Cien días en un cuarto de guerra

En la tarea de cubrir la deuda social del sector, se obtuvo una asignación presupuestal por $500 mil millones y mejoramiento de vías terciarias.

Infraestructura

En infraestructura, nos encontramos con 30 proyectos 4G que comprometen más de 90 billones de pesos. De ellos, solo 6 habían logrado avances del 35 por ciento.

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noviembre 15 de 2018 - 09:49 p.m.
2018-11-15

El Ministerio de Transporte es la entidad que mejor refleja la realidad de la administración pública en Colombia. Primero, porque, aunque su título no lo diga, su campo de acción es, sin duda, el más importante para un país: la infraestructura. Para allá se va todo el presupuesto.

Y para transporte, que es como se llama el ministerio, apenas se destinan el 4 por ciento de la inversión, y las políticas no le confieren ninguna importancia. Se trata del sector en que se ha acumulado el mayor atraso y la mayor deuda social del país. Tenemos una infraestructura rezagada con respecto a los retos que nos impone un mundo interconectado como el que vivimos. Y una deuda social que nos avergüenza: nuestros campesinos todavía no tienen acceso a una red de vías terciarias que le permita sacar sus productos para vender en los mercados.

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Segundo, porque es el ministerio que mejor ejemplifica las limitaciones que debe enfrentar la acción del Estado para llevar bienestar a sus ciudadanos. Transporte, se trata de un sector con altísimos niveles de informalidad, ilegalidad y evasión; con una creciente debilidad técnica, sin memoria institucional y una dispersión absoluta de los sistemas de información; y un exceso de trámites que le abre las puertas a la corrupción. Y en infraestructura, nos encontramos con 30 proyectos 4G que comprometen más de 90 billones de pesos. De ellos, solo 6 habían logrado avances del 35 por ciento, 3 proyectos que a pesar de tener algún avance estaban en problemas, y los 21 restantes en estado muy incipiente o parados.

En estas condiciones, asumir un ministerio con semejantes características, implicaba una decisión de fondo: crear un cuarto de guerra para enfrentar y resolver los problemas que se reciben, con el apoyo de un equipo con capacidad estratégica para buscar soluciones y planear lo que serán los próximos cuatro años de gobierno.

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El primer desafío estaba en restaurar la confianza de los distintos actores en el sector. Reunirlos y establecer un diálogo que permitiera a todos unir esfuerzos. Con el apoyo de la Procuraduría y los principales actores del sector, se pudo identificar la dimensión y magnitud real de los problemas de las 4G y definir una hoja de ruta que especifica las alternativas de solución.

El diálogo con los transportadores se planteó como una necesidad crucial. Se instalaron 2 mesas nacionales de diálogo sectorial y 6 mesas regionales que están permitiendo tener una imagen precisa de los problemas, de manera que se puedan identificar los cambios legislativos y regulatorios, que promuevan un sector transportador fuerte formal, legal y emprendedor. La infraestructura no sirve si el transporte que la utiliza no fluye adecuadamente.

El segundo desafío estaba en la urgencia de asumir el combate contra la corrupción. Se trata de un esfuerzo muy ligado a la creación de confianza, pero que implica la puesta en marcha de todo un sistema de veedurías que garantice la transparencia de los procesos.

Se instalaron 6 veedurías, lideradas por las cámaras de comercio y las universidades regionales, a las que se les entregó el ‘Gestor de Proyectos de Infraestructura’ (GPI), que es un sistema de información en tiempo real que da acceso a la información técnica, jurídica y económica de cada uno de los proyectos, incluso da acceso a los informes de interventoría de cada proyecto, de manera que se permita a la ciudadanía ejercer un control y supervisión sobre el contratista y/o el concesionario y sobre este ministerio, las entidades que contratan directamente las obras e incluso sobre otras entidades del Estado que participan en el desarrollo de las mismas.

El tercer reto estaba en la renovación del aparato institucional que regula y controla al sector. El primer paso se dio con la renovación de la Superintendencia de Transporte, con la que se busca asumir las funciones de vigilancia, inspección y control de los actores, con un énfasis claro y necesario de protección de los usuarios.

Esa renovación implica también un cambio de enfoque de las demás entidades del sector transporte para acercarlas mucho más a la gente, a las regiones, para desarrollar una mayor gestión social y comunitaria, y sobre todo para tener en cuenta sus realidades en la ejecución de los proyectos en curso y en la estructuración de los que se hagan en el futuro.

Atendiendo al principio de legalidad que promueve este gobierno, y al enfoque de bienestar de los ciudadanos que este sector demanda, hemos implementado un plan de choque contra la ilegalidad y siniestralidad vial, enfocado en 35 ciudades de 6 departamentos que concentran los mayores índices de siniestralidad vial. Este plan involucra actividades de prevención, educación, sensibilización y obviamente control, así como un sistema de seguimiento y monitoreo que nos permita determinar su impacto y su replicabilidad de largo plazo.

Finalmente, en la tarea de cubrir la deuda social del sector, en estos 100 días se logró obtener una asignación presupuestal por 500 mil millones de pesos para la estructuración de un programa de mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias, de la mano del Invías y el Departamento Nacional de Planeación.

Todo este esfuerzo está motivado por la convicción de que una adecuada conectividad promueve la equidad. Es lo que pasa cuando se permite a los campesinos llevar sus cosechas del campo a las ciudades, que los niños llegues a sus escuelas, que los empresarios puedan exportar sus productos al mundo, y que las personas puedan gastar menos tiempo en ir a su casa o al trabajo y mucho más a su familia.

Ángela María Orozco

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