Así llegará al último debate la reforma al control fiscal

Contralores regionales y el Auditor podrían terminar sus periodos, según los cambios hechos en la ponencia. Opositores ‘calientan’ la discusión.

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636 mil millones sería el aumento del presupuesto de la Contraloría, según el proyecto de acto legislativo que se aprobó en séptimo debate.

El Tiempo

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septiembre 09 de 2019 - 10:00 p.m.
2019-09-09

Con solo dos ajustes en el texto definitivo, la plenaria del Senado se prepara para darle vía libre al octavo y último debate de la reforma al control fiscal.

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La iniciativa, que ha transitado en tiempo récord por el Legislativo, sería finalmente discutida la próxima semana, según varios congresistas. Para esto, ya le entregaron a la mesa directiva el informe de ponencia, el cual conoció este diario. Allí se incluyen dos cambios frente al texto aprobado en séptimo debate.

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POCOS CAMBIOS

El primero le da luz verde a que los actuales contralores territoriales –que habrían salido del cargo el próximo 31 de diciembre, según el texto anterior– podrán terminar sus periodos. “Entre tanto se realice el concurso (...) los actuales contralores continuarán en funciones”, reza el proyecto.

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Para esto, se presentará un proyecto de ley que fortalezca estos entes regionales, ya no con recursos de la Contraloría General, sino con impuestos. El segundo cambio que se hizo del texto también permitirá que el actual Auditor siga en funciones, y solo cuando su periodo termine se implementarán los cambios para su elección.

La reforma, en cualquier caso, recibió el fin de semana un espaldarazo político importante por parte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En su columna de El Tiempo, dijo que: “Se estima que por la vía de la contratación se pierde un 62% del total de los recursos que se fugan del presupuesto por corrupción. Pienso que un control como el propuesto sí permitirá por lo menos cauterizar en parte esta vena rota de la contratación”.

Y anotó que si bien el proyecto debe aprobarse, “aún es tiempo de aprovechar esta oportunidad para eliminar de tajo las contralorías territoriales, como lo he propuesto por años”.

En parte coincidió Guillermo Perry, exministro de Hacienda, quien agregó que si bien ha habido algunos cambios importantes, “de todas maneras me sigue pareciendo un proyecto muy peligroso.

Obviamente, todos quisiéramos tener una entidad técnica, competente, que hiciera bien las cosas y controlara oportunamente los casos de corrupción, pero la realidad es que la Contraloría que tenemos está burocratizada y politizada”.

Y afirmó que “se daría un crecimiento absolutamente desproporcionado de la planta de personas y el presupuesto de la entidad, en un momento de dificultades fiscales, sumado a que se le darán unas facultades extra al Contralor para decidir cómo usar esos recursos y cómo cambiar la planta de personal”.

En resumen, Perry ratifica que el ente de control se convertiría en un Leviatán y le pidió al Congreso que “haga una pausa, archive el proyecto y estudie mejor la reforma, de tal modo que se ajusten aspectos sobre cómo nombrar al contralor, sus funciones y que se eliminen las contralorías territoriales”.

Por su parte, el contralor general, Felipe Córdoba, también se ratifica, pero en su defensa férrea de la reforma. Por un lado dice que “no se están pidiendo cosas locas o absurdas, sino que la idea es retomar la función de advertencia. No se quieren coadministrar los recursos, para nada”.

Y, por el otro, defiende el aumento de la nómina y el presupuesto, argumentando que en la entidad hay “una falta de capacidad técnica del recurso humano que se necesita mejorar, además de tener mayores herramientas y tecnologías. Se ha dicho de todo, tanto del aumento de planta como de sueldos, afirman que son para cargos burocráticos, sin embargo, yo aclaro que la carrera administrativa en la entidad tiene representación en el 96% de la misma”.

Y agregó que “si se llegan a crear, los cargos nuevos serán de carrera y de concurso. Además, hoy el presupuesto de la Contraloría es de $570.000 millones y la idea es que pase aproximadamente a $1 billón.

En esto difiere el presidente de Anif, Sergio Clavijo. En su concepto, con la reforma se volvería al control previo, mecanismo que “paralizaba las obras públicas y servía como elemento extorsivo para los gobiernos. No en vano la mayoría de contralores que ejercieron antes de la Constitución de 1991 terminaron en la cárcel, tras volverse ‘barones-políticos’, a través de tal mecanismo”.

LO YA APROBADO
En el séptimo debate, la reforma tuvo varios cambios importantes con los que llega al último ‘round’. En principio, el articulado especifica que el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional y no es vinculante.

No obstante, le da facultades a la entidad para “ejercer, directamente o a través de los servidores públicos de la entidad, las funciones de policía judicial que se requieran en ejercicio de la vigilancia y control fiscal”, así como la posibilidad de imponer desde multas hasta suspensiones a quienes no den información o

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