Con pliego desactualizado y sin diálogos regresan las marchas al país

Comité del Paro confirmó que mantiene los 104 puntos del pliego y pide que el Gobierno convoque un grupo de negociadores para
revisar los puntos.

Cacerolazo

La petición ambiental más importante de comité es la prohibición del ‘fracking’ en el país.

Héctor Fabio Zamora

POR:
Portafolio
enero 16 de 2020 - 10:09 p.m.
2020-01-16

Las protestas ciudadanas que fueron suspendidas al cierre del 2019 por las fiestas de Navidad y año nuevo se reanudarán este martes. Así lo señala la convocatoria hecha por el Comité Nacional de Paro que mantiene intacta la lista de 104 peticiones sobre 13 temas concretos, a pesar de que el pliego esté desactualizado a la luz de los hechos registrados en el último mes. Pese a la cita, este jueves en Bogotá hubo un anticipo de las protestas, protagonizado por estudiantes de la Universidad Nacional.

(Tensiones y protestas sociales en la región no terminarían pronto). 

La desactualización es consecuencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno a partir del 21 de noviembre pasado, de la aprobación de varias leyes, de la descalificación de algunos puntos, y por manejos que no son del resorte del Gobierno.

Al respecto, los organizadores de las marchas aseguraron a Portafolio que no modificarán ninguna de sus peticiones e indicaron que esto solo se daría si el presidente Iván Duque nombra un comité de negociación.

“No aceptamos la Conversación Nacional. Solo aceptamos negociación y, si producto de esto se requiere modificar algo del pliego, lo haremos; no podemos ajustar algo sin ni siquiera haber negociado”, afirmó Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

No obstante, aseguró que si se logra la negociación, se clasificarían los 104 puntos, dependiendo a qué rama del Estado le corresponde, aunque dijo que el Gobierno no ha mencionado esta posibilidad, por lo cual mantienen las movilizaciones.

Mientras esto ocurre, el Ejecutivo sigue adelante con la Conversación Nacional, con el objetivo de buscar consensos sobre la solución al descontento de diferentes sectores, incluyendo a quienes han participado en cacerolazos y a las personas que están inconformes pero que no expresan su situación.

PAQUETE ECONÓMICO 

Portafolio examinó los puntos del petitorio y encontró que varios son imposibles de negociar, ya que fueron aprobados o están en plena vigencia. También existen temas que el Gobierno Nacional descartó por ser inamovibles, tener carácter constitucional, corresponder a la seguridad del Estado o simplemente por no tener que ver con problemas sociales.

Los temas económicos, por ejemplo, son de difícil alcance.

Entre estos están el retiro de Colombia de la Ocde (aún no ha ingresado formalmente) y que no se privaticen bienes del Estado, lo cual no ha pasado.

(Aún no hay consenso para terminar el paro). 


La estatización 100% de Ecopetrol tampoco está sobre la mesa, ya que implicaría un costo fiscal muy elevado, tasado en unos $15 billones. Así mismo, perdería la independencia y autonomía administrativa, financiera y presupuestal que le han permitido crecer y competir con otras petroleras.

De otro lado, se encuentran en el pliego temas como aumentar el presupuesto del sector cultura y eliminar el 4x1.000, que requerirían del trámite de una ley, lo cual es plenamente resorte del Congreso de la República.

Asimismo, la eliminación de la reforma tributaria sería imposible de ejecutar, ya que esta fue aprobada, y por el lado de las reformas laboral y pensional aún no puede decidirse nada, ya que no han sido presentadas.

De igual manera, ya están en ejecución las leyes Naranja, Zidres, TIC y del Plan de Desarrollo, por lo cual, por ejemplo, no se puede desmontar la subida de las tarifas de energía para salvar a Electricaribe, ni el holding financiero, que ya tuvo su primera reunión.

Respecto al tema agropecuario, el comité pide que se discuta con las organizaciones sociales las nuevas condiciones para la revisión de los Tratados de Libre Comercio vigentes.

La realidad sobre este tema es que no habrá modificaciones y la única opción que queda en este tipo de temas es que, internamente, el país diseñe planes para ayudarles a los campesinos a ser más competitivos en los mercados internacionales y para que saquen provecho de las ventajas que ofrecen los acuerdos con los distintos socios comerciales de Colombia.

(Marchas afectan expectativas de los comerciantes). 

En otras de las solicitudes, los marchantes contradicen las señaladas en otros puntos del documento. Por ejemplo, se pide una política de formalización de empleo campesino y agropecuario, y al mismo tiempo que el Gobierno Nacional no tramite la reforma laboral que regule el trabajo por jornal o por horas.

Igual sucede con el punto 13 sobre construcción normativa. Allí se refieren a la necesidad de crear el Sistema Nacional Ciudadano y de condiciones pensionales, pero en otro de los puntos se solicita que el Ejecutivo se abstenga de tramitar una reforma pensional.

Pasando al tema ambiental, el aspecto con mayor énfasis tiene que ver con el no uso del fracking para extraer petróleo y gas. No obstante, para el sector petrolero del país, en la práctica aún no se puede hablar de esta técnica, ya que en el país no se desarrolla actualmente, y la suerte para su desarrollo solo quedará sellada en los próximos seis meses.

