Comienza agitada agenda económica en el Congreso

Entre los más importantes están el PND y normas sobre regulación laboral, finanzas, propiedad de la tierra y cultura y entretenimiento.

Senado plenaria

El proyecto más importante de este semestre es el Plan Nacional de Desarrollo.

Foto: Senado de la República

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Portafolio
marzo 17 de 2019 - 07:40 p. m.
2019-03-17

Alrededor de una veintena de proyectos claves para diferentes sectores económicos están haciendo fila en el Congreso de la República, para su discusión durante las sesiones ordinarias que inician mañana y que finalizarán a mediados de junio próximo.

Las iniciativas buscan resolver o regular asuntos como el plan de gastos e inversiones del Gobierno al 2022, normas sobre medio ambiente, regulación laboral, construcción, finanzas, propiedad de la tierra, producción agropecuaria, vivienda y cultura y entretenimiento, entre otras.

Lea: (Análisis completo del Plan Nacional de Desarrollo)

Incluso, el Legislativo deberá discutir la última ley requerida para concretar el ingreso del Colombia a la Ocde,
y que le da vía libre al acuerdo de privilegios e inmunidades a los funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

El proyecto más importante de este semestre es el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo debate comenzó en sesiones extras, y debe quedar aprobado a mediados de mayo próximo y compromete recursos por más de $1.100 billones.

Las comisiones económicas conjuntas seguirán esta semana la discusión sobre esta iniciativa, que incluye temas complejos como las facultades extra que se le darían al presidente Iván Duque, para la unificación del presupuesto en el Ministerio de Hacienda y algunos cambios en pensiones.

También figura en la lista el proyecto de que plantea eliminar los tres ceros del peso (que viene desde el gobierno anterior), la prima extra que propone el Centro Democrático para familias de menores recursos y la política de cielos abiertos para el mercado aéreo colombiano.

A pesar de que no está aún en la agenda, el Congreso alista baterías para recibir una de las principales reformas que prepara el Minhacienda y que tiene que ver con los subsidios que se entregan a lo largo y ancho del país, con el fin de cuadrar la caja fiscal a corto y mediano plazo.

Estos debates podrían darse en este periodo legislativo o podrían dejarse para el segundo semestre del 2019, en el cual –sí o sí– tendrá que discutirse la ley del Presupuesto General de la Nación del 2020, que será el primero que arme y apruebe el propio gobierno Duque.

Otro proyecto de ley que será radicado esta semana por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sería el que le permitiría a Electricaribe permanecer a flote financiera y operacionalmente. La iniciativa hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional, vía estudio del Plan Nacional de Desarrollo.

El articulado establece que del bolsillo de los colombianos de estratos 4, 5 y 6 saldrán los cerca de $160.000 millones por año con los que se busca salvar las arcas de la electrificadora. Para el recaudo de los recursos, la iniciativa de ley busca crear una sobretasa $4 por kilovatio hora, destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial.

En tecnología se prevé el trámite el proyecto de Ley 152 de 2018 sobre modernización de las TIC, en el que se distribuyen competencias de regulación se amplían las licencias de uso de espectro, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión, y se dictan otras disposiciones. También está pendiente la propuesta de crear un regulador convergente para las TIC, normas para el uso de blockchain y la creación de la cátedra de prevención y fortalecimiento, en acceso a la tecnología, al igual que la regulación sobre buen uso y funcionamiento de las redes sociales y sitios web.

UNA NUEVA PRIMA LABORAL PARA SALARIOS BAJOS

Un proyecto polémico, por el costo para las empresas, es el que crea una prima legal para los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos. Este ya fue aprobado en primer debate de la Comisión Séptima del Senado, y está en camino para convertirse en ley.

Por otro lado, la ley del actor que fue radicada en el 2017, está a la espera de entrar a tercer debate en la Comisión Séptima de Senado. Este proyecto busca garantizar los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en Colombia y fomentar oportunidades de empleo en el sector. Así mismo, la ‘Ley Ana Cecilia Niño’, radicada en 2017, que prohíbe el uso del asbesto en el país, teniendo en cuenta
el efecto cancerígeno que tendría sobre las personas.

VUELVE Y JUEGA LA LEY DE TIERRAS

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, dijo que el Congreso debe tramitar de una vez por todas el eterno proyecto de ley de tierras, que está en la Comisión Quinta del Senado. “Si esto no se hace, la seguridad jurídica para la inversión en campo va a quedar en nada”.

Este toca aspectos como la extinción de dominio por inexplotación, la expropiación y los ocupantes de buena fe, pero apenas está para primer debate. “Esta propuesta ya surtió la consulta previa, pero aún no se ha iniciado su discusión”, dijo Bedoya.
Otra iniciativa clave del sector agropecuario es la relacionada con la lucha contra la informalidad laboral rural en Colombia, donde la tasa es del 88%. Este proyecto entra a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

“Este es un tema prioritario para la actividad agropecuaria y mejoraría las condiciones de los trabajadores del campo”. Los empresarios rurales le están pidiendo al Gobierno que si esta iniciativa no va a ser apoyada en el Congreso, incorpore en el Plan de Desarrollo estos tres elementos que fortalecerán la seguridad jurídica de la propiedad.

Entre tanto en salud, el Congreso deberá debatir la creación de la historia clínica electrónica única desde el registro perinatal hasta el fallecimiento. También figura una iniciativa que modifica temporal y parcialmente la financiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. Además, está pendiente la ley antitabaco y una norma sobre el derecho a la Salud Mental de la población, mediante la promoción y la prevención del trastorno la atención integral e integrada en Salud Mental.

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