Así sería la nueva cara de la Consulta Previa en el país

El Gobierno Nacional realizaría los cambios en forma y contenido al mecanismo de participación ciudadana.

Consultas mineras

Una de las reformas que contendría el nuevo articulado es con respecto a los tiempos de discusión en la mesas de diálogo.

Yomaira Grandett/CEET

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Portafolio
febrero 03 de 2020 - 10:00 p.m.
2020-02-03

El Gobierno Nacional viene abonando el terreno con el que busca cambiarle, de una vez por todas, la cara al mecanismo de la Consulta Previa.

La tarea, que viene preparando el Ejecutivo desde hace varios meses, busca darle herramientas más eficaces y efectivas a este procedimiento de participación ciudadana, tanto en su forma, como en su contenido.

Al respecto, la saliente ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló en un reciente foro minero energético que en la agenda del Gobierno, uno de los temas que tendría prelación es el de la reforma a la “consulta previa de seguridad para la inversión”.

Así, para lograr su cometido, el Ejecutivo realizaría los cambios al citado mecanismo de participación ciudadana (creado en la Constitución de 1991) a través de dos caminos: el primero, creando (gracias a un de Decreto) una entidad independiente en lo operacional y financiero, pero adscrita al Ministerio del Interior.

Y el segundo, una reforma al contenido mismo de la Consulta Previa (Artículo 79 de la Constitución Nacional), a través del trámite de una ley ordinaria en el Congreso de la República.

Esta reforma, junto con la futura Ley de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio, son las que mayor demanda en cuanto a la celeridad de su trámite piden el sector minero y petrolero del país.

CAMBIOS EN LA FORMA

El Ministerio del Interior tiene listo un decreto con el cual le dará vida a la Dirección de Consulta Previa (DC). La nueva entidad nace de la sentencia unificada 123/2018 de la Corte Constitucional, la cual ordena al Ejecutivo y al Legislativo crear una institución “sólida e independiente” para el desarrollo de las consultas previas y la expedición del certificado.

Así mismo, la iniciativa de la DC cobró vida al ser incluida en el reciente Plan Nacional de Desarrollo (PN), y en cuyo articulado se estableció que su reglamentación se dictará a través de un decreto expedido por el Gobierno Nacional, a través de la cartera del Interior.

Según el citado Decreto, además de realizar los ajustes a la institución encargada de otorgar los certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas, subraya que para “facilitar una administración eficiente de los recursos, con autonomía e independencia financiera”, se crea el ‘Fondo de Dirección de Consulta Previa’, el cual se constituirá a través de una fiducia mercantil con patrimonio autónomo.

Con el citado fondo, la DC dispondrá de los recursos para su funcionamiento, y cuyas fuentes son los dineros que habitualmente destina el Misterio del Interior contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PN) para esta dependencia, así como por los servicios prestados.

REFORMA A LA CONSULTA

El otro cambio para terminar de imprimirle una nueva cara a la Consulta Previa y darle más rapidez a su proceso con las comunidades, es de contenido con su reforma vía Congreso de la República.

Para tal fin, se trazarían nueve ejes en un proyecto de ley ordinaria que deberá radicar el Gobierno para su estudio.

“Esos focos temáticos son recomendaciones de diversos sectores, y que recogió la anterior administración, para dejarlas listas en una normativa”, afirmó Carlos Cante, ex viceministro de Minas y consultor internacional.

Las siete líneas temáticas en las que se sustentarían las reformas dentro del proyecto de ley son: el proceso deberá estar orientado al resultado gracias a los acuerdos; identificar los sujetos de la consulta; el ámbito mismo de la aplicación; la temporalidad; determinar en qué casos se necesita el consentimiento para realizar el proceso de consulta previa; incluir instrumentos que reduzcan la asimetría de las partes; y establecer una metodología que permita un flujo continuo de los diálogos.

Llama la atención de los siete ejes temáticos, en que se debe llegar a un acuerdo vinculante donde todas las partes coincidan en lo que pretenden del proyecto debería ser el objetivo de una consulta.

Así mismo, en la necesidad de incluir reglas dentro del mismo proceso, que sean objetivas, consistentes y claras para la identificación de los “sujetos de consulta” y para la acreditación de los representantes.

En cuánto a la duración de las discusiones, el proyecto contemplaría que el proceso de consulta debe ser uno solo y para ambas etapas, de exploración y producción, con tiempos moderados de discusión, para que este no se extienda en el tiempo.

“El reto con esta nueva reglamentación en una reforma al proceso de la Consulta Previa, es que los acuerdos alcanzados en la protocolización deben tener mecanismos eficientes de seguimiento y cumplimiento de las dos partes”, resaltó Cante.

El consultor en temas mineros precisó además que, para que la reglamentación resulte efectiva, como mínimo se debería garantizar el cumplimiento de los ejes temáticos.


Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio

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