La contingencia del 28 de abril de 2018 en la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) y que retrasó su entrada en operación hasta el 2022, representa un daño fiscal por $4,1 billones, estimó la Contraloría General.
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Para el ente de control, los hechos sucedidos en el citado año son producto de fallas en la planeación y ejecución del proyecto, lo que llevó no solo a que este daño fiscal se registrara por $2,9 billones por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; mientras que los restantes $1,1 billones son por lucro cesante.
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“El proceso fiscal fue abierto el nueve de noviembre de 2019, es decir que se tomó un año en llegar a la decisión de imputación, como resultado de una investigación por parte de un equipo de abogados, ingenieros y contadores”, afirmó Felipe Córdoba, contralor general.
El ente de control, así mismo, señaló que ante las “malas decisiones administrativas” en la construcción y puesta en marcha de la megaobra, procedió a imputar cargos por daño fiscal contra 28 personas (naturales y jurídicas), entre las que sobresalen exgobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellín como Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Alonso Salazar. Además los exgerentes de EPM Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.
La Contraloría también incluyó en la imputación dentro del proceso de responsabilidad fiscal a varios integrantes de las juntas directivas, así como a las firmas constructora Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón HSA.
Según el organismos de control fiscal el paso siguiente es la presentación de descargos por vinculados al proceso y una vez concluida esta fase el ente de control tomará las decisiones correspondientes en su etapa final.
Para Julián Ruiz, vicecontralor general, la contingencia “es el resultado de una larga cadena de errores” desde el diseño y planeación hasta la ejecución de la obra, que tuvieron como primera consecuencia la afectación a varias cabeceras municipales que esperaban la entrada en funcionamiento del proyecto en 2018, situación que produjo un lucro cesante de $1,1 billones.
Es decir, que ante la demora de la hidroeléctrica en entrar en operación, ya que representa poco más del 17% de oferta de electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN), no ha cumplido con los compromisos de generar energía desde septiembre del 2018.
La segunda consecuencia que encontraron los peritos del ente de control fiscal tiene que ver con el aumento “desmesurado” de los costos del proyecto. Recordó el contralor Córdoba que inicialmente el megaproyecto estaba trazado en $6 billones, suma que se elevó hasta los $13 billones.
Finalmente, la tercera consecuencia, como lo explicó el funcionario, “es la grave contingencia que se presentó el 28 de abril de 2018 que amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras”.
