‘Chatarrización debería durar, al menos, un año más’

El presidente de Colfecar, dijo que al parque automotor le falta renovarse, por lo que proponen crear un programa que defina su vida útil.

Juan Carlos Rodríguez, presidente del gremio de transportadores de carga, Colfecar.

Juan Carlos Rodríguez, presidente del gremio de transportadores de carga, Colfecar.

Cortesía Colfecar

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Portafolio
octubre 02 de 2018 - 09:16 p.m.
2018-10-02

Al Gobierno le quedan menos de tres meses para decidir qué hacer con el programa de chatarrización, conocido como ‘el 1 a 1’, y los transportadores de carga y su logística, agremiados en Colfecar, creen que debería extenderse un año más.

En ese sentido, Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, habló con Portafolio sobre los retos que tiene el sector en materia de sobrecostos, regulación y equipamento; puntos que serán discutidos en el Congreso Internacional de Transporte de Carga y su Logística, que empieza hoy y va hasta el próximo viernes en Cartagena.

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¿Cuáles son las principales discusiones que se van a llevar a cabo en el evento?

El transporte ha sufrido una transformación muy importante en los últimos años. Por eso, el punto clave está en el rompimiento de los esquemas anteriores, lo que se ha visto reflejado en los costos, en el equipamiento y en la infraestructura. Afrontar esos cambios requieren un trabajo arduo.

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Una de las principales discusiones es el programa de chatarrización, ¿qué proponen ustedes al respecto?

Con el programa de chatarrización hemos venido en una dinámica muy pobre en cuanto a resultados, pues solo se han chatarrizado 32.000 vehículos y se requiere doblar los esfuerzos, pues más de 65.000 vehículos tienen más de 20 años. Eso quiere decir que cada día que eso se retrase, implica el envejecimiento del parque automotor y eso no nos hace competitivos. Creemos que es necesario crear un plan de equipamiento, a partir de lo que establezca la política pública.

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El compromiso con entes internacionales es que ese programa se acabe este año, ¿ustedes están de acuerdo?

Hay varios puntos que hay que considerar. Uno es el tema de los recursos, que son los que están destinados para el programa de renovación y que los tiene el Ministerio de Hacienda.

Hay que revisar eso y determinar si el programa termina el 31 de diciembre de este año o si se extiende más de ese periodo, que es lo que sí creemos que tiene que suceder en la medida en que las estimaciones dicen que hay al menos unos $400.000 millones, lo que significaría que por lo menos un año más tendría de vigencia ese programa.

Y la otra arista es que el envejecimento del parque automotor es una realidad, por lo que hay que crear un programa en el que se determine la vida útil. También hay que trabajar en un esquema del ahorro programado, para que el camionero pueda tener unos recursos para sustituir su vehículo.

Ustedes también se han quejado por unos sobrecostos en el sector, ¿qué propuestas tienen al respecto?

Ese es un tema que requiere una atención inmediata. Lo que creemos que se debe hacer es que los costos sean una referencia y no un punto de llegada, como está pasando actualmente.

¿Cómo ha sido la disposición del Gobierno para atender esas solicitudes?

Hemos tenido varias reuniones con el Presidente de la República, con la Ministra de Transporte y hay una disposición total con estos planteamientos. Ya se empezó a trabajar en los requerimientos y se darán algunos pasos de acción. En el caso del tema de la chatarrización, se dijo que se iban a revisar cuáles son los recursos existentes y se analizará la posibilidad de crear un plan de renovar el parque automotor. Y en cuanto a costos, el Gobierno también hará unos anuncios.

¿Cómo se puede combatir la informalidad y la ilegalidad del sector?

El sector de transporte tiene un compromiso, y que también se va a plantear en el congreso, y es en contra de la corrupción. Somos uno de los sectores más vulnerables y susceptibles de ser contaminados por la corrupción, pues cualquier persona con iniciativa privada puede acceder a él. En ese sentido, es clave que hayan condiciones de acceso más fuertes para ingresar al sector.

¿Cómo funciona eso actualmente?

Simplemente se consiguen 1.100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de patrimonio líquido y así ya se puede acceder a la prestación del servicio público de transporte. Eso lo evidencia el hecho de que hay más de 3.500 títulos habilitantes de transporte, de los cuales solo 1.600 reportan al sistema de costos eficientes. Eso quiere decir que más del 50% de ese universo no está reportando.

Esos que no reportan es porque están inactivos, son ilegales o informales...

Ahí hay una caja negra que es necesario determinar, porque ahí es donde se pierde todo el esfuerzo de un transportador formal, que es el que le da la cara a las autoridades. Hay que ponerle dientes al acceso de la prestación del servicio.

¿Qué normatividad será necesaria para ponerle 'dientes' al sector?

Hace diez años venimos pidiendo a las autoridades que hagan un inventario de todas esas empresas y vean por qué no están reportando al Sistema Nacional del Registro Nacional de Despacho de Carga y a partir de los resultados, se tomen las acciones pertinentes.

¿Cuáles son las expectativas para el sector al cierre de este año?

Ha habido un incremento en la facturación (2,14%) y en el número de tonelaje (2,36%) en las mercancías movilizadas en el primer semestre, y eso es positivo porque el transporte se mueve al ritmo de la economía. Sin embargo, vemos que se está transportando más, pero se está facturando menos; y eso es porque tenemos unos fletes deprimidos desde el 2008.

¿Qué hay que hacer entonces para que sea más rentable el sector?

Debe haber un control de costos operativo y hay que revisar la fórmula de los combustibles, porque si no lo hacemos, Colombia no puede ser competitiva.

María Camila González Olarte

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