En total, 44 billones de pesos tendrá bajo su cuidado la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres).
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Desde el lunes pasado asumió como su director general Carlos Mario Ramírez, quien lleva casi un cuarto de siglo en el sector y lideró el proceso de compra centralizada de medicamentos para la hepatitis C.
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En su primera entrevista para un medio de comunicación, el directivo explica las claves que aplicará para poner en cintura el que es conocido popularmente como gasto ‘No POS’ o ‘No PBS’ (que no están en el Plan de Beneficios Básicos): las principales serían la difusión sobre los pagos que hace el Adres y la negociación directa de medicamentos de alto costo.
¿Cuánto dinero manejarán este año?
Serán como $44 billones. De eso, $38 a 39 billones son por el per cápita que se les gira a las EPS para que garanticen los servicios en salud a 22 millones de afiliados al régimen contributivo (unos $22 billones) y $17 billones para el subsidiado, porque la Unidad de Pago por Capitación (UPC) allí es menor.
¿Cómo se gasta esa plata?
Son $39 billones en UPC, para ‘No PBS’ $3 billones; por Soat cerca de $1,5 billones y unos $500.000 en otros temas menores.
Pero hay un déficit de dos billones de pesos.
Sí, para garantizar la UPC de la población que cubre el régimen subsidiado.
¿Y cómo cubrirlo?
Obviamente, la fuente es el presupuesto nacional, y dado que el margen fiscal está muy estrecho, la luz que se abre es que con el alza del petróleo queden más recursos.
¿A largo plazo, como asegurar la sostenibilidad del sistema de salud?
Hay dos temas: ir cerrando las brechas de eficiencia, pero también plantear posibles recursos adicionales en el gasto corriente, sin hablar de las necesidades para sanear las carteras que actualmente existen.
La plata que hoy se invierte en salud no es suficiente, pero tampoco puede negarse que lo que existe puede rendir más si se cierran las brechas de eficiencia, en especial en el gasto de tecnologías y medicamentos no incluidos en el plan de beneficios.
¿Cuánto pesan en el gasto los medicamentos?
Si se mira todo el sistema, desde el primer nivel hasta el más alto, sea PBS o ‘No PBS’, puede ser cerca del 25%, incluyendo insumos y relacionados.
En el ‘No PBS’ son el 75%. Todos los actores del sistema reconocen que aquí radica gran parte del problema.
También hay unos servicios que no son progresivos y que pesan menos, como los llamados servicios sociales complementarios.
Los beneficiarios del ‘No PBS’ en el régimen contributivo son cerca de 1,6 millones y se gastaron $3 billones en el 2017; pero hay 29.000 que de ese total consumieron $1,3 billones, o sea que estaríamos hablando de un promedio de $45 millones por paciente mensuales.
Concretamente, ¿qué hay que hacer?
El gasto en medicamentos en el sistema, pero en especial en lo no incluido en el plan de beneficios, es una solución imprescindible. Si eso no se soluciona, no hay sostenibilidad pero haciéndolo tampoco se garantiza, porque después de los controles que se habían hecho en ese tema, que habían logrado revertir la tendencia de crecimiento que hubo, en especial entre el 2006 y el 2010, y en el 2008 a 2016, estamos viendo que vuelve a subir el gasto ‘No PBS’.
¿En qué porcentaje?
Después de un gasto cercano a $2,4 billones en el 2015 en cobros reconocidos, pasamos a 2,7 billones en el 2016 (13% más), y el 2017 puede ser un poco superior a los 3,1 billones (17%).
¿Cómo proyecta el 2018?
El reto es rebajar el gasto, por dos razones: primero, por las inclusiones significativas que se dieron en el plan de beneficios, que causaban un alto gasto ‘No PBS’ en los últimos años, y segundo, por las medidas que debemos tomar, en conjunto con otros actores para cerrar las brechas de eficiencia.
¿Qué medidas concretas tomarán en la Adres?
El reto nuestro es la transparencia de los recursos. La población y los críticos del sistema dicen que las EPS no autorizan los servicios y se quedan con la plata. Lo que tiene que hacer la Adres cada mes es publicar de una manera amigable y accesible cuánto le giró a cada EPS y así las IPS y los acreedores pueden exigirles que les paguen, y de ahí en adelante, ellas también deberían publicar a quién le están pagando con la plata que reciben, porque en ocasiones a las IPS les llega la plata pero le dicen al personal que no tiene con qué pagarle.
Lo segundo es sumarnos los países para agregar demanda y negociar directamente con la industria farmacéutica. La industria innovadora o de investigación y desarrollo está permanentemente entrando nuevos medicamentos y a veces les ponen precios caprichosos.
Le doy un ejemplo: hay una enfermedad hereditaria, la hipercolesterolemia, que es congénita, y el último medicamento que llegó hace dos años para tratarla vale $113 millones por paciente/mes, pero no es significativamente mejor a las otras terapias disponibles, y así hay una serie de enfermedades huérfanas para las cuales los medicamentos están entrando con precios que no podemos asumir.
Con las medicinas de hepatitis C sumamos la demanda de 26 países y bajamos el precio de 50.000 a 10.000 dólares.
¿Cómo hacer esto?
Tenemos mecanismos muy interesantes, como Colombia Compra Eficiente, con la posibilidad de llegar a acuerdos marco de precios. Con ellos veníamos trabajando (desde el Minsalud) para temas de cáncer, que es lo que más nos está pesando en el gasto ‘No PBS’.
Otra posibilidad son las importaciones paralelas. Cuando hay algo que sirve y va a entrar otro medicamento, la industria que lo tiene no trae el anterior al país, pero podemos importarlo de otra parte donde se siga vendiendo.
¿Con las medidas cuánto bajaría el gasto ‘No PBS’?
El planteamiento del Gobierno es que como se hizo una gran inversión en las inclusiones en el PBS, eso pudiera disminuirse acá, en la misma magnitud. Estaríamos hablando de que serían entre $600.000 y $800.000 millones.
Es decir que si el año pasado fueron cerca de $3,1 billones, la idea sería revertir esta cantidad a unos $2,4 billones; sería un buen ejercicio.
