En menos de dos mes estaría en marcha la primera etapa de enajenación de las acciones que Colombia tiene en la firma Coltel, razón social local de Telefónica, y la venta total se concretaría antes del 7 de agosto.
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Este diario pudo establecer que el Ejecutivo e interesados en el negocio están presionando para que el proceso no se estanque y la primera etapa ya esté en marcha antes de la segunda vuelta presidencial, que es el próximo 17 de junio.
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Este sería un proceso similar al de la venta de Isagen, del cual el gobierno colombiano está ultimando los detalles para sacar al mercado la ‘tajada’ que tiene en la firma Colombia Telecomunicaciones (Coltel).
Serían aproximadamente $2 billones los que recibiría el Estado por cuenta de los más de 1,1 millones de papeles que tiene de Coltel, pero la cifra real la daría una banca de inversión.
A propósito de este proceso, voceros de Telefónica solamente han señalado que el Gobierno es autónomo para decidir qué hacer con su participación, pero prefirieron no comentar al respecto, debido a su posible interés para quedar con el 100% de Coltel.
ASÍ SERÍA EL PROCESO
Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, esta es una tarea del Gobierno para antes de terminar su mandato, pero “será la banca de inversión la que tenga la última palabra”, refiriéndose a la valoración, que es lo que falta para avanzar en el proceso, que consiste en vender el 32,5% que tiene el país en dicha empresa. Sin embargo, la cifra podría quedar por debajo, dependiendo de la valoración que una nueva banca de inversión española le está haciendo al Ministerio de Hacienda.
Este reporte debería conocerse en unas semanas, debido a que la meta del Gobierno es dejar dicha venta lista antes de terminar su periodo, y a que el consorcio conformado por BNP Paribas, Bank of America y Bancolombia ya le habría entregado su valoración a la cartera de Hacienda y Crédito Público.
En cualquier caso, el proceso comenzaría con una primera etapa de enajenación, en la que “se realizará una oferta pública de la totalidad de las acciones”, dice un borrador de decreto.
Esta sería exclusiva para trabajadores activos y pensionados de Coltel, asociaciones de empleados o exempleados de la firma, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión y cajas de compensación familiar, entre otras.
Una vez concluida, seguirá la segunda etapa, en la que las acciones se ofrecerán al público en general, pudiendo ofertar “en los mercados locales y/o internacionales, a personas naturales o jurídicas, y a entidades de otra naturaleza legal”, dice el proyecto de normativa.
Entre estos últimos se incluirían patrimonios autónomos y otros vehículos de inversión sin personería jurídica, tanto nacionales como extranjeras, “que tengan capacidad legal para participar en el capital social de Coltel”.
TIEMPOS APRETADOS
En el documento también se detalla que la vigencia oferta pública de acciones (OPA) no podrá ser inferior a dos meses, contados a partir del día en que se publiquen avisos en los medios de comunicación, y esta solo comenzaría cuando “una o varias entidades financieras establezcan líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones”, acota el borrador.
De allí que Camilo Silva, socio fundador del Grupo Valora, explicara que “los tiempos son apretados y por ello se han venido adelantando cosas, pero es claro que el Gobierno tiene en mente dejar listo el negocio en unos dos meses; es decir, los tiempos los obliga a tenerlo resuelto en mayo o por tardar en junio”.
De igual forma, aseguró que la expectativa es que Telefónica (la dueña del otro porcentaje) compre esa participación ya que no desearía que llegue un tercero a conseguir lo que dicha firma ya tiene consolidado.
Lo anterior, “les llevará a darle una monetización fuerte de divisas, que llevará a darle una presión a la baja al desempeño del dólar. El hecho más reciente parecido a lo que se daría es el pago de la multa que Movistar y Claro tuvieron que hacer, lo que llevó a que ingresaran dólares, con lo cual los volúmenes se dispararon y la divisa cayó”.
La posibilidad de que este negocio se consolide a corto plazo, generando la monetización de dólares previamente dicha, hizo que el mercado se anticipara, por lo cual el efecto colateral sobre el precio del dólar no sería tan fuerte.
De todos modos, el Ejecutivo dejaría abierta la posibilidad de ampliar los plazos para este programa, tal y como se detalla en el artículo 28 del borrador de decreto que dice: “El Gobierno podrá prorrogar el término del programa de Enajenación hasta por un año más, o terminarlo anticipadamente”.
