Presentan informe de actividades de examen preliminar en caso local 

A través de su Fiscalía, confirmó que seguirá prestando especial atención a la investigación de todos los delitos cometidos en el marco del conflicto.

Sesión de la Corte Penal Internacional.

Sesión de la Corte Penal Internacional.

POR:
Portafolio
diciembre 12 de 2018 - 10:48 p.m.
2018-12-12

El pasado 5 de diciembre, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reveló un informe sobre las actividades de examen preliminar del año 2018, en el que relaciona las situaciones en la fase 3 (admisibilidad) para el caso colombiano.

Según esa instancia, “La situación en Colombia ha estado en examen preliminar desde junio de 2004. La Fiscalía ha recibido un total de 229 comunicaciones con arreglo al artículo 15 del Estatuto de Roma, en relación con la situación de Colombia”.

La CPI recordó que Colombia depositó su instrumento de ratificación del mencionado estatuto el 5 de agosto de 2002, razón por la cual, dicha corte es competente respecto de los crímenes del Estatuto de Roma, ER, cometidos en territorio nacional o por sus nacionales desde el 1º de noviembre de ese mismo año. Asimismo, señaló que “existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad con arreglo al artículo 7º del ER por parte de distintos actores en la situación en Colombia desde el 1º de noviembre de 2002”. Entre los crímenes cometidos, se incluyen asesinatos; traslado forzoso de población (desplazamiento forzado); tortura, violación y otras formas de violencia sexual. Igualmente, señaló la CPI, hay fundamentos razonables para creer que con arreglo al artículo 8º del ER, “se han cometido crímenes de guerra en el contexto del conflicto armado sin carácter internacional en Colombia”, entre ellos: homicidios; ataques dirigidos contra la población civil; torturas y tratos crueles; ultrajes contra la dignidad personal; toma de rehenes; actos de violación y otras formas de violencia sexual; y reclutamiento, alistamiento y utilización de niños para participar activamente en las hostilidades. Todos estos crímenes, encuadran en lo contemplado en el artículo 8º del ER.

Otro de los aspectos importantes destacados en el informe, es la identificación de 5 casos potenciales relacionados con los llamados “falsos positivos”, en los que están involucrados “cientos de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las brigadas que actuaban bajo la Primera División (Brigada 10), la Segunda División (Brigadas 30 y Brigada Móvil 15), la Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28), la Quinta División (Brigada 9) y la Séptima División (Brigadas 4, 11 y 14) de las fuerzas armadas”. En este sentido, indicó la CPI, se constató que las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos con arreglo al sistema de justicia ordinario que son relevantes para el examen de admisibilidad de los casos potenciales.

En relación con esta misma materia, el informe de la Fiscalía de la CPI, menciona que “la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (‘Sala de Reconocimiento de Verdad’ o la ‘Sala’) dictó un Auto de (sic) priorizar las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, cometidas entre 1985 y el 1º de diciembre de 2016, en 29 de los 32 departamentos de Colombia.

La orden señala que, luego de un análisis de la información tomada en consideración por la Sala, parecería que aproximadamente el 60% de los presuntos crímenes fueron cometidos por miembros de las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército Nacional”. Dicha orden, agrega el informe, se basó en informes presentados por organizaciones nacionales y autoridades del Estado, incluyendo aquellos entregados por la Fiscalía General de la Nación.

En otros apartes, el informe también detalla los procedimientos relativos al desplazamiento forzoso, los delitos sexuales y por motivos de género y la promoción y expansión de los grupos paramilitares. También dedica una sección a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en la que señala, entre otros aspectos, que la Fiscalía de la CPI ha venido tomando nota de todos los cambios que recientemente se introdujeron a las Reglas de Procedimiento de la JEP, “en cuanto a los objetivos de la investigación de delitos presuntamente cometidos por las fuerzas armadas (…), y la creación de un procedimiento especial y diferenciado para agentes del Estado (artículo 75). Si bien las nuevas disposiciones legislativas han sido demandadas ante la Corte Constitucional, este asunto y toda otra iniciativa legislativa que pudiera resultar en retrasos en traer a los perpetradores a rendir cuentas, limitaciones a los alcances y la exhaustividad de las investigaciones sobre delitos complejos y, en general, poner en duda el carácter genuino de los procedimientos, son de especial interés para la Fiscalía en la medida en que podrían tener impacto sobre la admisibilidad de casos potenciales relacionados con agentes del Estado”.

Por último, la Fiscalía de la CPI informó que seguirá en comunicación con las autoridades colombianas con el fin de recibir información sobre las actuaciones e investigaciones, así como de los procedimientos de juzgamiento realizados en los casos potenciales que ya ha identificado. Lo propio aplica para las actuaciones que se surtan dentro del sistema judicial ordinario, los tribunales de la Ley de Justicia y Paz y la JEP.

Siga bajando para encontrar más contenido