Colombia y España, con nueva ruta para invertir

El país ibérico es el primero de 15 con el que el Gobierno piensa entablar conversaciones para actualizar acuerdos de protección.

España

Sonia Perilla/Portafolio

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noviembre 22 de 2018 - 11:09 p.m.
2018-11-22

En medio de un ambiente enrarecido por la demanda de Odebrecht España a Colombia, el Gobierno Nacional ya tiene un documento establecido con el país ibérico para actualizar el Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) entre ambas naciones.

Este es el primer paso para renovar los 15 que tiene actualmente el país. En el documento, al que tuvo acceso Portafolio, se detalla que queda únicamente pendiente que sea avalado por la Comisión Europea, visto bueno que se espera recibir prontamente.

Una vez concluido ese paso se procedería a su firma por parte de los gobiernos de ambos países, para luego iniciar los trámites de aprobación ante las instancias legislativas respectivas.

Fuentes del Ministerio de Comercio explicaron que el de España es uno de los acuerdos más antiguos, por lo que lleva 11 años en vigencia.

¿Cómo se modernizará el Appri? El nuevo acuerdo tiene los mismos estándares de protección con los que contaba el anterior, pero aclara muchas cosas que quedaron grises en ese caso, porque no se sabía mucho cómo lo iban a usar los inversionistas.

“Detalla hasta dónde llega el poder regulatorio del Estado o cuáles son las definiciones de inversión y de inversión protegida, entre otras cosas. En particular, una de las cosas más importantes que explica es quién puede demandar a Colombia como inversionista español y quién demandar a España como inversionista colombiano”, dijeron fuentes del Mincomercio.

Vale destacar que el país europeo es actualmente el quinto inversionista más importante en Colombia, según las cifras del primer semestre del 2018, del Banco de la República.

Lo que dice el Appri vigente es que cualquier inversionista español podrá hacer uso del tratado y demandar a Colombia.

Lo que explica el nuevo es exactamente lo mismo, pero luego aclara que, para ser considerado un inversionista español, debe tener un giro ordinario de negocios consistente y un volumen de operaciones en el país anfitrión.

“Es una diferencia enorme porque con el anterior se puede leer que cualquier persona jurídica constituida en España puede demandar a Colombia. En cambio, cuando se aclara que tiene que tener una presencia sustantiva, significativa y un volumen de negocios en el país anfitrión, pues saca a todas aquellas que son empresas de papel en España”, aseveraron las fuentes.

Incluso el documento del nuevo acuerdo insiste en que “las nuevas disposiciones del mismo contribuirán a evitar más ágilmente episodios lamentables como el que actualmente enfrenta Colombia ante la demanda de inversión presentada por la empresa brasilera Odebrecht, alegando protección al amparo del Appri con España”.

Es así como desde el Mincomercio se supo que “ni al gobierno español ni al colombiano les gustó que una empresa brasileña, además la peor marca del momento en Latinoamérica, terminará asociada con el tratado con España”.

Según los expertos, allí se estaría aplicando la figura de treaty shopping, bajo la cual empresas tan grandes tienen matrices y subordinados alrededor del mundo y escogen un tratado que les sirva para entablar una demanda contra un Estado.

Por otro lado, el Gobierno colombiano tendría en la mira modernizar próximamente también el Appri con Reino Unido, en medio del Brexit y su proceso de refrendación de acuerdos internacionales.

Asimismo, con las nuevas aclaraciones en estos tratados, los Estados tienen derecho a regular por situaciones de política pública, salud, ambiente o protección al consumidor, cosa que no lo decían los anteriores, para aclarar y precisar los eventuales daños.

CASO FRANCÉS

En la Corte Constitucional reposa el documento de protección de inversiones entre Colombia y Francia, que se suscribió en el 2014 y que está bajo revisión en cuanto a las cláusulas del Appri.

En este contexto, Enrique Prieto, director de investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, junto con un grupo académico, emitió un concepto acerca de este caso.

Prieto concluye que, aunque el acuerdo ha tenido varias modificaciones positivas, hay algunos aspectos que todavía son preocupantes para el Estado colombiano. El académico llamó la atención sobre el artículo 16 del acuerdo, según el cual: “Cuando las leyes de una de las partes contratantes, o las obligaciones emanadas del derecho internacional existentes o posteriores al momento del presente acuerdo contengan disposiciones tanto generales como específicas que otorguen un trato más favorable que el previsto en el presente acuerdo, estas disposiciones aplicarán en la medida en que sean más favorables”. Esto quiere decir que las empresas francesas pueden beneficiarse de leyes domésticas o de otras normas internacionales.

Prieto manifestó que “esto es un agravante, dado el antecedente de que las empresas francesas demandan mucho a los Estados, basados en los Appri”.

No obstante, el profesor de la Universidad del Rosario aclaró que la inversión extranjera directa es importante para el desarrollo del país, en cuanto a generación de empleo, know-how, tecnología e incremento de las reservas nacionales.

“Solo que en este tipo de casos se deben hacer la mayor cantidad de aclaraciones, para que no haya espacio para amplias interpretaciones y se le facilite la tarea a los árbitros”, concluyó Prieto.

Andrés Felipe Quintero Vega

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