La forma como el mundo produce y consume alimentos es inviable y la proyección es que en el 2050 las prácticas actuales sean insostenibles. En ese panorama, si Colombia sabe administrar bien sus recursos naturales, podría ser parte de la solución al problema mundial de inseguridad alimentaria.
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Eso dijo Ricardo Rapallo, oficial principal de seguridad alimentaria para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), quien estuvo en Colombia para reunirse con el Gobierno, algunos parlamentarios y representantes del sector privado. Rapallo destacó la riqueza colombiana y la importancia del proceso de paz para que el país siga su senda de desarrollo.
Vino a reuniones con algunas entidades del Gobierno, ¿a qué acuerdos llegaron?
Estuve con el Ministerio de Educación, el ICBF, Prosperidad Social y el Congreso de la República, porque con todos esos sectores tenemos distintos convenios para ayudarlos con políticas públicas. Estamos desarrollando algunos pilotos y proyectos vinculados a estadísticas e información.
¿Sí se monitorea lo suficiente la situación alimentaria en el país?
Creo que Colombia, México y Brasil tienen los sistemas nacionales de estadística e información más robustos. Otra cosa, que pasa en muchos países, es el propio monitoreo del impacto de varios de estos programas que se implementan. Ese es el gran cuello de botella que tiene Colombia, y gran parte de América Latina, en los programas de política pública de escala. Eso es lo que tratamos de apoyar.
La FAO lanzó un informe, a finales del año pasado, que habla de la situación de hambre, ¿cómo le fue a Colombia y a Latinoamérica?
Lo que se constata con el último informe es que después de 15 o 20 años muy positivos de la reducción del hambre, llevamos cinco o seis años en los que nos hemos estancado, y no hemos logrado bajar. Incluso hemos tenido algún repunte en la situación de hambre.
La otra cara de la moneda, que es lo que se está tratando de entrar en la agenda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es la malnutrición por exceso, y eso en América Latina está subiendo rápidamente, pues se está situando como una de las regiones con mayor prevalencia de sobrepeso infantil y obesidad.
¿Eso a qué se debe?
El problema de América Latina y el Caribe no es fundamentalmente una insuficiente producción de alimentos, o disponibilidad de ellos. De hecho, tenemos un pequeño análisis en ese documento según el cual tenemos todos los grupos de alimentos necesarios para llevar una vida relativamente sana. América Latina produce más de lo que necesitaría si estuvieran bien distribuidos los alimentos a todos sus ciudadanos. Incluso exporta y contribuye a la seguridad alimentaria mundial.
El problema es la situación socioeconómica, pues una importante población de la región no tiene los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica. Por eso, las cifras de la pobreza extrema y las de hambre van muy de la mano.
En ese sentido hemos hecho énfasis en la necesidad de políticas sociales para tratar de cerrar esa brecha. Además, los pobres son las personas que más porcentaje de sus ingresos dedican para comprar alimentos. En muchas poblaciones pobres, la obesidad está creciendo muy rápido precisamente porque comen mal. Normalmente, lo más saludable es más caro que lo que no lo es.
¿Esa situación se acentúa en niños?
En todos los grupos de población. La obesidad en adultos, hombres y mujeres está por encima del 20 por ciento en casi todos los países de América Latina y el Caribe, y en algunos países estamos por encima del promedio mundial. Lo mismo pasa en América del Sur, donde la obesidad está por encima del promedio mundial.
Al tiempo que falta comida en algunas zonas, se desperdicia en otras...
Esa es otra paradoja de la región, porque conseguimos reducir el hambre pero sube la obesidad. Si los alimentos que produce la región se distribuyeran bien, se podría acabar con el hambre y la obesidad.
Entonces, ¿los gobiernos deberían entrar a regular qué se consume y qué no para evitar esos problemas?
El Estado tiene una obligación, como garante de derecho, de promover la salud como un interés público. Normalmente siempre ha habido un discurso dirigido a que es una decisión individual, que en parte es verdad.
Pero también sabemos que hay grupos vulnerables que viven en entornos urbanos con poco acceso a frutas, verduras o pescado; o que tienen pocos ingresos, además de un entorno de publicidad e información poco saludable. Ahí hay espacios en que el sector público debe intervenir.
Pero también hemos visto un gran movimiento desde la ciudadanía en el que se promueven campañas para que haya más transparencia en el etiquetado de los productos y en la publicidad.
Hay todo un debate alrededor de esos productos que no son tan buenos para la salud pero tienen un gran despliegue publicitario. ¿Organismos internacionales pueden entrar a poner pautas de qué hacer en esos casos?
Como Naciones Unidas, establecemos algunas recomendaciones en relación con eso que llaman nutrientes críticos: cuánta azúcar por cada 100 gramos debería tener un producto, por ejemplo, y esas tablas están. Nosotros tratamos también de dar a conocer ese problema con el Gobierno y parlamentarios. Después hacemos unas recomendaciones de políticas y mostramos también a los países que ya lo están haciendo. En México, por ejemplo, hay un impuesto a las bebidas azucaradas y se está evaluando el impacto. Nosotros recomendamos el consumo de frutas, legumbres, hortalizas y basar una dieta en lo que recomiendan las propias guías.
¿Cómo vamos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el hambre y la desnutrición?
América Latina y el Caribe cumplió con el objetivo del milenio que buscaba reducir a la mitad el hambre. Y tendremos que ser optimistas para cumplir unas de las metas más ambiciosas de los ODS que es acabar con el hambre y reducir la obesidad. La receta más exitosa en el pasado fue el compromiso político, que incluyó también a parlamentarios, sociedad civil y a la academia. Si todos esos actores se movilizan hoy, creemos que es posible.
Ustedes también están apoyando al Gobierno colombiano en el proceso de paz. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Según un informe que sacamos hace más de dos años, encontramos que no hay desarrollo ni seguridad alimentaria si no hay paz. La primera amenaza a nivel mundial al hambre son los conflictos bélicos.
Sin duda, un país en guerra es un lugar que potencialmente tiene problemas de seguridad alimentaria. Por lo tanto, lo primero es consolidar la paz, estabilizar algunas situaciones para que no haya violencia, y a partir de ahí es mucho más fácil construir procesos de desarrollo. En ese sentido, vemos con muy buenos ojos lo que está sucediendo en Colombia con el proceso de paz y por eso lo acompañamos en todo lo que decida.
Somos muy optimistas porque con el potencial productivo, biodiverso e intelectual que tiene Colombia no solo se va a garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos, que ya vemos en las cifras cómo vienen bajando en los últimos años, sino que van a ser parte de la solución de inseguridad de los países de América Latina y del mundo. Hay varios informes que lo dicen.
¿En qué sentido pueden ser parte de la solución?
Colombia es de los pocos países en el mundo que tiene agua, suelo, diversidad por explotar de una forma sostenible para alimentar a más colombianos de una manera adecuada.
Por otro lado, tenemos nosotros como ciudadanos la responsabilidad de no consumir desperdiciando tanto, y también de no comer de una manera tan desaforada. Y teniendo en cuenta la capacidad intelectual que tiene Colombia, no creo que no pueda hacerlo. Entonces creo que el país debería ser el que empiece a producir de una manera más inclusiva y sostenible en los próximos años.
MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE
Redacción Vida - El Tiempo