El fantasma de las consultas previas está tocando las puertas de casi 400 proyectos, en ejecución o próximos a iniciar obras, los cuales podrían quedar paralizados de un tajo.
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Por medio de dos tutelas, presentadas por comunidades indígenas de La Guajira, la Corte Constitucional está debatiendo si las iniciativas que estén dentro de la llamada ‘Línea Negra’ –que es un territorio ancestral indígena– se debe aplicar o no ese mecanismo de participación ciudadana.
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Puntualmente, el tema está en manos del magistrado José Fernando Reyes Cuarta, quien, en su ponencia, estaría a favor de los arhuacos, con lo cual de ser aprobada por la Sala Plena de ese tribunal, frenaría la adjudicación de cientos de proyectos mineros, petroleros, de infraestructura vial, entre otros.
PARÁLISIS DE PROYECTOS
Asimismo, podría paralizar otra decena de iniciativas que ya están contratadas, pero que, al estar dentro de la zona, que fue decretada por el expresidente Juan Manuel Santos, se les aplicaría la obligatoriedad de cumplir con la consulta previa, a pesar de no estar directamente en las zonas de influencia.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que: “La inseguridad jurídica en las actividades que pudieran hacerse en el territorio de la ‘Línea Negra’ por falta de reglas claras, desincentivaría a los agentes económicos que desearen invertir, por los sobrecostos y demoras en la ejecución y entrega de las obras. Así mismo por la incertidumbre en la realización de los proyectos. Por ello, la Andi hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que regulen íntegramente la materia”.
Además, enfatizó que el gremio no pretende evitar la consulta previa en el país y específicamente en ningún territorio en que constitucionalmente se deba llevar a cabo.
No obstante, indicó la preocupación en el desarrollo económico y social de actividades de diversos sectores es en la falta de reglas claras para el desarrollo de los procesos de consulta previa. Actualmente, agregó, no existe legislación que establezca mínimos elementales para este mecanismo, lo que hace que sea “la dificultad principal para adelantar inversiones en los territorios delimitados en el polígono”.
En tanto, una fuente del sector privado, que pidió reserva, aseguró: “Nos preocupa que sea la Corte la que determine la obligación de que todos los proyectos tengan que tener consulta previa”. Y anotó que “otra preocupación que existe es que en el decreto se dice que la ‘Línea Negra’ es objeto de ‘protección especial’. Como no se sabe bien qué significa esa protección, un tribunal o la misma Corte podría hacer una definición que vaya más allá de lo garantista”.
Las comunidades, por su parte, no están solas. A su favor declararon investigadores del centro de estudios Dejusticia, que argumentaron que “la multiplicidad de autoridades, competencias e instrumentos que operan sobre la Sierra (Nevada de Santa Marta) exige que para una adecuada gestión y manejo del territorio es fundamental la existencia de canales efectivos de coordinación”.
Y agregaron que estas consultas tampoco serían suficiente, por lo cual le proponen crear unos “espacios de planeación integral y estratégica del territorio”. A diferencia de las primeras, su idea busca crear “escenarios para discutir el modelo de desarrollo a implementar en el territorio y planear estratégicamente la utilización y conservación de los recursos naturales presentes en él”.
Además, le pidieron al tribunal que mientras se resuelve cada caso, se “suspendan los títulos mineros vigentes y los trámites de solicitud sobre el territorio de la ‘Línea Negra’, hasta tanto no se garantice el derecho fundamental a la consulta”.
PASOS A SEGUIR
Este panorama tiene las alarmas prendidas sobre todo en el sector minero, si se tiene en cuenta que dentro de dicha zona hay dibujados casi 400 títulos –contando los vigentes y aquellos en trámite–, que se suman a otra decena de iniciativas de diferentes sectores que ya están en obras o a punto de comenzar.
El resultado de esta disputa quedará definido, en gran medida, según la interpretación que le dé la Corte al decreto firmado por el expresidente Santos, ya que allí no se determinó si los puntos sagrados definidos como territorios indígenas son aislados o conforman una zona conjunta, lo cual generaría una especie de polígono protegido.
La tarea de fijar la delimitación exacta de este lugar había quedado en manos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), pero esta tarea no se ha cumplido –según aseguraron diversos gremios– lo cual ha hecho que la incertidumbre sea mayor.
De hecho, los representantes del sector privado ya preveían el efecto que tendría esta norma, que entró en vigencia el 6 de agosto del 2018 –horas antes de terminarse el gobierno pasado–, y por eso le enviaron una carta a Santos, pidiéndole no firmarla (ver recuadro). No obstante, contra viento y marea, Santos la puso en marcha, y hoy, solo un año después, se están conociendo sus verdaderos efectos.
ANTICIPANDO EL FUTURO
Dos semanas antes de que el entonces presidente Juan Manuel Santos firma-
ra el decreto de la ‘Línea Negra’, directivos de 10 gremios le enviaron una carta en la que le pidieron reconsiderar su decisión de darle vía libre, por la “inconveniencia” de sacar esto ad portas de irse del Gobierno, “sin que se haya profundizado sobre sus impactos”.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que la redefinición de esta zona sagrada pasó de 54 a 348 los puntos que conforman el territorio ancestral, impactando grandes zonas de Cesar, Magdalena y La Guajira.
De allí que los gremios advirtieran que el decreto tendría un efecto adverso económico y social, ya que “derivaría en la congelación del suelo”, llevando a que “cualquier actividad productiva quede en el limbo”, un panorama similar al que se está viendo hoy en día.
