El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, publicó recientemente el libro Resetting the International Monetary (Non) System, título que implica el reconocimiento de fallas en la estructura y operación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El sistema monetario creado en Bretton Woods se basa en un estándar dual de oro y plata, siendo las reservas en dólares el componente más dinámico. Respecto al sistema de cambios, los países miembros del FMI debían consultarlo antes de modificar sus tipos de cambio, pero esto llevó a que el Fondo presionara a los países deficitarios a devaluar y a los superavitarios a revaluar sus monedas.
El apoyo a la balanza de pagos de las naciones con déficit se hace con los recursos captados por el pago de cuotas, diferente a la propuesta de Keynes de establecer una cámara de compensación (clearing), a la cual los países superavitarios llevarían sus excedentes y allí buscarían los estados deficitarios recursos para subsanar sus faltantes.
Ocampo define como problema central del sistema la utilización de la moneda de un país como medio internacional de pago, porque se ha traducido en un modelo de liquidez ineficaz, y retoma el argumento de Triffin, en el sentido de que el uso de una moneda nacional como divisa internacional hace rehén a la economía mundial respecto a las decisiones del país titular de esa divisa, lo cual es una inequidad.
Por ello se crearon los derechos especiales de giro (DEG) como activo de reserva, los cuales tienen la limitación de usarse solo para pagos al FMI. Además, es problemática la falta de mecanismos de ajuste frente a las asimetrías entre países superavitarios y deficitarios.
Ese sistema colapsó el 15 de agosto de 1971 cuando Nixon declara la no convertibilidad del dólar en oro, y comienza un periodo de inestabilidad agravado por el embargo petrolero de 1973 y la crisis de deuda externa.
El balance de Ocampo es que estamos frente a un no-sistema que mantiene severos vacíos en el sistema de reservas globales, una débil cooperación macroeconómica ante la inestabilidad ocasionada por los flujos de capital de comportamiento procíclico y en la ausencia de un mecanismo adecuado de reestructuración de la deuda soberana.
Adicionalmente, la gobernanza del sistema sigue siendo deficiente por el predominio de algunos países y la débil participación de las economías en desarrollo en la toma de decisiones. Las dos reformas a la proporción de los votos otorgados a los países, si bien redujeron marginalmente el peso de Europa, mantuvieron para dicha región una representación excesiva, por eso el autor considera que debe revisarse el principio que establece el voto favorable del 85 por ciento de los miembros para tomar una decisión, lo cual, en la práctica, concede poder de veto a Estados Unidos, sin cuyo voto la mencionada condición es inalcanzable. Por ello, Ocampo propone ampliar el papel de los DEG para que sean complementarios en un sistema de multidivisas.
Se advierte que la mayor parte de la cooperación para corregir los desequilibrios globales se está haciendo por fuera del FMI, en lo que denomina ‘multilateralismo elitista’, concluyendo que el Fondo debería entenderse como el vértice de una red de fondos de reservas regionales.
Al constatar la ausencia de un mecanismo eficaz de renegociación de deuda soberana, Ocampo sugiere juntar las soluciones voluntarias con las reglamentarias, de modo que la aplicación de cláusulas de aplicación colectiva, mediante las cuales si una mayoría de acreedores acepta los términos de una renegociación esto no niega la posibilidad de que otros acreedores puedan demandar.
De cara a mejorar la gobernanza del sistema, se reconoce que el G20, como institución ad hoc, creada tras la crisis de finales del siglo XX como foro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales, ha cumplido una función importante. El autor considera que ello constituye un avance frente a la escasa representatividad del G7, pero que debe transformarse en una institución internacional representativa, y además, debe aumentarse la participación decisoria de los países en desarrollo en las instituciones. Por último propone diseñar una arquitectura densa que incorpore las instituciones regionales, subregionales e interregionales.
Al evaluar la cooperación macroeconómica, la regulación del sector financiero, la reforma de las instituciones financieras internacionales y el comercio, Ocampo concluye que el cumplimiento de acuerdos más alto se ha dado en materia de política macroeconómica, mientras que el más bajo se manifiesta en materia de comercio, y destaca que el Proceso de Evaluación Mutua, lanzado en Pittsburg como mecanismo de cooperación macroeconómica, funcionó bien en las primeras etapas de la crisis como un consenso keynesiano que ha fortalecido la cooperación fiscal internacional. Además, recomienda crear un consejo de coordinación económica global que incluya a las agencias especializadas, entre ellas el FMI y el Banco Mundial, teniendo en cuenta los temas económicos, sociales y ambientales.
Tras reconocer que la actual estructura de gobernanza mundial tiene problemas de legitimidad y que el FMI no ha logrado superar la desconfianza que genera su sesgo antidemocrático y la crítica a las políticas que impone, se justifica un rediseño del sistema monetario, como el que propone Ocampo.
La emergencia del banco de los Brics puede entenderse como una reacción frente a la situación descrita.
