Que los institutos y centros de investigación puedan obtener un registro calificado de programas académicos de maestría y doctorado, parece a primera vista una alternativa de formación adecuada, tal como lo avala la Ley 2142 de 2021. Sin embargo, eso es solo a primera vista, pues son varias las razones que suscitan no poco escepticismo y prevención frente a las pretensiones que proyecta alcanzar la ley.
La primera es que, curiosamente, a nivel mundial no es una práctica tan reconocida que un centro o instituto de investigación otorgue títulos académicos. Por ejemplo, si miramos a Europa encontramos que Eurodoc, el Consejo Europeo de Candidatos a Doctorado e Investigadores Jóvenes (que reúne 29 organizaciones de candidatos a doctorado y de jóvenes investigadores de 26 países de la Unión Europea y el Consejo de Europa), realizó hace poco una encuesta para analizar el panorama de la oferta de doctorados en Europa. ¿El resultado? En ninguno de los países encuestados existe este tipo aval: España, Holanda y Finlandia, tan admirada en el campo de la innovación educativa, solo reconocen a las instituciones de educación superior (IES), como las instituciones que en pleno derecho pueden otorgar un título de doctorado. En Alemania, si bien es posible hacer un doctorado en una institución o empresa no académica, el llamado "doctorado industrial", el título debe ser otorgado por una IES. Lo mismo sucede en Italia donde los Institutos Nacionales de Investigación y los centros de investigación de la industria pueden impartir actividades de doctorado e investigación, denominado alto aprendizaje (Alto Apprendistato), pero siempre en cooperación con una IES.
De otro lado, Estados Unidos, un país marcado por un espíritu pragmático, que impregna incluso los escenarios más conservadores de la academia y las humanidades, no es la excepción: las 144 instituciones acreditadas por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) para otorgar títulos de doctorado, son universidades. Cada año, desde 1957, la National Science Foundation (NSF) realiza una encuesta en la que indaga por la naturaleza de los títulos doctorales de investigación y evalúa las tendencias en la educación posgradual en las 448 instituciones que otorgan títulos doctorales. Los resultados recopilados en la última encuesta muestran que los títulos doctorales en investigación en ciencia e ingeniería se concentran en su totalidad en las IES. En un contexto más cercano, Argentina y México no parecen desmarcarse de esta línea internacional: los centros, los departamentos, los institutos o las escuelas que otorgan título doctoral pertenecen a universidades.
En segundo lugar, cuando nos acercamos a la realidad local y la Ley 2142, se generan nuevas preguntas. En las cuatro páginas que la componen, todavía quedan muchas inquietudes por resolver: ¿los institutos autónomos van a cumplir con las mismas condiciones de calidad con las que han trabajado las instituciones de educación superior en los últimos años? ¿se van a cumplir las condiciones de infraestructura física, tecnológica, políticas para el desarrollo de las funciones sustantivas e institucionales, entre otros factores, que hoy deben cumplir las IES para poder ofertar programas? Es urgente que se reglamente esta ley para que la comunidad académica pueda seguir aportando a esta discusión, siempre partiendo de la base de que las condiciones de calidad mínimas que cumplen las IES se apliquen también a estos institutos, especialmente a los autónomos y de I+D.
No obstante, no se debe satanizar o no tener en cuenta esta oportunidad; en nuestro país contamos con algunos ejemplos, como la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE), que es un referente en estudios de juventud y niñez a nivel nacional y ofrece un doctorado sobre el tema en alianza con la Universidad de Manizales. O se podría pensar en un ejemplo como el del Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios, fundado y dirigido por el reconocido científico Manuel Elkin Patarroyo, quien desde allí ha realizado los mayores acercamientos a una vacuna sintética contra la malaria. La trayectoria y reconocimiento, acompañados de una correcta implementación de la ley y comprensión de la necesidad de doctorados, podrían conducir a buenos resultados. La preocupación, en ese sentido, debe ser por la calidad en la formación investigativa pertinente para la sociedad y no la expedición de títulos de doctorado que se sumen a estadísticas improductivas para la comunidad general e investigativa.
Si hoy hay una preocupación o reproches hacia los grupos de investigación y su impacto en nuestro país, ¿cómo sostener y garantizar -con ese panorama tan pobre en el campo de investigación e innovación- la calidad en programas de doctorado y maestría impartidos en institutos o centros dirigidos por estos investigadores, que no cuentan con ambientes adecuados para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje como lo hacen las IES con tradición y conocimiento sobre el tema? No son pocas las preguntas y el camino que aún le queda por trazar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en este camino, muchas de ellas ya enunciadas por diferentes instancias del sector educativo como el Sistema Universitario Estatal (SUE), las universidades públicas y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), entre otras.
Aún quedan muchas preguntas y caminos por zanjar, de momento, estas mismas preguntas se trasladan a las IES que brindan programas de doctorado y que tienen en sus manos contribuir al desarrollo científico, cultural y económico de nuestro país a través de la formación y la generación de proyectos de investigación. En correspondencia, la Universidad Santo Tomás en clave del reconocimiento de las necesidades del contexto, la identificación de tendencias formativas y dando alcance a la normatividad ministerial, oferta a nivel nacional más de 56 maestrías y 6 doctorados, en diversas áreas del conocimiento que desde la identidad institucional buscan aportar a la solución de problemáticas y a la transformación de la sociedad, con base en la formación integral, para ello y en clave del aseguramiento de la calidad, garantiza el cumplimiento de las condiciones institucionales y de programa que dan cuenta de la pertinencia y el desarrollo de estrategias formativas, investigativas, y de extensión, así como de gestión administrativa implementadas por la comunidad académica.
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