Para los habitantes de varias zonas de Bogotá -como las aledañas al Portal Las Américas de Transmilenio, Usme y Suba- la zozobra generada durante las violentas protestas y bloqueos del paro nacional que tuvieron lugar el año pasado nunca terminaron. Como lo han evidenciado numerosas historias periodísticas en distintos medios, al menos una vez al mes grupos organizados desatan disturbios en estos barrios, colapsan la movilidad, atacan la Fuerza Pública y destrozan mobiliario urbano.
Además, bajo esta sombrilla de permanente descontento ciudadano se oculta microtráfico de drogas, extorsiones a comercios e incluso el apoyo de algunos residentes a estas acciones delictivas. A lo anterior se sumó la semana pasada el lamentable atentado terrorista del ELN contra una unidad del Esmad de la Policía en la zona de Puerto Rellena en Cali. Tanto la capital de la República como la tercera urbe del país registran hoy zonas enteras donde el deterioro de la seguridad ciudadana ya incluye la presencia de guerrillas y grupos criminales.
¿Cuánto tiempo más debe pasar para que la vida y los bienes de tantos ciudadanos en esos barrios bogotanos y caleños sean efectivamente protegidos por las autoridades locales y nacionales? La alcaldía de Bogotá ya se ha manifestado en contra de intervenciones militares directas.
Dada esta postura que ha sido legítimamente adoptada por el Distrito Capital, se eleva de esta manera la urgencia y la responsabilidad del gobierno capitalino en el éxito rápido de sus abordajes de convivencia en estos barrios.
El fin del paro nacional y sus bloqueos ilegales fue la antesala para que la economía colombiana acelera la velocidad de su reactivación. En estas zonas urbanas de Bogotá y Cali la faceta más degradada de ese descontento ciudadano, expresado en el caos, la delincuencia y la intimidación, reina hoy. ¿Hasta cuándo?
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomira
