Después de 10 meses de trabajo, la Comisión del Gasto y la Inversión Pública entregó el informe encargado por las autoridades económicas. En él, se analizó el comportamiento de la economía en los últimos años, así como sus causas y consecuencias.
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Una de sus principales conclusiones es que el panorama fiscal no está despejado, pues para llegar al déficit planteado en la regla fiscal, que es del 1%, hay que ajustar los gastos públicos, vía reducción de los gastos o por un aumento importarte de los ingresos.
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Si bien se hicieron recientemente dos reformas tributarias (2014 y 2016), sus efectos en materia de ingresos, especialmente los de la última, se diluyeron ante la reducción de la tarifa de tributación corporativa desde 40 a 33 % hacia 2019. Es decir que a pesar de incrementos en impuestos generales como el IVA, no se ha logrado el nivel de ingreso suficiente para lograr los objetivos planteados. Ahora su cumplimiento dependerá del incremento de los ingresos por vía de la formalización de la economía y de la gestión de la Dian, indica la Comisión.
De no conseguirse el aumento de ingresos por estas vías, se haría necesaria una drástica reducción del gasto gubernamental. La Comisión advierte que esto tendría serias repercusiones en el crecimiento económico. La población más afectada sería la de escasos recursos, pues se verían afectados los programas sociales. Sin embargo, debido a la inelasticidad del gasto público, sería difícil de alcanzar el nivel de reducción necesaria para lograr las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por esto la Comisión se enfocó en el mejoramiento de las estrategias actuales, más que en la reducción de unos gastos que, en el escenario académico planteado, no podría reducirse.
“Esta Comisión considera importante que el Gobierno evalúe de nuevo medidas para lograr un mayor recaudo y un sistema tributario más eficiente y equitativo. Esto deberá ser complementado por un esfuerzo propio significativo de las entidades territoriales -dado el potencial que existe-, y un uso más eficiente de los recursos del Sistema General de Regalías”, dice el informe.
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y REGALÍAS
Pensar en mecanismos de presupuestación que integren las necesidades de gasto de inversión nacional y regional así como las diferentes fuentes de financiación, como los de regalías y del Sistema General de Participaciones (SGP), entre otros.
La propuesta busca ir gradualmente hacia un esquema integración de los sistemas de información de gestión presupuestal, así como facultar al Gobierno en el Estatuto Orgánico de Presupuesto para que pueda actuar sobre las rentas de destinación específica y los gastos determinados por leyes a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo.
La idea es unificar el proceso presupuestal de funcionamiento e inversión en una sola entidad.
También se sugiere una reforma al Sistema General de Regalías (SGR) para eliminar hacer más flexibles los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas constitucionales; al tiempo que se integren los recursos con los de la Nación y los de las entidades territoriales en un sistema conjunto de planeación, programación y ejecución del gasto de inversión con impacto en las regiones.
Dentro de la reformas se abriría espacio para que los recursos de las regalías puedan financiar pagos de deudas territoriales referentes, entre otros asuntos, a salud, pensiones y fallos judiciales adversos.
También se sugiere la revisión de los porcentajes de regalías que reciben los municipios productores, cuyo bajo nivel ha desincentivado el apoyo local a proyectos mineros y petroleros.
Se propone la creación de un Consejo Fiscal consultivo, independiente del Gobierno y de los grupos políticos, de carácter altamente técnico y que analice y cuantifique los costos de iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley y las demandas en estudio de las Cortes y de los jueces, y dé cuenta de ello a la sociedad.
Finalmente la Comisión del Gasto señaló que sus recomendaciones son lineamientos generales de política a considerarse no solo en lo que resta de este Gobierno, sino que también deben ser tenidos en cuenta por los gobiernos venideros, en parte porque algunos de los cambios propuestos requieren de cambios constitucionales y de ley.
Julián Calderón H.
julcal@eltiempo.com
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