eliminación de la tarifa reducida. Pero sí proponemos y nos sostenemos en la eliminación de la categoría de bienes exentos.

En particular, se recomienda que los bienes y servicios que hoy están exentos del pago de IVA (14 subclases que representan más de 10 por ciento del consumo) queden en la categoría de excluidos. Con lo anterior, esas subclases siguen con una tarifa efectiva de 0 por ciento, pero sin generar la devolución en el último eslabón de la cadena. Con ese cambio, se lograría un recaudo adicional de cerca de $2.5 billones anuales (es decir 0.25 por ciento del PIB).

Recaudo estimado

Desde ANIF construimos una nueva propuesta de reforma, cuyo objetivo es obtener los recursos suficientes para mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal, por lo menos en 2021 y 2022. Las propuestas de reforma antes mencionada lograrían recaudar cerca de $13.8 billones de pesos, es decir cerca de 1.4 por ciento del PIB.

Pese a que una reforma estructural ha quedado, una vez más, derrotada antes de poder dar la pelea, la deuda que tenemos con un sistema que recaude mejor, que haga más equitativa la distribución del ingreso y ayude a cerrar las brechas de pobreza y desigualdad, seguirá persiguiéndonos. En un año y medio volveremos a recorrer este mismo camino, estaremos discutiendo una nueva reforma, una que, no tenemos dudas, será más severa.

Además, no podemos perder de vista este nuevo horizonte que nos plantea la decisión de la firma Standard and Poor’s (S&P) de bajar la calificación de riesgo para el país de BBB- a BB+. Entre las razones que motivaron la decisión se encuentran el déficit, que la llegada de la pandemia amplió, el retiro de la reforma fiscal en Congreso, que da señales de que el ajuste fiscal para el país tomará más tiempo del esperado, y el clima de protestas y descontento que habla de la imposibilidad del actual gobierno de tramitar las reformas estructurales que se necesitan en el frente fiscal.

Ahora, quedamos a la espera de saber si Fitch y Moody´s seguirán y ratificarán la resolución de S&P. Como lo hemos señalado en varias de nuestras publicaciones, de llegar a perder el grado de inversión Colombia se enfrentará a un encarecimiento y una consecuente disminución de la financiación externa del país, así como al deterioro en la inversión que financia el desarrollo, el empleo y el déficit externo. Esto, en últimas, se traducirá en un crecimiento más lento de la economía nacional.


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