Un acuerdo de entendimiento entre Gobierno, empresa y sociedad civil, sobre la tesis que los recursos naturales son bienes públicos que generan valor para todas los ciudadanos, es la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer la operación minero-energética sostenible del país a corto y mediano plazo.
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Un reciente estudio del organismo multilateral y al cual tuvo acceso exclusivo Portafolio, afirma que la gestión institucional y la transparencia son elementos clave para generar las condiciones necesarias que permitan que el crecimiento en el sector sea sostenible, inclusivo y responsable, tanto en lo social como en lo del medioambiente.
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“En este sentido, una reforma integral en materia de gestión de procesos, del conocimiento, de información y multiactor en el sector extractivo ha sido un paso importante para poder tomar decisiones, en términos de política pública sobre la base de criterios de oportunidad y efectividad, que eventualmente incidan en el crecimiento sostenible del país con el objetivo de duplicar la inversión pública, mejorar la calidad y eficiencia, así como la capacidad de ejecución en los gobiernos subnacionales”, resalta uno de sus apartes.
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A renglón seguido, indica que la combinación de estos cambios institucionales sienta las bases para encarar el horizonte al 2030 con más certidumbre, generando capacidades clave en los órganos rectores del sector para eventualmente aprovechar una nueva bonanza en el sector extractivo.
El BID, en su diagnóstico, señala que los procesos de reingeniería hacia el interior de las instituciones públicas como el de la modernización en tecnologías de la información y comunicación, la creación de mecanismos que simplifiquen su intercambio y el diseñar herramientas para administrar de manera sostenible el uso de los recursos, son clave para trazar una ruta de entendimiento en la zona de influencia de los proyectos minero energéticos.
“Los estándares de transparencia son un primer paso crítico para mejorar la institucionalidad pública. La participación ciudadana es un requisito para una correcta gobernanza sectorial. El diálogo solo es fructífero cuando está orientado a generar resultados”, subraya el informe.
Sin embargo, el organismo multilateral pone sobre la mesa una serie de observaciones con respecto a desafíos y reformas pendientes de ser implementadas.
Entre estos temas, destaca que es clave seguir fortaleciendo los sistemas de planeación, gestión y seguimiento en el sector, “para ello es fundamental avanzar en la implementación del modelo de desarrollo para resultados en el desarrollo en las entidades sectoriales”.
Asimismo, señala que es necesario consolidar a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) en el tema extractivo como una gran central de información producto de un censo para contar con datos y cifras actualizadas y “certeras”.
Además, el documento resalta la necesidad de continuar con el proceso de implementación de la plataforma ‘MapaInversiones’ para generar más y mejor información respecto del control y la gestión fiscal.
Finalmente, el informe indica sobre la implementación de estándares para que la gestión multiactor se geste en un marco de sostenibilidad.
“Será fundamental acompañar al Gobierno, no solo de cara a la presentación de los primeros reportes de conciliación de cuentas del país, sino además en la generación de una plataforma de gestión a largo plazo para el sector”, resalta el informe.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio