Contraloría abre proceso contra Cerro Matoso por regalías que no pagó

La compañía respondió y señaló que el alcance de esta investigación carece de sustento jurídico.

Las instalaciones mineras de Cerromatoso están ubicadas en Montelíbano (Córdoba).

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febrero 18 de 2020 - 07:57 p.m.
2020-02-18

La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería –ANM y la empresa concesionaria Cerro Matoso S.A por un posible detrimento de 619.000 millones de pesos.

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El detrimento se habría generado porque Cerro Matoso no habría pagado todas las regalías que debía girar al Estado por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012. Esto ocurrió con la mina de Cerro Matoso que opera en Montelíbano (Córdoba).


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De los $619.000 millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes

Otros $386.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados.

Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado

El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento, señala el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba

CERRO MATOSO RESPONDE

Frente a la investigación, la compañía en un comunicado señaló que la cifra mencionada por la Contraloría es desproporcionada e injustificada, ya que desconoce la fórmula contractual y adicionalmente incluye el cobro de regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar según la ley y los contratos.

Asimismo afirmó que la compañía siempre ha pagado regalías de buena fe y ceñida a la normatividad legal y contractual que le aplica.

"La empresa considera que el alcance de esta investigación carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca", puntualizó.

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