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Detención preventiva y crisis en estaciones de policía

Es urgente que el Minjusticia, el Inpec y la Uspec hagan acuerdos con gobernaciones y alcaldías para renovar y aumentar los centros de reclusión.

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octubre 09 de 2019
2019-10-09 10:03 p.m.
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Una preocupación histórica de Proantioquia ha sido la garantía del Estado Social de Derecho y durante años ha sido soporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Medellín para Antioquia.

Con esto respondemos al mandato constitucional de una vida digna, dirigido no solo a las autoridades del Estado sino también a la sociedad civil. En este sentido, hacemos un llamado a la solución de la crisis humanitaria que se vive en las estaciones de policía, aún más crítica que las de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Las estaciones de policía son espacios de tránsito (de máximo 36 horas) para la retención preventiva, ya que no cumplen condiciones de habitabilidad. Sin embargo, según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia, actualmente hay 1.571 personas en su mayoría del municipio de Medellín, que pasan semanas y hasta meses y años en espera de ser juzgadas.

Estas personas, gran parte jóvenes entre 18 y 24 años, están recluidas en condiciones inhumanas, con un porcentaje de hacinamiento del 665%.

La Personería de Medellín y la Policía Metropolitana han denunciado condiciones graves de falta de alimentación y de lugares para dormir (duermen en pico y placa), ausencia de luz solar, frágil seguridad y la imposibilidad de tratar y controlar las enfermedades en estos centros. Los tratados internacionales firmados por Colombia imponen al Estado la obligación de garantizar 4 m2 a cada persona recluida.

Sin embargo, la Policía Metropolitana informa que en sus estaciones el espacio disponible es solo de 60 cm2 por persona, mientras la Procuraduría afirma que es de 35 cm2. Esta situación es común en otros municipios del país, cuyas autoridades son responsables del cuidado de la detención preventiva.

Como se ha venido analizando, entre las causas del problema está el incremento en la duración de las penas, la creación de nuevos delitos y la expansión de causales de detención preventiva (durante el proceso penal), lo que ha aumentado exponencialmente la población carcelaria.

La Corte Constitucional llamó a la crisis carcelaria un “estado de cosas inconstitucional” y ordenó aplicar la Regla de Equilibrio Decreciente en centros penitenciarios, que permite que por cada dos personas que salen, solo pueda ingresar una. En consecuencia, altos porcentajes de nuevos detenidos permanecen en las estaciones de policía sin ser admitidos en los centros penitenciarios.

El llamado es a salvaguardar el Estado Social de Derecho y retornar a la garantía de los derechos fundamentales, lo que también implica recuperar el carácter preventivo de la política criminal, con acciones dirigidas a mitigar las causas del delito, entre las que se encuentran las altas condiciones de vulnerabilidad social de amplios sectores de la población.

En este sentido, es urgente que el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec hagan los acuerdos necesarios con las gobernaciones y alcaldías para renovar y aumentar los centros de reclusión preventiva, garantizando que estos cumplan con las exigencias humanitarias.

Azucena Restrepo
Presidenta Ejecutiva
Proantioquia

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