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Nuevas fronteras: ¿qué le depara al mercado legal colombiano?

Perspectivas claves de la agenda nacional que encaminarán la labor de las firmas de abogados durante el 2022, según Brigard Urrutia.

Brigard

Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia

Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia

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octubre 27 de 2021 - 09:45 a. m.
2021-10-27

La adaptabilidad a las inéditas dinámicas empresariales, sociales, gubernamentales y económicas que se están asentando en el país, junto a los nuevos marcos legales emitidos, será el principal factor de éxito de las firmas de abogados para el 2022.
Si en el 2020 la incertidumbre sacudió el tablero legal colombiano y en 2021 la reactivación orientó la estrategia de muchos bufetes, para 2022 la consigna será la innovación, especialmente en los escenarios que la pandemia de covid-19 propone.

Así lo considera la firma Brigard Urrutia que, con el propósito de dar luz sobre el panorama legal del próximo año, brinda su visión de las principales perspectivas del Derecho para 2022. Un análisis de la mano de Sergio Michelsen Jaramillo, socio de Brigard Urrutia y abogado con más de 30 años de trayectoria.


Emprendimiento y capital privado

El Artículo 2 de Ley 2112 (promulgada el 29 de julio de 2021) establece que, como mínimo, un tres por ciento (3%) de los recursos del tejido empresarial nacional deberá ser invertido en fondos de capital privado y/o deuda privada. Estos últimos, a su vez, deberán invertir estos dineros en empresas colombianas o proyectos productivos en el país.

De acuerdo con Sergio Michelsen, “el ecosistema de emprendimiento y de capital de riesgo (‘venture capital’) ha experimentado un vertiginoso desarrollo en los últimos años, y ya estamos viendo a los grandes fondos de capital privado entrando al país. La gran oportunidad es hacer que ese capital sea colombiano, por lo que es importante que Colombia desarrolle un grupo de fondos grandes que entienda el modelo de ‘venture capital’ y fomente el desarrollo en ese sector”.

Ciberseguridad y nuevas tecnologías

No cabe duda de que la pandemia fue la “tormenta perfecta” para la transformación digital de las empresas. Sin embargo, con las oportunidades tecnológicas también llegan los riesgos y las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad. Por tanto, se hace necesario identificar frentes de riesgo en las nuevas tecnologías adoptadas (plataformas como Zoom o Teams) y esquemas de trabajo (por ejemplo, el trabajo remoto), teniendo en cuenta que obligaciones como la confidencialidad e integridad de la información, así como políticas de uso de herramientas de TI, se fortalecieron.

“Las compañías requieren estrategias de prevención, reacción y mitigación de riesgos a través de medidas como el diagnóstico de vulnerabilidades jurídicas y tecnológicas; el diseño e implementación de políticas, procedimiento y protocolos legales y tecnológicos; seguros y pólizas de riesgos cibernéticos; y capacitación y entrenamiento para sus colaboradores”, aconseja el socio de Brigard Urrutia

Hacia un Estado digital

Finalmente, la digitalización de los procesos en las diferentes entidades que conforman el aparato estatal representa ostensibles ventajas en cuestiones financieras. Por ejemplo, la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá, ha logrado ahorrar un total de más de $470.000 millones en servicios públicos, comparado el gasto de 2019 con lo corrido de 2021.

Sin embargo, lo que es más importante, la tecnología tiene todo el potencial para ser punta de lanza en la lucha contra la corrupción, la agilización de procesos judiciales y la flexibilización de la atención a los usuarios del servicio de justicia. Al respecto, el abogado Michelsen afirma que “la digitalización y el uso de nuevas tecnologías para la administración de justicia facilita la toma de decisiones de los jueces. Además, contribuye a que los particulares tengan una administración de justicia efectiva y eficaz, incluso en un ámbito como el de la virtualidad”.

ASG: riesgos sociales y ambientales

El ASG es un término usado en contextos relacionados con las finanzas sostenibles y la inversión de impacto. A menudo, es definido como “el proceso de gestión y gobernanza de riesgos sociales y ambientales”, por lo cual plantea a las organizaciones preguntarse por su papel en la sociedad actual, o mejor, su propósito social.

En palabras de Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia, la inversión de impacto fortalece aspectos sociales y ambientales en el entorno de las empresas, sin excluir la persecución de retornos financieros o económicos.

“Ha tenido desarrollos en diferentes escenarios de la economía y la política, pero no cuenta con una regulación uniforme en el país. Actualmente, en Colombia hay cuatro mecanismos comunes para canalizar inversión de impacto:
1. Fondos de Inversión de Impacto, propiamente dichos.
2. Contratos por resultados (también conocidos como BIS – Bonos de Impacto Social)
3. Bonos emitidos en el mercado público de valores.
4. Mecanismos de asociación alternativos, también llamados ‘blended finance’, es decir, la unión de recursos públicos y privados para desarrollar proyectos”, explica Michelsen.

Brigard Urrutia

Inversión de impacto fortalece aspectos sociales y ambientales. Foto:iStock

Inversión de impacto fortalece aspectos sociales y ambientales. Foto:iStock

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