Decenas de motos serpentean, a diario, las trochas que conectan a Colombia con Venezuela, escoltando camiones cargados de gasolina y haciéndole el quite a buena parte de las autoridades colombianas.
Aproximadamente 250 caminos arenosos y cruces sin control conforman la maraña de rutas irregulares, por donde los fugaces conductores pasan millones de galones de combustible de contrabando, inundando La Guajira con gasolina low cost, que horas después se vende a plena luz del día en las vías de Paraguachón, Maicao y Cuestecitas, entre otras.
LE HACEN EL QUITE
La crisis del país vecino –que ha impactado decenas de industrias en ambos lados de la frontera– está lejos de terminar, pero sí está cerca de acabar con el negocio legal de la gasolina y el ACPM de la zona de frontera, que hoy por hoy sobrevive con las uñas.
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Así lo confirman las cifras encontradas por el centro de estudios Fedesarrollo, que señaló que “el consumo de gasolina y ACPM está por el orden de los 1.700 y 2.000 millones de galones, respectivamente”, y el contrabando se calcula en un 15%, lo cual, en plata blanca, refleja que hasta más de 500 millones de galones son fraudulentos.
El costo fiscal para Colombia no es menor, si se tiene en cuenta que el país se enfrenta a un mercado que roza los $5 billones cada año, y que le quita a las arcas del Estado $1,2 billones por el no pago de impuestos, según cálculos de Mauricio Reina, Carlos Mesa y Tomás Ramírez, investigadores del tema.
Y es que ‘echando calculadora’, lograron determinar que de haber ingresado el combustible de forma legal, “el recaudo fiscal habría aumentado en cerca de $865.000 millones para el Gobierno Nacional y $412.000 millones para gobierno locales”.
(Lea: 'Cerca de 15% del combustible en Colombia es de contrabando')
Lo anterior, es el reflejo de la realidad diaria que viven, sobre todo, los habitantes de las poblaciones anexas a la frontera con Venezuela, quienes cada día tienen a los pimpineros como actores principales de una película de terror para los industriales legales.
Así lo cree Jairo Gómez, presidente de la junta directiva de Fendipetróleo, quien afirmó que “actualmente, la situación está más cruda que nunca, y es que a pesar del cierre de la frontera, sigue ingresando combustible de contrabando desde allí y eso se nota con la cantidad de pimpineros ofreciendo combustibles en las calles. Los distribuidores no están alcanzando ni a consumir su cupo”.
Como si esto fuera poco, lo que se ve en el terreno es todavía peor. Un empresario del sector dialogó con este diario y confirmó que la migración de venezolanos hacia Colombia generó un incremento en la competencia, pues ahora, según dijo, son ciudadanos de ese país los que mueven el combustible hasta la frontera, pero cuando entra al territorio colombiano.
CIERRE DE FRONTERA
“El tema está hoy más delicado que nunca, y la verdad no tiene lógica porque si la frontera está cerrada, ¿por dónde ingresa tanta gasolina contrabandeada? Ese es el principal interrogante que tenemos, porque a La Guajira la tienen inundada; Maicao, por ejemplo, es el emporio por donde entra la mayor parte, y se encuentran precios escandalosos de entre $2.000 y $2.500 por galón de ACPM; y $3.000 por uno de gasolina”, añadió.
En su concepto, el Gobierno no le ha prestado mucha atención a esta problemática, y aseguró que los negocios formales están quebrados y a punto de desaparecer, “por cuenta de las mafias que están incrustadas en este negocio, las cuales ahora no solo incluyen a colombianos, sino también venezolanos recién llegados al país”.
“La principal mafia en Venezuela es la misma Guardia Bolivariana y el Ejército, que traen a la frontera todo el contrabando, pero ahora la gente del común está de este lado operando redes ilegales y arruinando un negocio, en el que ya nadie puede competir”, concluyó el empresario.
GUERRA DECLARADA
Esto, por supuesto, es un panorama muy bien conocido por las autoridades colombianas, que solo la semana pasada lograron la incautación de más de 3.000 galones de gasolina en Maicao y Cuestecitas, avaluados en unos $200 millones.
Así lo informó la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), al indicar que en todo el año pasado se desarrollaron más de 2.700 acciones de control, en las cuales se aprehendieron 758.000 galones de combustibles, avaluados en más de $5.500 millones.
Sin embargo, el capítulo 2019 de esta guerra apenas comienza y la Polfa alista el lanzamiento de una nueva estrategia. Se trata de la creación de un centro de hidrocarburos, que se llamará el CIC2H, el cual comenzaría a operar en menos de un mes.
“Desde la semana pasada hicimos la presentación a las entidades involucradas en el tema; este centro busca crear una articulación plena entre las diferentes entidades del sector público y los actores del sector privado, de tal modo que encontremos debilidades y enfaticemos las fortalezas”, agregó el general Buitrago.
La meta final es contrarrestar el contrabando de combustibles de tal modo que se supere lo logrado el año pasado, y el costo fiscal para el país disminuya a corto y mediano plazo.
CARNE, OTRO DE LOS PROBLEMAS
El flagelo del contrabando desde Venezuela tiene, además, otra arista y es el ingreso fraudulento de reses. El estudio hecho por los investigadores de Fedesarrollo cita a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), que asegura que de cada cinco animales consumidos al día en el área metropolitana de Cúcuta, cuatro provienen del contrabando de ganado de Venezuela. Lo anterior, “representa un mercado del orden de los US$135 millones anuales”, es decir, aproximadamente $425.000 millones. Además, como lo dicen los expertos de Fedesarrollo, “este contrabando presenta riesgos de sanidad para el país, como lo muestra el regreso de la fiebre aftosa a Colombia en 2017 después de casi una década”.
Sebastián Londoño Vélez
En Twitter: @SLondonoV