Desconociendo la ley de garantías, se sigue contratando en las regiones. Así lo dijo este martes el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien señaló que entre el 1° y el 31° de enero de 2018, las entidades territoriales suscribieron un total de 131.531 contratos por una suma superior a los $3,8 billones, de los cuales el valor de la contratación directa representaba el 86% sobre el total de recursos contratados en el periodo.
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La entidad realizó un nuevo análisis de la contratación pública celebrada entre el 27 de enero y el 17 de junio de 2018, en el que encontró que en ley de garantías se suscribieron un total de 83.458 contratos bajo la modalidad de contratación directa por valor de $2,43 billones, de los cuales 61.873 contratos, en cuantía de $1,4 billones, corresponden a contratos suscritos por Empresas Sociales del Estado, a quienes no les es aplicable las restricciones.
Así, de los 21.585 contratos restantes, la Auditoría tomó una muestra de 3.300 por valor de $340.000 millones, entre los cuales identificó que 672 suscritos bajo la modalidad de contratación directa por más de $21.000 millones, presuntamente habrían incumplido la ley de garantías.
Precisamente por esto, el funcionario del ente de control llama la atención a las contralorías territoriales para que tomen las acciones legales frente a los contratos celebrados por sus sujetos de control que incumplan la normatividad.
Igualmente advirtió que, con el actuar de las entidades que incumplieron la ley, “se hace evidente el quebrantamiento del principio de transparencia y de planeación contractual, lo que sitúa en posición de riesgo la gestión pública en desatención a los principios que rigen la función administrativa”.
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Dados los hechos evidenciados, la Auditoría concluye que “es preciso hacer un llamado especial a las contralorías del país con el fin que incluyan dentro de sus ejercicios auditores la evaluación de este relevante asunto. Pues, no cabe duda que si en la muestra evaluada por este organismo de control, consistente en la revisión de 3.300 contratos, se encontró que en 672 casos se incumplió la referida ley, frente al número de los contratos restantes reportados (...) pueden existir muchos más eventos en los que se hubiera podido omitir su cumplimiento”.
Finalmente, en razón a las nuevas elecciones territoriales a realizarse el próximo 27 de octubre, se hace un nuevo llamado a las contralorías territoriales para que estén atentas a la restricción que dicha ley establece frente a la suscripción de convenios interadministrativos en los cuales se involucren recursos públicos.
Por último, Rodríguez insistió en la necesidad de revisar la norma y evaluar el grado de efectividad y conveniencia de la misma, por cuanto no está cumpliendo con la finalidad constitucional y legal para la cual fue expedida.
Vale recordar que la entidad había hecho un llamado de atención en marzo del 2018, unos meses después de que comenzara la ley de garantías, y desde ese momento ya se había encontrado que decenas de contratos fueron entregados ‘a dedo’.
ANÁLISIS PRELIMINAR
Un análisis preliminar de la Auditoría, del primer mes de entrada en vigencia de la ley de garantías del 2018, encontró que entre el 1° y el 31° de enero de 2018, las entidades territoriales suscribieron un total de 131.531 contratos por valor superior a los $3.8 billones, de los cuales el valor de la contratación directa representaba el 86% sobre el total de recursos contratados en el periodo.
“Dichas cifras fueron superiores a las reportadas en el mismo periodo del año inmediatamente anterior, en el que se realizaron 52.435 contratos directos por $1,6 billones”, aseguró la entidad.
