Economía

Imputarán cargos a exfuncionarios de Medellín en caso Hidroituango

Entre los imputados están Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, entre otros. 

Hidroituango

En total son 3.200 personas las que laboran en Hidroituango.

Archivo particular

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Portafolio
diciembre 03 de 2020 - 10:09 a. m.
2020-12-03

La Contraloría General de la Nación imputará cargos contra 19 personas por un presunto detrimento de 4,1 billones de pesos por las irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto Hidroituango.

(Pulso político por informe de los ‘pecados’ de Hidroituango). 

Entre los imputados fiscales por las obras de la hidroelectríca están el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, así como el exgobernador Luis Alfredo Ramos.

En el caso de Fajardo, la Contraloría lo sindica de acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva. También por omitir su deber de cuidar esta obra.

En el caso de Ramos, responderá por omisión en la falta de cuidado en el megaproyecto de la hidroeléctrica.

También responde el hoy gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria, al que se le imputaron cargos por omisión en su deber de cuidado sobre el proyecto.

Otro exalcalde de Medellín que responderá por estos hechos es Fabio Alonso Salazar Jaramillo. En la imputación fiscal, además, está llamada María Eugenia Ramoos Villa, quien era Secretaría de Planeación Departamental, y el exsecretario de Infraestructura Rafael Andrés Nanclares Ospina.

Pero también deben responder tres consorcios y contratistas. En la imputación fiscal están el Consorcio Túneles Ituango, que construyeron los túneles de desviación; el Consorcio Ingetec, como interventor de la obra; y el Consorcio Generación Ituango, como diseñador y asesor.

Todos estos funcionarios y empresas deberán enfrentar un proceso fiscal, cuya investigación fue abierta por la Contraloría General en noviembre del año pasado por el detrimento que sería superior a los 4 billones de pesos.

Para tasar esa posible pérdida se tuvo en cuenta que por lo menos 1,1 billones de pesos se han generado como pérdida en el proyecto por un lucro cesante, es decir, por la demora de la hidroeléctrica en entrar en operación, pues debía estar funcionando y generando energía en septiembre del 2018. Y los otros 2,9 billones de pesos de detrimento tienen que ver con la destrucción de bienes del proyecto y pago de mayores valores que no estaban justificados.

Una de las irregularidades que generó pérdidas tiene que ver con el acelerador que se le imprimió al proyecto ya que venía atrasado y necesitaban que pudiera cumplir con los cronogramas pactados. Ese acelerador llevó a crear un tercer túnel de desviación del río Cauca, el de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), lo que terminó debilitando la estructura.

Ese fue el túnel que colapsó en el 28 de abril del 2018, tras un aumento del caudal del río Cauca que sobrepasó su capacidad de descarga, generando una contingencia, poniendo en alerta roja la estabilidad de toda esta megaobra ha implicado pérdidas en el proyecto de más de 800.000 millones de pesos.

Según dijo en noviembre la Contraloría, en su auto de apertura de la investigación, “con esta decisión EMP se apartó no sólo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores, respecto del cambio de diseño que incluía la GAD; decisión que aumentó el riesgo del proyecto”.

Así las cosas, la GAD, que era una modificación muy grande en la obra y no estaba estipulada en el contrato, se construyó sin tener una licencia ambiental y sin una previa autorización de la junta directiva de la sociedad.

De otro lado, ante la contingencia y taponamiento de los túneles, se tomó la decisión de desviar el caudal del río Cauca por la Casa de Máquinas, mientras el nivel del agua en el embalse iba aumentando, y como la presa no estaba terminada decidieron realizar un relleno prioritario distinto al diseño original para evitar el colapso de la presa. Para la Contraloría, la decisión de pasar el agua por la Casa de Máquinas ocasionó daños en la infraestructura, en equipos, así como afectaciones ambientales y sociales de las poblaciones aledañas.

Esa situación llevó a que se tuvieran que hacer mayores inversiones que no estaban justificadas porque el problema se generó por la falta de planeación, ejecución y seguimiento en el proyecto, y a que la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica se retardara aún más.

En la investigación la Contraloría también determinó que desde el 2008 el proyecto venía presentando rezagos en la contratación, estudios y diseños. Y desde que se aprobó el inicio de la contratación (el 29 de setiembre del 2010) hasta que se firmó el acta de inicio anticipado de obras (el 11 de agosto del 2011), pasó casi un año. En ese contrato se le entregó al consorcio CCCI la responsabilidad de ejecutar las obras de superficie, específicamente la presa, mientras que a CTIFS se le encargó terminar las obras subterráneas.

En el caso de CCCI, sus obras iniciaron en octubre del 2012 y debían estar listas en diciembre del 2018. Sin embargo, debido a la modificación que sufrió el proyecto no solo se cambiaron los cronogramas sino que además se generaron nuevos costos en la obra.

OTROS INVESTIGADOS 

Dentro del grupo de llamados a imputación también aparecen en calidad de gerentes de EPM Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, y como miembros de la junta directiva Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios.

Los demás imputados son Alejandro Antonio Granda Zapata (funcionario del IDEA),Álvaro de Jesús Vásquez Osorio (gerente de IDEA), Iván Mauricio Pérez Salazar (gerente del IDEA, y además delegado por Sergio Fajardo en la junta directiva) y Jorge Mario Pérez Gallón (funcionario del IDEA).

También deben responder como gerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya Salazar, y el gerente de EPM-Hidroituango Luis Javier Vélez Duque.

A CINCO PERSONAS SE LES ARCHIVÓ EL PROCESO 


Al decidir imputar cargos a varios involucrados, la Contraloría también definió que se archivará el proceso contra cinco personas y una auditoría.

Ellos son Jorge Alberto Julián Londoño de la Cuesta, quien era gerente de EPM entre el 2016 y 2019, porque a juicio de la Contraloría no obró con culpa grave, lo mismo que a Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, quien era secretario privado de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo.

Además, fue archivado el proceso contra Sebastián Álvarez Díaz, quien era gerente de proyectos de Antioquia, quien según la Contraloría nunca tuvo una actuación principal porque había sido delegado por Fajardo. También se archivará el caso contra Wilson Chinchilla, quien era funcionario de EPM y miembro de la junta directiva, porque siempre se declaró en conflicto de interés y no participó en la toma de decisiones.

El otro proceso archivado es el de Hugo Mora Tamayo, porque aunque hizo parte de la junta directiva casi siempre fue suplente y no actuó con culpa grave. La auditoría a la que se le cierra el caso es Gestión y Auditoría Especializada.

Redacción Justicia
Twitter: @JusticiaET

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