La consulta popular de Cumaral (Meta), que negó cualquier operación minero-energética en su zona, es la primera en la que a través de las urnas se niega la continuidad de un proyecto petrolero.
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Este mecanismo de participación ciudadana no solo tiene en jaque a la operación minera –con el caso de Cajamarca–, sino también al sector de hidrocarburos, que prendió las alarmas, ya que según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), a la fecha, hay 22 iniciativas de consulta popular “contra” el sector, que en caso de prosperar todas, el país dejaría de producir más 100.000 barriles diarios de crudo.
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“La industria petrolera del país está seriamente amenazada, ya que además de las limitadas reservas que alcanzan para cinco años, la operación en exploración y producción puede ser suspendida por una decisión popular que es solo de carácter político”, afirmó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda.
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Precisó el vocero gremial que, si bien las empresas petroleras destinaron recursos importantes para la operación con respecto al año pasado, “no es claro que esas inversiones programadas se terminen desarrollando, si en Colombia continúa esta racha de consultas populares contra la actividad petrolera”.
Indicó además que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció que 40 bloques será ofertados para la producción de crudo bajo el esquema de asignación permanente, pero “no es factible adelantar nueva actividad, si no existe seguridad jurídica que le brinde confianza a las multinacionales petroleras, incluso certeza para firmar un contrato con el Estado, si más adelante una consulta puede paralizar la actividad y, de paso, la pérdida de millones de dólares en inversiones”.
Ante el panorama, la ANH, en cabeza de su presidente, Orlando Velandia Sepúlveda, afirmó que “un concepto de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en un fallo de tutela, precisó que la decisión que se tome en una consulta popular para el caso de proyectos minero energéticos será hacia el futuro, pero no para operaciones en desarrollo”.
Aclaro el funcionario que el alto tribunal, a través del citado fallo, señala que “se deben respetar las situaciones jurídicas consolidadas”; es decir, que las concesiones otorgadas con antelación al mecanismo de participación pueden desarrollar su operación”.
Sin embargo, en el mismo contenido del texto el Consejo de Estado deja abierta la posibilidad para que las consultas populares puedan ser un obstáculo a un proyecto a futuro antes que inicie su operación. Aquí estarían en juego los cerca de 40 bloques que espera entregar la ANH en pocas semanas.
“De cara a los procesos de asignación se debe generar el espacio y allanar el camino para garantizar la inversión para la nueva actividad petrolera en Colombia, y esta sería a través de la Ley de Concurrencia”, dijo Velandia (ver recuadro).
Por su parte, para Ecopetrol, el resultado de la consulta en Cumaral preocupa al sector, más a las petroleras extranjeras con las que busca desarrollar operación conjunta.
“Hay una alerta de todas las compañías multinacionales que operan en Colombia por el resultado en Cumaral”, señaló un vocero de la petrolera colombiana, quien precisó que “el malestar está en la inseguridad jurídica, debido a que después de grandes inversiones en exploración, la operación se puede ver obstaculizada por una consulta popular”.
Agrega este funcionario que así como las multinacionales están teniendo problemas para desarrollar la operación en el país, Ecopetrol también padece este percance.
“Aquí el problema no es solo para las multinacionales petroleras, también para Ecopetrol; ahora mismo, la operación en el municipio de Guamal (Meta), con yacimiento ricos en crudos pesados que componen los campos Rubiales, Castilla y Chichimene, está amenazada por un grupo de ambientalistas que se oponen a la perforación dos pozos (Lorito y Drogon), que se deben desarrollar por estrategia de producción”, dijo el vocero de la petrolera.
A través de un comunicado, Mansarovar, la multinacional afectada directamente por el tema de Cumaral indicó, a través de un comunicado de prensa, que “es respetuoso de las leyes y la Constitución colombiana y por tanto de los resultados de la aplicación de las mismas”.
A renglón seguido, afirmó la citada petrolera que “sostendrá reuniones con la ANH para aclarar con sus directivas el camino a seguir en el desarrollo de los derechos y deberes contractuales, pendientes en el denominado Bloque Llanos 69 y sus áreas de influencia”.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
