Corte estudiará tres demandas contra la reforma tributaria

Una fue presentada por el senador Roy Barreras por vicios de trámite, y las otras dos piden ‘tumbar’ artículos específicos. 

Reforma tributaria

El Congreso aprobó el año pasado la reforma tributaria, pero según un demandante, lo hizo con vicios de trámite.

Archivo particular

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Portafolio
enero 15 de 2020 - 10:13 p.m.
2020-01-15

Como un déjà vu del año pasado, a la Corte Constitucional comenzaron a llegar demandas contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, por supuestos vicios de trámite.

Tres documentos ya fueron radicados ante el alto tribunal, de los cuales el más reciente fue presentado este miércoles por el senador de La U, Roy Barreras, quien asegura que la norma fue tramitada nuevamente con vicios de forma.

(Alistan un paquete de más de 20 decretos para la tributaria). 

“Será bueno para la economía colombiana que esta mala reforma se caiga, por la improvisación, por la chapucería con que fue aprobada, a las carreras y en las madrugadas (...). La reforma terminó llena de vicios”, dijo el congresista.

Y apuntó que “estamos dejando en evidencia cinco causales por la que la iniciativa será declarada inexequible, pero además la reforma es inequitativa y les entregó billones de pesos a los más ricos, (pero) mantuvo la carga tributaria sobre los trabajadores, empleados independientes y pensionados, y no hizo nada para generar empleo digno. Además, abre un déficit fiscal enorme en el 2021 y 2022, disminuyendo el recaudo tributario colombiano, lo que pone en riesgo la inversión social de los años que vienen”.

(Tres días sin IVA: Estas son las cantidades, artículos y montos). 

Así las cosas, los magistrados tendrán, inicialmente, la tarea de estudiar si admiten o no estas peticiones, en las que también están dos que fueron interpuestas por el abogado Andrés de Zubiría y dos directivos del Centro de Estudios Empresariales Ignacio Sanín Bernal.

Vale señalar que solo la demanda interpuesta por el senador Barreras pide la inexequibilidad de toda la reforma tributaria –argumentando errores de forma–, en tanto que las otras solicitan ‘tumbar’ artículos específicos.

DEMANDA 2


De Zubiría, por ejemplo, asegura que siete puntos de la iniciativa violarían la progresividad tributaria, la autonomía territorial y departamental y la equidad que debe existir a la hora de legislar sobre impuestos.

Puntualmente, la demanda pide eliminar del Estatuto Tributario los cambios hechos en impuesto de renta a personas naturales, que aumentó las tarifas a pagar de las personas que reciben desde unos $35 millones al mes. Además, solicita que desaparezca el Régimen Simple de Tributación, los beneficios económicos para megainversiones y las menores tarifas de renta para las empresas.

Igualmente, le pide a la Corte Constitucional que declare inexequible el artículo 144 de la ley, con el cual se aprobó que las empresas de licores departamentales que se creen después de la expedición de la ley tendrán que ser compañías industriales y comerciales del Estado del orden Departamental.

DEMANDA 3

El tercer documento que estudiará la Corte pide exclusivamente la inexequibilidad de un parágrafo que aprobó el Congreso con el cual se le dio vía libre a la sobretasa del impuesto de renta al sector financiero.

Según los demandantes, se estaría violando el principio de equidad tributaria, en tanto que se “consagra una imposición adicional y diferencial aplicable a un sector específico de la economía nacional, sin justificación constitucional razonable”.

Esta norma ya había sido ‘tumbada’ por la Corte de la Ley de Financiamiento, al no haber contado con el aval del Gobierno. No obstante, en este caso se estudiará si es o no constitucional (de fondo).

RENTA A LAS EMPRESAS 

Las empresas pagarán 32% de impuesto de renta en el año gravable 2020, excepto las del sector financiero, que tendrán una tarifa de 36%.

Para el 2021, la cifra general bajará a 31%, pero la de los bancos será de 34%.

En el 2022 se dará el último bajonazo, cuando la tarifa general de renta empresarial llegue a 30%, sin contar a las firmas del sector financiero, que tendrán que pagar 33%.

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