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Economía

Destapan presunto cartel del mercado de la carne en Colombia

Investigan a sies empresas y 12 personas por prácticas anticompetitivas.

Carne

Las empresas se exponen a multas que van hasta los 100 salarios mínimos.

iStock

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Portafolio
septiembre 21 de 2021 - 11:42 a. m.
2021-09-21

Por presuntamente haber desarrollado un sistema anticompetitivo a través del cual restringieron la libre competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió formuló pliego de cargos contra 12 empresas del sector cárnico que operaban en Manizales y en los municipios de Chinchiná, Palestina, Neira y Aranzazu (Caldas).

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De acuerdo con la SIC, las empresas investigadas son Prosan en liquidación, Surtipiel, Agrosan, Charry Trading, Frigocentro y Cercaldas., que de hallarse culpables tendrían sanciones que van hasta los 100 salarios mínimos.

De acuerdo con la resolución de apertura de investigación,  primera estrategia anticompetitiva fue la celebración de contratos y acuerdos verbales de abstención de concurrencia celebrados entre Prosan en liquidacióny algunos de sus competidores (Surtipiel, Charry Trading  y Agrosan).

A través de estos acuerdos, se habría convenido que el único agente que compraría subproductos derivados del sacrificio de bovinos y de porcinos fuera Prosan en liquidación.

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La segunda estrategia fue el abuso del control indirecto que ostentaba Prosan en liquidación en la empresa Frigocentro, mediante lo cual restringió la entrada de posibles competidores en el mercado de adquisición de subproductos en la zona de influencia.

Finalmente, la última estrategia consistió constitución de Cercaldas como vehículo para continuar las conductas anticompetitivas llevadas a cabo por la empresa Prosan en liquidación y mantener su posición en el mercado de producción, distribución y comercialización de subproductos derivados del sacrificio animal.

Además, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra doce (12) personas naturales vinculadas con las empresas investigadas. Lo anterior, para determinar si habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los comportamientos investigados.

En este caso, las personas se exponen a sanciones de hasta 2.00 salarios mínimos legales vigentes.

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