La administración del complejo carbonífero del Cerrejón y la comunidad Wayuu sellaron un acuerdo de convivencia en la zona de influencia de la mina. “Basados en el diálogo directo y el respeto a la palabra, la construcción de confianza mutua y el entendimiento de sus condiciones de vecindad, se lograron gracias a un acuerdo respecto a lo ordenado a la empresa en la Sentencia T – 614”, indica un comunicado de la minera.
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En la nota, la administración de Cerrejón señala que la comunidad indígena de Provincial ha retomado el entendimiento del acuerdo inicial, suscrito en noviembre de 2020, y se han hecho ajustes al mismo, “contenidos en el denominado otro sí No 1 al acuerdo, y hemos ratificado en su totalidad el texto sobre la materia, constituyendo ello un hito histórico entre las partes”.
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El perfeccionamiento de este Acuerdo es resultado de un consenso de los miembros del Resguardo, donde participaron las Autoridades Tradicionales, el cabildo, líderes y la asamblea en pleno de la comunidad.
“Las partes acordaron que, con la ejecución de los compromisos mutuos contenidos en los acuerdos suscritos, se da cabal cumplimiento a la ejecución de lo ordenado en la Sentencia T-614/19, en las resoluciones que le corresponden a Cerrejón en la citada sentencia y abarca otros temas que, aunque no hacen parte del fallo, fueron incluidos por ser de gran importancia y de beneficio general para los habitantes del resguardo”, resalta el comunicado.
El Resguardo Indígena de Provincial declara igualmente que su decisión de suscribir y ejecutar lo acordado con Cerrejón, se hace en ejercicio de su derecho fundamental a la autonomía, refrendando su capacidad para tomar decisiones y sin intervención de terceros. En tal sentido, no reconocen las actuaciones distintas a las propias ni declaraciones que no provengan de sus autoridades legítimamente constituidas.
“El Resguardo Indígena de Provincial y Cerrejón hacen una invitación pública a la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Presidente de la Comisión Técnica ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia T-614, y a las demás autoridades nacionales y regionales que hacen parte de dicha comisión, para que participen activamente en el seguimiento a la ejecución de estos acuerdos, para dar así cumplimiento cabal a lo establecido por la Corte Constitucional en el pronunciamiento ya mencionado”, indica el comunicado del Cerrejón.
