La Comisión Europea aprobó el documento “Trayendo la naturaleza de nuevo a nuestras vidas”. Equivale a un documento Conpes, solo que allá aplica para 27 países y sus mandatos son obligatorios y cumplidos sin dilación. Es la estrategia para la biodiversidad en la próxima década, con tres objetivos: proteger la biodiversidad, ser respetuoso con la agricultura y asegurar la alimentación sana.
Los indicadores de gestión son claros y medibles: plantar 3.000 millones de árboles; reducir 50% el uso de plaguicidas y pesticidas; y lograr que 25% del suelo cultivado sea destinado a la producción orgánica.
No son buenas intenciones, sino que es un mandato para aportar a detener el cambio climático, a tener una producción más sostenible que no envenene el suelo, y a mejorar los hábitos alimentarios y frenar la propagación de enfermedades sociales.
También son un llamado de atención a los salvajes del resto del mundo, que deforestamos y quemamos nuestras selvas, envenenamos los suelos y el agua para producir las fortunas del crimen organizado, y que ingerimos alimentos ultraprocesados que matan más gente que el virus de la coyuntura.
A esta iniciativa hay que sumarle la de prohibir todos los motores de combustión en 2040 y generar no menos de 50% de la energía eléctrica con fuentes renovables y limpias antes de 2050. En Alemania, por ley, será apagada en 2021 la última central nuclear, decisión tomada por la tragedia de Fukushima.
Mientras tanto, tenemos sobre la mesa dos documentos Conpes de biodiversidad. Del primero, el 3697 de 2011, solo se cumplió parcialmente uno de los cinco objetivos: el de “fortalecer la capacidad institucional”, que es el mayor gasto en burocracia, para llenar escritorios con personas no calificadas pero recomendadas por políticos. Porque de “promover el uso comercial sostenible y productivo de los recursos biológicos” no se hizo nada en esos dos cuatrienios, a menos que se entienda que la hoja de coca sea un “recurso biológico”.
Y, en la salida, ese mismo gobierno aprobó el documento Conpes 3934, ingenuamente bautizado “Política de crecimiento verde”.
Con el mismo diagnóstico, incluido el de “ausencia de marco institucional, débil gestión de información e insuficiente financiación”, que fueron las soluciones que se había impuesto siete años antes, fijaron cinco objetivos, todos como sacados de un horóscopo (no se necesita saber nada para redactarlo), y sin ningún indicador de gestión que permita medir avances.
Mientras tanto, el virus que nos tiene hasta la corona no ha permitido que el gobierno se ocupe de muchas cosas importantes, como aprovechar la biodiversidad, para generar mayor valor agregado, crear más empleos productivos, aumentar nuestras exportaciones y ponernos a la vanguardia en el continente.
¿Se le habrá ocurrido a alguien pensar que Colombia podría “maquilar”algunas de las metas de la UE, para que hagamos de sus propuestas un negocio que nos produzca réditos? Les sugiero muy respetuosamente a los ministros de agricultura, medio ambiente, y comercio, pedir cita urgente con la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombart. El teléfono es 7477700.
Sergio Calderón Acevedo
Economista