Esto no solo con la decisión del Consejo de Estado sobre la normatividad demandada, sino con los detalles de la reglamentación para poner en marcha los pilotos del también llamado fracturamiento hidráulico, con la cual se despejaría el camino para el ejercicio de esta técnica, pero solo a mediano y largo plazo.

FUERA DE LUGAR 

En los 104 puntos del petitorio de los miembros del comité de paro existen solicitudes que no tienen nada que ver con temas sociales o que generen malestar ciudadanos relacionados con la desigualdad.

Por ejemplo, actualizar el Código de Tránsito, garantizar la contratación de artistas locales en eventos financiados con recursos públicos y eliminar las batidas militares para el reclutamiento de jóvenes para que presten el servicio militar y declarar la emergencia climática y ecológica.

ANTICORRUPCIÓN Y PAZ

El pliego y las marchas, a pesar de tener una base económica, van más allá de lo anterior y rozan temas sociales, de paz, política y puntos pendientes de pliegos de protestas anteriores.

En cuando a la lucha anticorrupción, el Congreso ya aprobó la mayoría de los puntos, como la obligación de hacer pública las declaraciones de renta de funcionarios estatales de cierto nivel en adelante; la rendición de cuentas; la declaratoria de inhabilidad por conflictos de intereses y la cárcel efectiva a los condenados por corrupción.

Solo está pendiente de conciliación del proyecto que extiende los pliegos tipo a las regiones del país, en contraste con el articulado que buscaba reducir los salarios de los congresistas, que fue archivado. En lo que tiene que ver con la paz, el Gobierno tiene definida la realización del catastro multipropósito, luego de los pilotos realizados. Y sobre los demás puntos, la mayoría se refieren a aspectos generales.

Por ejemplo, frente a la necesidad de que se garantice la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, el Ejecutivo sostiene que todas las acciones de su programa están basadas en la defensa de la paz con legalidad. Sobre la adecuación del Presupuesto de 2020 con énfasis en la paz es imposible modificar, ya que el plan de gastos de este año fue aprobado en 2019 antes de las marchas.

Sobre la solicitud de retomar la agenda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el presidente Duque ha señalado que esa guerrilla debe cesar las acciones terroristas, abandonar el secuestro y liberar todos los ciudadanos en su poder. Igual sucede con los demás grupos armados, señalados en el quinto punto del pliego.

Acerca de las peticiones sobre la modificación de la doctrina de seguridad y defensa del país, es evidente que el Gobierno no cederá en esta solicitud, pues se trata de un asunto de Estado. En tanto, el Gobierno sostiene que se ha castigado y se seguirá castigando a los policías y militares que violen los derechos humanos.

DERECHOS POLÍTICOS 

Algo similar sucede con el bloque de peticiones de ‘Derechos políticos y garantías’, en el cual uno de los pedidos tiene que ver con la realización de un nuevo censo de población. El objetivo sería que “visibilice y reconozca a las comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera” para que se tengan en cuenta en decisiones de políticas públicas.

Pese a que el último censo es de 2018, esta inconformidad tiene como raíz una presunta omisión que se denunció, sobre que los encuestadores que no habrían hecho la pregunta obligatoria del autorreconocimiento étnico. Según el Dane, en Colombia 2,9 millones de personas se reconocen como afrodescendientes, 30% menos que las registradas en el censo del 2005.

Al respecto, la autoridad de las estadísticas ha asegurado que la disminución en estos datos se explica porque en los “contextos urbanos las personas no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento”.

En este aparte de las solicitudes, además piden un marco institucional y financiero para que se garantice la autonomía de los territorios titulados a comunidades étnicas, al tiempo que piden cese de todo tipo de violencia contra la mujer.

TEMAS SOCIALES 

Finalmente, el Comité del Paro se mantiene firme en las solicitudes sobre la protestas y los derechos sociales. En el primer tema, se incluyen 14 puntos, de los cuales aún se estudian, por ejemplo, el retiro del proyecto de ley que buscaría regular las protestas en el país y la implementación de una resolución, a nivel territorial, que fijaría acciones para garantizar las movilizaciones pacíficas.

Asimismo, en diferentes instancias siguen las investigaciones por la muerte del joven Dylan Cruz –en medio de una manifestación– y se está indagando por algunos casos de detenciones durante las jornadas del paro nacional del año pasado. En contraste, estarían descartadas, entre otras, el desmonte del Esmad, el traslado de investigaciones por ‘falsos positivos’ a otras unidades y la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, aunque en este caso la Procuraduría solicitó retirar una de las armas.

Por el lado de los derechos sociales, las peticiones también ascienden a 14, de los cuales se mantienen vivos y en discusión la creación de garantías para trabajadores en situación de precariedad, así como la aplicación de los convenios 190 y 161 de la Organización Internacional del Trabajo, que tratan sobre acoso y abuso laboral, y servicios de salud en el trabajo.

Hay otros, sin embargo, que están fuera de la órbita de discusión, tales como la eliminación de las EPS e IPS del sistema de salud colombiano, los cambios en las tasas de interés para créditos de vivienda y la financiación estatal de la red hospitalaria pública.


Recomendados

  • ECONOMIA
  • NEGOCIOS
  • MIS FINANZAS
  • OPINIÓN
Siga bajando para encontrar más contenido