Con el inicio de una nueva legislatura reinicia el pulso en el Congreso por 15 leyes económicas, que se prevé enciendan los debates de aquí al próximo año.
La principal de estas iniciativas será la del Presupuesto General de la Nación del 2020, la cual sería presentada el lunes de la próxima semana, y llegaría con un fuerte ajuste a varios rubros de funcionamiento e inversión.
Lea: (Reforma pensional y anticorrupción, los temas centrales de Duque)
Lo anterior, debido al duro apretón de cinturón que lleva a cabo el Gobierno para cumplir con las metas de déficit de los próximos años, y también para no poner en jaque algunos programas sociales.
No obstante, el Ejecutivo también tendrá que dar la pelea por cuenta de 14 proyectos de ley, que podría, eventualmente impactar las cuentas fiscales del país, pero también al sector empresarial colombiano.
El más polémico busca crear una prima para la canasta familiar y es propuesto por el senador Álvaro Uribe. Su contenido tiene prendidas las alertas en el Gobierno, pues, de aprobarse, afectaría directamente la economía de las compañías y del Estado. Según cálculos del Minhacienda y los empresarios, este proyecto le generaría un gasto a la Nación de $205.000 millones cada año, en tanto que los empresarios tendrían que pagar cerca de $1,8 billones.
El articulado se aprobó antes del cierre de la anterior legislatura y, aun cuando recibió un rechazo de la Andi, Fenalco y Acopi, entre otros, sigue vivo y continuará su debate a partir de esta semana. Su objetivo es crear un beneficio adicional para los empleados públicos y privados que devenguen hasta 3,5 salarios mínimos ($2,8 millones).
En caso de avalarse, en el primer año de vigencia, la prima se pagaría en marzo, mientras que en el segundo se cancelaría en septiembre. Pasado ese tiempo, el pago de la prima tendría que hacerse de manera completa en dos cuotas, cada una en los meses previamente dichos.
BAJO LA LUPA
Sin embargo, no es el único que tiene al Gobierno y los empresarios pendientes del Capitolio. También está uno que prohibiría fabricar, importar, vender y distribuir los plásticos de un solo uso, como pitillos o bolsas, por mencionar algunos.
En fila sigue el proyecto de ley que pretende fijar un plazo para los pagos entre empresas, de tal modo que las pequeñas y medianas reciban el desembolso de sus facturas máximo 60 días después de ser entregadas. En este caso, se fijarían algunas excepciones, pero también se crearían sanciones monetarias, en caso de que no se paguen a tiempo las facturas, e incluso se le darían facultades extras a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar las faltas constantes.
Adicionalmente, hay una idea para obligar a las empresas que vendan comidas, bebidas y medicamentos a que incluyan el sistema braille en sus etiquetas, lo cual, según la industria, podría tener incidencia en la inflación porque encarecería el precio de los alimentos por sus empaques.
En el Congreso se discutirá nuevamente la disminución de aportes a salud de los pensionados del 12% a 4%, a la par que se busca crear planes estratégicos de seguridad vial, de tal modo que se reduzcan los accidentes en las vías. Esto incluiría a entidades estatales, pero también a las empresas.
Los temas laborales no se salvan de estar en el listado de proyectos económicos. De hecho, con uno de los articulados que se discutirán se crearía una licencia remunerada de cinco días para los empleados que se casen. Pero es el único de su tipo.
En otro proyecto se propone ampliar la licencia de paternidad remunerada al cónyuge o compañero permanente, cuando haya parto prematuro o múltiple, a 15 días hábiles y establecer mecanismos de protección laboral. Las mujeres también se verían beneficiadas con una iniciativa que busca ampliar la licencia de maternidad hasta 24 semanas, en caso de enfermedad del recién nacido, e incluso se aumentaría el fuero que tienen las madres, es decir, el tiempo en el cual no pueden ser despedidas, después de dar a luz.
Del sector laboral también se prevé que, a finales del año, se radique la reforma de protección a la vejez (pensional), por parte del Gobierno, la cual podría comenzar a discutirse este mismo año, pero su aprobación definitiva quedaría para el 2020.
OTRAS LEYES
Entre tanto, hay otros cuatro proyectos de ley y una reforma-, que vienen de la pasada legislatura y reiniciarán debates en el segundo semestre. Uno de ellos, que va para plenaria del Senado, “busca prohibir el uso, fabricación, importación o comercialización de los artículos que contengan plomo elemental en cualquiera de sus compuestos”.
Además, está la reforma constitucional que presentó el Gobierno para cambiar la distribución de las regalías, que fue aprobada en primera vuelta, y le falta la segunda, al tratarse de un acto legislativo.
Asimismo, existe otra iniciativa que tiene como objetivo combatir las prácticas de acuerdos anticompetitivos en cualquier forma que se presente. Esto quiere decir que las personas naturales o jurídicas que hayan sido declaradas responsables por competencia desleal no podrían volver a participar en contratos con el Estado.
En cuarto lugar está una iniciativa, que va para plenaria de la Cámara de Representantes, con la cual se establecería un mecanismo para la gestión de pasivos ambientales en Colombia, de tal modo que sean protegidos.
Y en último lugar se encuentra un convenio con el gobierno italiano, para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal, con respecto a los impuestos sobre la renta de personas naturales y de empresas.