Economía

Así avanza la agenda económica del uribismo en el Congreso

Además de la reducción de la jornada laboral, también buscan crear un bono para hijos de hogares vulnerables y hacer permanente Ingreso Solidario. 

Congreso

El proyecto de ley para reducir la jornada laboral ya fue aprobado en segundo debate.

Archivo particular

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diciembre 08 de 2020 - 07:34 p. m.
2020-12-08

El partido de Gobierno, el Centro Democrático, avanza con un paquete de iniciativas legislativas con enfoque económico, además de la reducción de la jornada laboral, la cual ha generado revuelo entre los empresarios y expertos.

(Gobierno no ve con buenos ojos la reducción de la jornada laboral). 

Entre los proyectos de ley, el uribismo le apunta a un bono pensional para los hijos de los hogares vulnerables, con el que buscan que esas personas tengan una mejor jubilación o que puedan tener un proyecto productivo cuando ya hayan cursado algún programa de educación superior. Eso, según explica el Centro Democrático, se pagaría con un impuesto al patrimonio a las personas naturales de mayores ingresos. Esa iniciativa ya pasó a segundo debate en la Cámara.

(Avanza en el Congreso proyecto que reduce jornada laboral en el país). 


A ese se le suma una iniciativa con la que pretenden dejar permanente el Ingreso Solidario, que por ahora va hasta junio del otro año. El objetivo de ese partido político, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, es que ese programa se vuelva política de Estado y se financie a través de lo que ahorre con menores gastos en nómina, contratos, servicios personales y en funcionamiento. Hasta ahora, ese proyecto está pendiente de pasar a su primer debate.

El otro proyecto, que hace parte del referendo que está moviendo el uribismo, es la reducción del Congreso en un 30%, el cual busca bajar los gastos del Estado para invertir en otros sectores.
Asimismo, plantean un impuesto al salario de los parlamentarios de un 10% adicional.

Según Jhon Jairo Berrío, representante a la Cámara por el Centro Democrático, la agenda del partido de Gobierno es “bastante ambiciosa. Hay varios proyectos de corte social, pasando el apoyo a los más vulnerables con el bono solidario, o el apoyo a la vejez. También tenemos proyectos de ley que tienen que ver con temas de salud, o con la obligación con las personas de ingresos medios y altos deban tener una póliza de aseguramiento, por ejemplo”.

Ante las iniciativas, varios expertos han salido a cuestionar si son medidas populistas, que no aportan sustancialmente a las necesidades del país en medio de una crisis económica que llevó al cierre de empresas y a una caída del PIB en el segundo trimestre de 15,7%, por cuenta de los efectos de la pandemia.

Para Jorge Enrique Espitia, investigador del Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional, “llama la atención que el Gobierno esté pensando en universalizar el Ingreso solidario, sí y solo si le aprueban la próxima reforma tributaria que tiene como base la universalización del 19% del IVA a la canasta familiar. Zanahoria y garrote para los pobres, la clase vulnerable y media, mientras se profundizan las exenciones fiscales para los ricos y las grandes empresas”, dijo.

Cabe recordar que además de las iniciativas ya descritas, Uribe anunció un referendo con 12 puntos, que incluye propuestas como la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz, una reforma a la justicia, o la reducción del tamaño del Congreso, así como mayor austeridad estatal durante seis años para inversión social, y gratuidad educativa según ingresos en cualquier tipo de institución.

MENOS HORAS DE TRABAJO

Además de ese paquete de propuestas, el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas ya pasó su segundo debate en el Congreso, y todo apunta a que podría ser aprobada para sanción presidencial. Sin embargo, tanto empresarios, expertos y el mismo Ministerio de Hacienda le ven varios reparos a la iniciativa, en medio de un año difícil para la actividad económica.

Por un lado, la cartera de Hacienda le envió un concepto desfavorable al Congreso el pasado 20 de agosto, argumentando que la reducción de horas de trabajo desaceleraría la producción del país y podría incrementar el costo laboral debido a que existiría la necesidad de contratar más trabajadores. Eso, según el Minhacienda, “incrementaría el costo de la nómina en un contexto difícil para el desempleo. Lo anterior generaría un efecto negativo sobre el empleo”, dice la misiva, firmada por Juan Pablo Zárate, viceministro técnico del Minhacienda.

Por su parte, los empresarios también manifestaron su desacuerdo con la iniciativa. Precisamente, la semana pasada se conoció un informe que hizo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en el que señala que para cubrir las ocho horas que se van a dejar de trabajar, las empresas tendrían un costo semanal promedio de $85.309 por persona. Eso significaría que con los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas, eso representaría un costo anual para la economía de $26,9 billones, el 2,7% del PIB de 2019.

Para Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “el cambio de la jornada laboral va en el sentido totalmente contrario a que debería. Se está encareciendo la creación de empleo, se está afectando la competitividad. Lamentable que no se haya tenido en cuenta eso en el Senado. La responsabilidad que tenemos es grande”, dijo la semana pasada cuando se aprobó la iniciativa en segundo debate.

Ante ese panorama, hay expectativa con lo que podría suceder con esas iniciativas económicas del Centro Democrático, cuando algunas de ellas no son del todo avaladas por el Gobierno, los empresarios o expertos.

PREOCUPACIÓN POR MEDIDAS

Ante la posibilidad cada vez más cercana de que se reduzcan las horas de jor- nada laboral, varios expertos y gremios han manifestado su preocupación. Por un lado, Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, dice que aunque Colombia sí tiene más horas de trabajo que otros países de la Ocde, si se quiere pensar en bajar la jornada laboral, tiene que venir acompañado de incluir habilidades y actualizar la formación para el trabajo.

Por su parte, Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, dijo que “el sector en estos momentos no está preparado para este tipo de medidas. Se debe buscar una reforma laboral estructural con relación sana entre trabajador y empresario”.

María Camila González Olarte
En Twitter: @CamilaGolarte

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