En el marco del Congreso 40 de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), los diferentes gremios del agro hicieron un llamado de urgencia sobre las situaciones de inseguridad que se vienen viviendo en las zonas rurales del país.
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Desde el punto de vista arrocero, Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, detalló que su sector se encuentra, en la mayoría, consternados por las situaciones de violación a la seguridad que se ha incrementado en Colombia y piden que se haga algo.
“La extorsión, el secuestro, el robo de maquinaria, etcétera, son algunas de las cosas que vivimos hoy en día. Un arrocero en la zona de Guadalajara, por ejemplo, para poder entrar a su finca y sacar la cosecha, tiene que pagar un dinero por cada tonelada de arroz que saque, o por cada cabeza de ganado que saque de su finca”, dijo.
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Adicionalmente, el presidente del gremio insistió en que si la situación sigue como va, el país va a tener problemas con la seguridad militar, porque mucha gente está abandonando sus fincas, sus cultivos y “es imposible la carga de contribución que le piden todos los guerrilleros y todas las organizaciones delincuenciales que hay en el país. Todo el mundo pide”, argumentó.
Por su parte, Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma, dijo hay un gran peligro de la seguridad en el sector palmero y es la extorsión, el robo de productos en las fincas, que son factores que están por fuera del control del productor.
“Uno no le puede pedir a los productores que sean competitivos, sostenibles y rentables si las condiciones básicas para desarrollar su actividad no están, pues es prácticamente imposible de cumplir. Uno no puede ir a visitar su cultivo para estar seguro que las cosas están haciendo bien, por supuesto que el resultado de la actividad no va a ser el mismo”, añadió.
(Vea: Ejemplos de clase mundial de nuestra agroindustria local).
Asimismo, Pérez sostuvo que la situación se ha agravado, pero “no hay que decir que exclusivamente la situación se deterioró desde el cambio de Gobierno”, pero sí indicó que ha habido una aceleración en ese deterioro muy marcado.
A su turno, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) explicó que es necesario el acompañamiento de la Fuerza Pública.
“Lamentablemente tuvimos un suceso trágico en el Huila, donde la hermana de uno de los directores departamentales del Comité de Cafeteros fue asesinada y el CTI no podía llegar a hacer el levantamiento porque era una zona donde no estaba permitida la Fuerza Pública”, indicó.
En ese sentido, Bahamón manifestó que la confianza de los agricultores para usar las tierras en Colombia ha disminuido. “En el Consejo Gremial y con Jorge Bedoya tuvimos la posibilidad de expresárselo al ministro de Defensa, pero no vemos en la práctica esa posibilidad”, concluyó.
(Vea: Colombia prevé cerrar 2023 produciendo 11,6 millones de sacos de café).
DIANA K. RODRÍGUEZ. T.
Periodista Portafolio
